Judith Schönsteiner

Judith Schönsteiner

Profesora asociada de la Facultad de Derecho. Tiene un Doctorado en Derecho (2011) y un LL.M. en Derecho Internacional de Derechos Humanos (2006) por la Universidad de Essex, Inglaterra, y un M.A. en ciencia política por la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz, Alemania (2003). En 2001 y 2002, estudió en el Institut d’Etudes Politiques de Estrasburgo. Investigadora visitante del Max Planck Institut für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht (2012, 2016). Miembro del Comité de Edición del Anuario de Derecho Público. Participó de la Comisión Asesora Presidencial sobre Inclusión Social de las Personas en Situación de Discapacidad  (2014-2016). Miembro del Claustro del Doctorado en Derecho de la UDP. Alumna del Arts and Humanities Research Council (beca de doctorado), del Cusanuswerk (beca de pre- y posgrado). Socia del Essex Business and Human Rights Project. Consultora de CEJIL (2007).

En la actualidad, investiga sobre las obligaciones estatales en el ámbito empresas y derechos humanos, y el acceso a la justicia en situaciones atinentes a estas responsabilidades, más específicamente, sobre empresas estatales y derechos humanos (Fondecyt Nº 11150853, Responsabilidad directa e indirecta del Estado por acciones y omisiones de las empresas estatales en materia de derechos humanos, con Javier Couso).

Por encomienda del Instituto Danés de Derechos Humanos, ha elaborado el Estudio Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos en Chile (2016) el primer trabajo de su índole en Latinoamérica. También ha estudiado las instituciones y procedimientos del sistema interamericano de derechos humanos, y la implementación e incorporación del derecho internacional de los derechos humanos en la Constitución Chilena (co-investigadora de Fondecyt Nº 1120909).

De 2012 a 2017, fue directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP. 

Publicaciones:

Schönsteiner, J., “El derecho internacional de los derechos humanos en el Tribunal Constitucional chileno: El mínimo común denominador”, Revista de Derecho de la Universidad Austral de Chile (Valdivia), Año 29, Vol. 1, 2016, 197-226.

Schönsteiner, J. / Couso, Javier, "La implementación de las decisiones de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en Chile: Ensayo de un balance", Revista de Derecho de la Universidad Católica del Norte, Año 22, Número 2, 2015.

Schönsteiner, J., Lovera, D., Beltrán y Puga, A., “Reflecting the human rights challenges of consolidating democracies: recent developments in the Inter-American System of Human Rights”, en: Human Rights Law Review Vol. 11, Issue No. 2, 2011362-389.

Schönsteiner, J., “Dissuasive Measures and the “Society as a Whole”: A Working Theory of Reparations in the Inter-American Court of Human Rights”, American University International Law Review, Vol. 23, No. 1, pp. 127-164.

Schönsteiner, J. / Paul, G. 2013, "Transitional Justice and the UN Guiding Principles on Business and Human Rights", en: Michalowski, Sabine, Corporate Accountability in the Context of Transitional Justice, Routledge 2013, pp. 93-113.ISBN 978-0-415-52490-2.

Schönsteiner, J. 2011, “Irreparable damages, project finance and access to remedies by third parties”, en: Leader, S. (ed.), Global Project Finance, Human Rights, and Sustainable Development, Cambridge University Press, 278-315. ISBN 978-0-521-76260-1.

Schönsteiner, J. 2016, “Brechas de Cumplimiento: Estado, empresas y derechos humanos”, en: Vial, T. (ed.), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 123-171. ISBN 978-956-314-374-4

Schönsteiner, J. / Silva, V. 2016 / Alarcón, F. / Cisternas, P., Derecho a la Vivienda: los campamentos en Chile, en: Vial, T. (ed.), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 81-121. ISBN 978-956-314-374-4

Schönsteiner, J. / Barros, A. 2014, "Diligencia debida: proyectos de inversión, propiedad sobre los recursos naturales y consulta libre, previa e informada a los pueblos y comunidades indígenas concernidos", en: Vial, T. (ed.), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 203-244. ISBN 978-956-314-301-0.

