Judith Schönsteiner

Judith Schönsteiner

Profesora asociada de la Facultad de Derecho. Tiene un Doctorado en Derecho (2011) y un LL.M. en Derecho Internacional de Derechos Humanos (2006) por la Universidad de Essex, Inglaterra, y un M.A. en ciencia política por la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz, Alemania (2003). En 2001 y 2002, estudió en el Institut d’Etudes Politiques de Estrasburgo. Investigadora visitante del Max Planck Institut für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht (2012, 2016). Miembro del Comité de Edición del Anuario de Derecho Público. Participó de la Comisión Asesora Presidencial sobre Inclusión Social de las Personas en Situación de Discapacidad  (2014-2016). Miembro del Claustro del Doctorado en Derecho de la UDP. Alumna del Arts and Humanities Research Council (beca de doctorado), del Cusanuswerk (beca de pre- y posgrado). Socia del Essex Business and Human Rights Project. Consultora de CEJIL (2007).

En la actualidad, investiga sobre las obligaciones estatales en el ámbito empresas y derechos humanos, y el acceso a la justicia en situaciones atinentes a estas responsabilidades, más específicamente, sobre empresas estatales y derechos humanos (Fondecyt Nº 11150853, Responsabilidad directa e indirecta del Estado por acciones y omisiones de las empresas estatales en materia de derechos humanos, con Javier Couso).

Por encomienda del Instituto Danés de Derechos Humanos, ha elaborado el Estudio Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos en Chile (2016) el primer trabajo de su índole en Latinoamérica. También ha estudiado las instituciones y procedimientos del sistema interamericano de derechos humanos, y la implementación e incorporación del derecho internacional de los derechos humanos en la Constitución Chilena (co-investigadora de Fondecyt Nº 1120909).

De 2012 a 2017, fue directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP. 

Publicaciones:

Schönsteiner, J., “El derecho internacional de los derechos humanos en el Tribunal Constitucional chileno: El mínimo común denominador”, Revista de Derecho de la Universidad Austral de Chile (Valdivia), Año 29, Vol. 1, 2016, 197-226.

Schönsteiner, J. / Couso, Javier, "La implementación de las decisiones de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en Chile: Ensayo de un balance", Revista de Derecho de la Universidad Católica del Norte, Año 22, Número 2, 2015.

Schönsteiner, J., Lovera, D., Beltrán y Puga, A., “Reflecting the human rights challenges of consolidating democracies: recent developments in the Inter-American System of Human Rights”, en: Human Rights Law Review Vol. 11, Issue No. 2, 2011362-389.

Schönsteiner, J., “Dissuasive Measures and the “Society as a Whole”: A Working Theory of Reparations in the Inter-American Court of Human Rights”, American University International Law Review, Vol. 23, No. 1, pp. 127-164.

Schönsteiner, J. / Paul, G. 2013, "Transitional Justice and the UN Guiding Principles on Business and Human Rights", en: Michalowski, Sabine, Corporate Accountability in the Context of Transitional Justice, Routledge 2013, pp. 93-113.ISBN 978-0-415-52490-2.

Schönsteiner, J. 2011, “Irreparable damages, project finance and access to remedies by third parties”, en: Leader, S. (ed.), Global Project Finance, Human Rights, and Sustainable Development, Cambridge University Press, 278-315. ISBN 978-0-521-76260-1.

Schönsteiner, J. 2016, “Brechas de Cumplimiento: Estado, empresas y derechos humanos”, en: Vial, T. (ed.), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 123-171. ISBN 978-956-314-374-4

Schönsteiner, J. / Silva, V. 2016 / Alarcón, F. / Cisternas, P., Derecho a la Vivienda: los campamentos en Chile, en: Vial, T. (ed.), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 81-121. ISBN 978-956-314-374-4

Schönsteiner, J. / Barros, A. 2014, "Diligencia debida: proyectos de inversión, propiedad sobre los recursos naturales y consulta libre, previa e informada a los pueblos y comunidades indígenas concernidos", en: Vial, T. (ed.), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 203-244. ISBN 978-956-314-301-0.

Coddou, A. /Schönsteiner, J./ Vial, T. 2013, "La ley antidiscriminación en Chile: avances e insuficiencias en la protección de la igualdad y la no discriminación", en: Vial, T. (ed), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, pp. 285-309. ISBN 978-956-314-243-3.

Schönsteiner, J. / Hervé, D. / Meves, I. / Mariangel, S. 2012, “Violaciones a los derechos humanos y medioambiente en Puchuncaví-Ventanas”, en: Coddou, A. (ed.) Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 131-161. ISBN 978-956-314-190-0.

Schönsteiner, J. 2010, Hacia mayor seguridad jurídica en la protección regional de los derechos humanos: las reformas procesales en el Sistema Interamericano, en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 291-318. ISBN 978-956-314-099-6.

Schönsteiner, J. 2010, Responsabilidad empresarial y derechos humanos: el caso de la gran minería, en: Contesse, J. (ed.), Informe Anual sobre los Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago, pp. 407-448. ISBN 978-956-314-116-0.

Schönsteiner, J. / Díaz, M. 2016, “Revisión de la Jurisprudencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2015", en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 495-525. ISBN978-956-314-367-6

Schönsteiner, J. / Apiolaza, C. / Díaz, M. / Martínez, V. 2015, "Revisión de la Jurisprudencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2014", en