Coddou, A. /Schönsteiner, J./ Vial, T. 2013, "La ley antidiscriminación en Chile: avances e insuficiencias en la protección de la igualdad y la no discriminación", en: Vial, T. (ed), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, pp. 285-309. ISBN 978-956-314-243-3.

Schönsteiner, J. / Hervé, D. / Meves, I. / Mariangel, S. 2012, “Violaciones a los derechos humanos y medioambiente en Puchuncaví-Ventanas”, en: Coddou, A. (ed.) Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 131-161. ISBN 978-956-314-190-0.

Schönsteiner, J. 2010, Hacia mayor seguridad jurídica en la protección regional de los derechos humanos: las reformas procesales en el Sistema Interamericano, en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 291-318. ISBN 978-956-314-099-6.

Schönsteiner, J. 2010, Responsabilidad empresarial y derechos humanos: el caso de la gran minería, en: Contesse, J. (ed.), Informe Anual sobre los Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago, pp. 407-448. ISBN 978-956-314-116-0.

Schönsteiner, J. / Díaz, M. 2016, “Revisión de la Jurisprudencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2015", en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 495-525. ISBN978-956-314-367-6

Schönsteiner, J. / Apiolaza, C. / Díaz, M. / Martínez, V. 2015, "Revisión de la Jurisprudencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2014", en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 471-503. ISBN 978-956-314-337-9.

Schönsteiner, J. / Macari, M. / Rojas, C. / Vergara, A. 2014, "Reseña de la Jurisprudencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2013", en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público 2014, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 589-617. ISBN 978-956-314-291-4.

Schönsteiner, J. / Aranis, K. / Benítez, D. / Macari, M. / Rey, B. 2013, "Revisión de la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 548-581. ISBN 978-956-314-228-0.

Schönsteiner, J. / Benítez, D. / Fuentes, C. / Mariangel, S., 2012, "Algunos fallos emblemáticos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2011”, en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 515-539, ISBN 978-956-314-138-2.

Schönsteiner, J. et al., Estudio de Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos en Chile, 2016, disponible en: www.derechoshumanos.udp.cl, 215 páginas.

Schönsteiner, J. / De la Maza, C. 2013, Amicus Curiae, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Norín Catrimán contra Chile, San José Costa Rica, disponible en: http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/index.php/publicaciones/documentos, 23 páginas.

Schönsteiner, J. 2013, Challenges for Chilean Investors. The Effects of the OCDE Guidelines for Multinational Enterprises. A Practical Approach, Informe para los Puntos Nacionales de Contacto de Noruega y Chile, Oslo / Santiago de Chile, disponible en: http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/index.php/publicaciones/documentos, 32 páginas.

Schönsteiner, J. et al. 2012, Fortalecimiento de la Democracia y el Derecho de Acceso a la Información en Chile, Serie de Estudios No. 9, Fundación Konrad Adenauer, Santiago de Chile, disponible en: http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/index.php/publicaciones/libros, 78 páginas.

Schönsteiner, J./ Van Yurick, M.E., Comunidades Indígenas, Derechos Humanos y Empresas, Centro de Derechos Humanos, Universidad Diego Portales, sin editorial, 150pp. ISBN 978-956-362-188-4. Publicado.

 

Cursos en materia de derechos humanos:

Derecho Internacional de los Derechos Humanos

Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Empresas y Derechos Humanos (pregrado y Magister)

Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

 

Coordina el área “Empresas y derechos humanos” del Centro, creada en 2010. De 2012 a 2017, fue directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP.

Lunes, 24 Julio 2017 00:00

Prevenir, no solo indemnizar

La empresa CGE acaba de disculparse con sus clientes por el corte de suministro eléctrico que afectó más de 300.000 clientes y duró, para muchos de ellos, varios días. Enel, empresa italiana que dio su nombre a Chilectra en 2016, anunció que habrá compensaciones – una obligación que se deriva de la legislación vigente. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos contra las empresas en relación a estos cortes; en el caso de Enel, además, formuló cargos en relación a la entrega de “información incompleta y manifiestamente errónea”.[1] Finalmente, a nivel político, las empresas trabajarán con el gobierno en una Mesa, para diseñar un plan de contingencia. ¿Son estas medidas suficientes?

Columna de opinión publicada en La Tercera, 20 de marzo de 2017.

 

Los incendios forestales azotaron Chile durante este verano volvieron a los sectores habitados. A los sectores más vulnerables, los campamentos, donde, en parte y según expertos de urbanismo, no se debieran construir o asentar viviendas. En enero y febrero de 2017, murieron 11 personas en las llamas. Y se destruyeron más cerca de 1700 viviendas, además de 606.200 hectáreas de plantaciones forestales, frutales, y bosque nativo.

En relación con los incendios – y me quiero principalmente referir a los que hemos visto recientemente en Viña del Mar y Valparaíso, donde se concentra el mayor número de campamentos en el país –vemos principalmente tres derechos afectados o en riesgo: Primero, el derecho a la vida. Segundo, el derecho a la vivienda. Y tercero, el derecho a vivir en un medioambiente sano. Me quiero enfocar en los primeros dos y una observación general en relación al tercero.

Es verdad que el Estado no es responsable de cada muerte que ocurra en el país. Pero sí, tiene que haber tomado todas las “medidas razonables”[1]a corto, mediano y largo plazo para prevenir que las personas mueran en los incendios. Equipamiento adecuado de bomberos; políticas de planificación territorial que minimizan los riesgos; incentivos para plantaciones resistentes a los fuegos – en cuanto a especies, retención de agua en el suelo, espacios que tengan la función de cortafuegos, especialmente, alrededor de lugares habitados; fiscalización de las medidas. Finalmente, intervención coordinada entre los distintos entes de voluntarios, privados y públicos para combatir el fuego. Ciertamente, los incendios superaron toda expectativa. Sin embargo, eso no exime al Estado de su responsabilidad en relación a la protección del derecho a la vida.

También en relación al derecho a la vivienda, el Estado tiene un deber de prevención. Es menos estricto que en cuanto al derecho a la vida, pero implica, ciertamente, garantizar el derecho a una vivienda digna en lugares que no están en zona de riesgo. Si el Estado no procediera a buscar soluciones habitacionales seguras, no está cumpliendo con su obligación. Si el Estado no erradica los campamentos, y prioriza los que están construidos en zonas de riesgo de catástrofe naturales, no está cumpliendo con el derecho a la vivienda digna. En el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile de 2016, analizamos la situación a la luz del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que Chile ha suscrito, y describimos los criterios que se deben observar en ese proceso, para evitar que sean los más desprovistos quienes además, sufren con mayor fuerza los impactos de la naturaleza, y del descuido ambiental de otros.

Tercero, el Estado debe proteger el derecho a un medioambiente sano. Con políticas ambientales, de desechos, y con incentivos claros para la biodiversidad, para que se prevengan los incendios forestales. Son las especies nativas que consumen menos agua y dejan el suelo más protegido contra los fuegos. Sin condonar los incendios, es una oportunidad adoptar ahora políticas e incentivos más previsores, por ejemplo, incentivando y regulando industrias – para PYMEs y grandes empresas – que se comprometan con el manejo sustentable de los bosques y eliminación de incentivos y subsidios para monocultivos, junto con el uso responsable de los espacios y la mantención y recuperación de la flora y fauna.

[1]El término se deriva del raciocinio de la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso Osman contra Reino Unido.

[1]El término se deriva del raciocinio de la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso Osman contra Reino Unido.

Sábado, 24 Diciembre 2016 00:00

Impacto del TPP en los derechos humanos

Es tiempo de hacer los estudios necesarios e indagar sobre estas alertas, complementando así los estudios de impacto económico que sí se habían encargado.

 

Columna publicada en La Tercera, 15 de diciembre de 2016.

En los últimos días, hemos sabido de investigaciones del Ministerio Público respecto de por lo menos cuatro redes de explotación sexual infantil que reclutaban a niños, niñas y adolescentes (NNA) desde el sistema de hogares del Sename. Más allá de lo gravísimo y repugnante que son los hechos denunciados, y de la grave violación del deber de cuidado que el Estado tiene hacia todos y todas los NNA, pero especialmente hacia los y las que están bajo su tutela, preocupa sumamente que Chile no tenga una política actualizada de prevención de la explotación sexual infantil, parte integral del deber de cuidado.

Ya el año pasado, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU señaló que “sigue preocupado porque el derecho penal chileno aun no considera plenamente un delito la venta de niños”. Además, mostró preocupación “por la falta de un sistema general de reunión de datos que incluya información sobre los procesos penales” en relación a la explotación sexual infantil, la venta de NNA, y la pornografía infantil.

El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, ratificado por Chile hace ya 13 años, además de prescribir la penalización de los delitos, obliga al Estado a adoptar políticas eficaces de prevención de la explotación sexual infantil (artículo 9). Pero Chile no cuenta con datos actualizados ni reporta, en la Estrategia Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, Crecer Felices, acción legislativa alguna en el ámbito que sea posterior al 2005.

El Comité, en su Informe sobre Chile del 2015, celebró la creación, en 2010, del “Observatorio Nacional de Explotación Sexual Comercial Infantil”, pero “expresa preocupación por el elevado número de casos de explotación y abusos sexuales, sobre todo de niñas”. El Comité recomienda a Chile que los delitos de explotación sexual contra NNA no prescriban; que asegure una investigación efectiva en todos los casos  – y hay que indicar que esta investigación debe ser ex officio, a saber, a iniciativa del Estado, no solamente cuando haya denuncia de particulares.

Hay un aspecto adicional del caso concreto que hoy conocemos que no hay que pasar por alto: según las fuentes periodísticas disponibles, una de las redes se constituyó a partir del ingreso de la hija de uno de los investigados al Sename, por orden judicial. Ella supuestamente llevó a varios NNA a su casa, donde fueron sometidos a consumo de drogas y explotación sexual. La investigación deberá establecer si esta niña fue abusada sexualmente también, si fue obligada a participar en los delitos y en qué medida ella también es víctima de explotación sexual infantil.

Incluso si se acreditara alguna participación, ella también tiene derecho a las medidas de reparación que define el tratado internacional. El Comité es muy claro cuando recomienda a Chile que “[e]labore (…) un plan nacional de capacitación de los distintos interesados que participan en el proceso de reparación jurídica de [NNA] víctimas de explotación y abusos sexuales (…) sobre los criterios y normas para atender a los niños víctimas(…), a fin de lograr que todos los niños que hayan sufrido alguna forma de explotación sexual sean tratados como víctimas y no reciban sanciones penales, y que los responsables sean debidamente procesados y castigados” (Informe 2015, para. 47c, el destacado es nuestro).

 Finalmente, es responsabilidad de los operadores de justicia garantizar la debida participación de los NNA en el proceso, incluyendo las garantías de confidencialidad, acompañamiento psicológico, tal como se encuentra definida en el artículo 8 del Protocolo y reforzado en el último informe del Comité (para. 86).

(Fotografía: http://www.latercera.com/voces/explotacion-sexual-infantil-deberes-del-estado/ )

Lunes, 12 Diciembre 2016 00:00

Desafíos en materia de derechos humanos

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada hoy hace 68 años, se dirige principalmente a los Estados, tal como todos los tratados posteriores en materia de derechos humanos. Son los Estados los que tienen las obligaciones de proteger y garantizar – ni hablar de respetar – los derechos humanos. Pero no podemos descargar la responsabilidad exclusivamente en los gobiernos o la “autoridad pública”.

Columna de opinión publicada en La Tercera, 16 de noviembre de 2016.

Cuando el Estado decide proveer servicios de salud, pensiones, cuidado personal o educación a través de instituciones o personas privadas, no se desliga por esto de su responsabilidad de garantizar los derechos humanos que están asociados a estos servicios. Más precisamente, mantiene el deber de garantizar el derecho a la salud, la seguridad social, la integridad física y psíquica; tal como el derecho a la privacidad, y el derecho a la educación. No puede adaptar políticas públicas que no tengan los mecanismos adecuados para estas garantías. En Chile, según el Informe Anual sobre Derechos Humanos de la UDP que se dio a conocer recientemente, hay considerables falencias en relación a este tema.

Principalmente, la definición del contenido y alcance y el ejercicio de balance de estos derechos con la propiedad, la libertad de emprendimiento y la libertad de enseñanza, no siempre corresponden al derecho internacional de los derechos humanos que Chile ha ratificado. Así los derechos como a la educación, la salud, o a la integridad, no se protegen eficazmente. El Informe destaca, recogiendo datos de la Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos que elaboró el mismo Centro de Derechos Humanos de la UDP, cómo la regulación en Chile es insuficiente para orientar claramente a los emprendedores privados que participan de la provisión de los servicios tan necesitados.

Vemos las consecuencias más tristes e impactantes en algunos centros que colaboran con el Sename (tal como en las instituciones públicas del Sename mismo), donde los niños, niñas y adolescentes (NNA) sufren abusos, descuido, abandono, y así, múltiples violaciones de sus derechos, incluyendo al derecho a la vida. También en las pensiones bajísimas que se pagan en el sistema privatizado de pensiones, las que en comparación con el costo de vida – la canasta básica – no son suficientes ni siquiera para proveer el derecho a la alimentación y el acceso al transporte. Asimismo, se han denunciado violaciones del derecho a la integridad y a la vida de adultos mayores, en contextos de abandono y descuido, en hogares que deberían ser autorizados, supervisados y fiscalizados por las autoridades públicas para justamente, evitar ese tipo de violaciones.

Los abogados de derechos humanos hablan de las obligaciones horizontales que tiene el Estado, a saber, el deber de asegurar de que entre privados no haya violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, en estas situaciones recién descritas, el deber de cuidado del Estado es mayor, porque la razón de por qué estos servicios se proporcionan por entes privados, es que el mismo Estado ha delegado su propia obligación consagrada por ejemplo en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en estas instituciones privadas. Que se entienda bien, tiene la discreción de hacerlo; lo que no está a su discreción es dejar de vigilar por el respeto y las garantías a las que se comprometió.

Así, si los mecanismos de prevención, fiscalización y acceso a la justicia son débiles, especialmente, en relación al cuidado de los NNA (entidades colaboradoras del Sename) y el cuidado de los adultos mayores, el Estado simplemente no es capaz de cumplir con su obligación.

Pero no es únicamente del Estado la responsabilidad,  sino de la misma empresa proveedora tiene – tal como ya se está viendo en el sector extractivo y del retail – responsabilidades en materia de derechos humanos. Ésta debe adoptar una política de derechos humanos, mecanismos de debida diligencia para identificar, mitigar, remediar e informar sus impactos negativos y positivos en materia de derechos humanos, e instalar los mecanismos internos de queja y denuncia que sean requeridos. Esas medidas refuerzan la capacidad de la empresa de cumplir con lo que el Estado debería pedirle a través de la regulación sectorial. Lo ideal sería que fuera el Estado quien claramente comunicara las expectativas en materia de política y debida diligencia de derechos humanos (a saber, los mecanismos internos de gestión para mejor cumplir). Por un lado, porque así no habría ventajas o desventajas en la libre competencia entre las instituciones colaboradoras; y por otro, considerando que tiene un claro interés de no dejar en manos de privados su propio deber de garantizar los derechos humanos.

Ante ese escenario, el Informe Anual sobre Derechos Humanos de la UDP hace tres recomendaciones: primero, elaborar un plan de cierre de brechas regulatorias en cada cartera, a la luz de criterios de urgencia en materia de derechos humanos; segundo, efectuar un estudio sobre acceso a la justicia en materia de empresas y derechos humanos, en el contexto de los desafíos estructurales del sistema chileno de administración de justicia y finalmente, reformar el sistema de fiscalización, para garantizar la prevención y la protección ante las violaciones de los derechos humanos.

Lunes, 14 Noviembre 2016 00:00

Las deudas del Estado en Derechos Humanos

Columna de opinión publicada en Publimetro, 14 de noviembre de 2016.

De reciente publicación, el Informe Anual sobre derechos en Chile de la Universidad Diego Portales se centra en aquellos aspectos de nuestra vida social considerados de particular gravedad por su carácter estructural o invisibilidad. En el primer caso están las casi 40 mil familias que habitan en campamentos, sin acceso a servicios básicos y a un medioambiente sano. Ello viola el derecho a la vivienda digna consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por Chile, el cual obliga al Estado a garantizar ese mínimo, que debiese ser reconocido constitucionalmente.

En el caso de las personas intersex (que nacen con un sexo biológico indeterminado), se trata de uno de los grupos LGTBI cuyas violaciones son menos visibles y estudiadas, al menos en Chile. Tanto así, que ni siquiera el Ministerio de Salud posee cifras oficiales y/o públicas respecto del número de nacimientos intersex, ni tampoco existen normas de carácter legal que garanticen la protección de la integridad corporal de estos niños y niñas.

En materia de infancia, es particularmente grave la forma en que el Estado trata a los niñas, niños y adolescentes (NNA) que tiene a su cargo. A 26 años de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño (CDN), resulta inaceptable que Chile siga sin ajustar sus normas y políticas públicas a los estándares internacionales de derechos humanos. Urge aprobar el proyecto de ley que crea el Sistema de Garantías de la Niñez, el cual no debiera depender de la disponibilidad presupuestaria del Estado, tal y como aparece en la iniciativa.

Tampoco podemos seguir soportando paros ilegales de incierta duración cada vez que se negocia el reajuste salarial de los funcionarios públicos. Una legislación moderna con enfoque de derechos humanos nos lleva a reconocer su derecho a la sindicalización, negociación colectiva y a huelga, aunque admitiendo posibles restricciones –pero nunca la prohibición- en el caso de servicios esenciales en el sentido estricto del término.

El resto de las temáticas abordadas este año se refieren a las obligaciones estatales en materia de empresas y derechos humanos; a la práctica de esterilización en niñas y mujeres; a la multiculturalidad en el sistema educacional; a mayores garantías legales para migrantes, y a verdad, justicia y memoria por violaciones a los DDHH en tiempos de dictadura, único capítulo que se mantiene desde los inicios de la publicación.

El informe está disponible en www.derechoshumanos.udp.cl

Viernes, 07 Octubre 2016 00:00

El Sename y la responsabilidad del Estado

Por Judith Schönsteiner 

Columna de opinión publicada en La Tercera, 07 de octubre de 2016.

Desde que supimos del caso de Lisette, el país está cada vez más consciente y tal vez, también más solidario – eso queda por verse –  con la situación de niños, niñas y adolescentes (NNA) que están bajo el cuidado de la Red del Sename. La prevalencia de muerte entre éstos  es con creces más alta que entre los NNA en general. En promedio, murieron anualmente 0,94 niños, niñas y adolescentes por cada 1000, de quienes recibieron atención en la Red del Sename, entre 2006 y 2014. Entre todos los NNA en Chile, la prevalencia de muerte asciende a solamente 0,68 por cada mil. Y es lógico, ya que el Estado se hace cargo de muchos niños, niñas y adolescentes que tienen mayor riesgo de morir de una muerte no natural. De hecho, algo similar ocurriría si viviesen en su familia.

No quiero decir con esto que las cifras son menos graves; lo son, y mucho. Porque no sabemos cuántas de las muertes se deben, simplemente, a la negligencia, descuido, y falta de debida diligencia para con ellos. Tampoco  conocemos  exactamente lo que sucede  respecto de los NNA vulnerables que no están atendidos en el Sename, allí puede haber falta de protección también. En todo caso, es inaceptable la falta de interés que hemos tenido como sociedad al no preocuparnos  por su suerte. Es una falta de interés que en el caso del Sename muestra la punta del iceberg de  la falta de interés generalizada hacia la niñez desprotegida, también respecto de muchísimos que viven con sus familias o en la calle.

Por fin, como sociedad, empezamos a preguntar por ellos y exigimos al Estado rendir cuenta, lo que está comenzando hacer. Sin embargo, las cifras globales son solo el inicio de un necesario camino de investigación: cada muerte de una persona al cuidado del Estado debe ser investigada, para determinar si éste hizo todo lo que le exigen los tratados internacionales en la prevención de violaciones al derecho a la vida y la integridad física y psíquica de las personas, más aún si se trata de NNA que requieren especial cuidado, según consagra, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño.

Entonces: ¿Qué significa en concreto la responsabilidad del Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos de los NNA bajo su cuidado? ¿En qué consiste la debida diligencia con la que el éste debiese haber actuado – o debiera actuar a futuro – para con estos niños, niñas y adolescentes?

Las investigaciones en las causas de las muertes de los 856 niños fallecidos en la red del Sename deben justamente abarcar las preguntas estructurales. Deben preguntar por qué el Estado cumplió – o no cumplió – su deber de cuidado. ¿Hizo todo lo que debiera haber hecho para que ese niño (a) no muriera? Esto es más que indagar en el actuar posiblemente negligente de funcionarios, directores, o proveedores. El estándar que debemos aplicar es la debida diligencia: ¿ha el Estado instalado un mecanismo de prevención eficaz de violaciones, especialmente, en los ámbitos del derecho al disfrute más alto posible de salud física y mental, para NNA con discapacidad y sin discapacidad?

Una vez identificado un riesgo, ¿existe la posibilidad concreta y real de derivación a un especialista? ¿Existen mecanismos eficaces de denuncia de violaciones, que conllevan una respuesta pronta y adecuada para atender a NNA? ¿Son los recursos del sistema los suficientes, y han sido utilizados de manera diligente y eficaz? Todo lo que sabemos hasta ahora indica que en la mayoría de los casos el Estado no hizo lo que el deber de protección, de respeto y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes le demandaba.

Considerando que aquellos atendidos por el Sename son más vulnerables que el resto, que sufren más frecuentemente adicciones, enfermedades crónicas o discapacidades que conllevan una mayor mortandad, es justamente aún más necesario proveer los recursos, mecanismos e instituciones para que puedan llevar la vida digna a la que todos tenemos derecho. La responsabilidad del Estado para con ellos es mayor, y es una responsabilidad transversal. No se podrá atender con instituciones aisladas de las demás instituciones de derechos humanos, de protección, de servicios.

Finalmente, quiero terminar con una observación adicional, que me surge a partir de la diferenciación de entre los NNA que murieron en centros del Sename y los que fallecieron en instituciones privadas colaboradoras del organismo. La responsabilidad del Estado es la misma en todos los casos, por tanto, fue correcto enmendar públicamente las cifras sobre cuál es efectivamente  el número de muertes por las que el Estado deberá responder. Si el Estado delega sus funciones a proveedores privados, mantiene el nivel de responsabilidad, tal como indica el derecho internacional general, por tanto, debe hacer una fiscalización estricta. Porque la garantía del derecho compete al Estado, e independientemente de qué medio escoge para cumplir, tiene la plena responsabilidad. No importa si encarga su responsabilidad a un funcionario, una funcionaria, a una Fundación, a una Pyme, o una persona natural. Lo que importa es el niño, la niña,  (el) la adolescente, su bienestar y sus derechos.

Viernes, 23 Septiembre 2016 00:00

Escuelas para personas con discapacidad

Carta al Director publicada en La Tercera, 23 de septiembre de 2016.
 
Señor director:

Al ratificar la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD), Chile asumió el compromiso internacional de implementar una nueva forma de entender la discapacidad. 

A través de un modelo social basado en los derechos humanos, la CDPCD obliga a incluir en distintos ámbitos de la vida a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás. 

Esto significa terminar con el modelo médico rehabilitador e ir avanzando hacia una educación inclusiva con ajustes razonables, empezando con la educación primaria, que constituye una obligación inmediata.

Sin embargo, la Cámara de Diputados solicitó el 20 de septiembre a la Presidenta incluir en la reforma educacional las escuelas para estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Mientras es loable la preocupación de los parlamentarios por niños y adolescentes con discapacidad, es incomprensible que se desconozca el artículo 24 de la CDPCD y las recomendaciones de la Comisión Asesora Presidencial, una de las cuales es terminar con las escuelas especiales.

La creciente evidencia en que se basa la CDPCD muestra que la educación inclusiva no sólo proporciona el mejor entorno educativo a todos los alumnos, sino que también ayuda a derribar barreras y a poner en cuestión estereotipos, para crear una sociedad que acepta la discapacidad en lugar de temerla.

Enrique Accorsi
Boris Araos
Marcela Benavides
Alberto Carvajal
Gladys Cuevas
Víctor Dagnino
Pamela Gutiérrez 
Irma Iglesias
Alberto Larraín
Alberto Minoletti
Catherine Muñoz
Andrea Slachevsky
Judith Schönsteiner
Valeria Valdés 
Gustavo Vergara

Exmiembros de la Comisión Asesora Presidencial sobre Discapacidad

 



Por Judith Schönsteiner, publicado en El Mostrador, 12 de junio de 2016 

El caso del hogar ELEAM en Puente Alto, donde fallecieron varias personas en condiciones indignas y que fue administrado por una empresa familiar, solo es la punta de un iceberg. Uno que se esconde debajo de las aguas de falta de fiscalización del Estado en el ámbito del cuidado, que es también una incapacidad generalizada para fiscalizar y así prevenir afectaciones a los derechos humanos por parte de privados.

Cuando el Estado contrata servicios para cumplir con sus funciones públicas - ya sea en el ámbito de educación, salud, o como aquí, del cuidado - no se deshace de sus obligaciones de derechos humanos. Más bien, tiene que asegurar mediante la fiscalización regular y preventiva, y la debida diligencia en las investigaciones y trato de las denuncias, que las violaciones se prevengan y que el acceso a la justicia se garantice. Así, deben asegurar que los derechos humanos de las personas bajo cuidado efectivamente se respeten por parte de las empresas.

Estos estándares, que han sido desarrollados, entre otros, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ximenes Lopes contra Brasil, parecen haber sido violados en el caso que recientemente conocimos por la prensa. Llama profundamente la atención que Senama había recibido las denuncias desde hace varios meses, y no pudo actuar "porque (...) no tenía personal ni plata para mandar" a los fiscalizadores. Ese retraso a primera vista no corresponde con el estándar de debida diligencia que es aplicable. Seamos claros: el Estado puede optar por la privatización de estos servicios; pero debe garantizar a los y las habitantes el goce de sus derechos, como el derecho a la privacidad, la integridad física y psíquica, el derecho a la salud y el derecho a la propiedad.

[cia tipo="destaque"] Cuando el Estado contrata servicios para cumplir con sus funciones públicas - ya sea en el ámbito de educación, salud, o como aquí, del cuidado - no se deshace de sus obligaciones de derechos humanos. Más bien, tiene que asegurar mediante la fiscalización regular y preventiva, y la debida diligencia en las investigaciones y trato de las denuncias, que las violaciones se prevengan y que el acceso a la justicia se garantice.[/cita]

En otros ámbitos, según el reciente Estudio Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos de la UDP, la situación tampoco es mucho más alentadora. En materia de pesca y minería, algunos entrevistados para el Estudio señalaron que el Estado ha renunciado a fiscalizaciones sin aviso, porque le era imposible mantener la confidencialidad de la agenda de fiscalizaciones. Por tanto, hoy se anuncian todas las fiscalizaciones a las empresas con anticipación de varias semanas. Eso puede tener el impacto positivo de lograr un cierto grado de cumplimiento relacionado con la visita de los fiscalizadores, pero también permite sustraer evidencia o indicios de incumplimientos más serios.

Además, hay un serio problema de colaboración y coordinación entre los entes fiscalizadores, más allá de que las competencias no están siempre claramente definidas o circunscritas. Así, existen duplicaciones en las competencias - por ejemplo, los comedores en faenas mineras - y al mismo tiempo, áreas que no están sujetas a ninguna fiscalización - por ejemplo, un número considerable de prestaciones de salud que no recaen ni en el ámbito de competencia del SERNAC, ni en la de la Superintendencia de Salud. En cuanto a la coordinación, detectamos que la Superintendencia de Medioambiente tiene un serio desafío de ejercer su mandato y no puede cumplirlo porque depende de los recursos y la voluntad de cooperación por parte de otras superintendencias que no necesariamente priorizan las solicitudes de fiscalización de la SMA.

A estos problemas estructurales, se suma la falta de recursos financieros y técnicos para la fiscalización preventiva, además, de la falta de capacitación de los y las funcionarios/as para llevar adelante su labor.

¿Las consecuencias? Incidentes como el incendio en el vertedero de Santa Marta; derrames, el desastre ambiental de Chiloé, o, justamente, el caso de la Fundación AMSCA en Puente Alto.

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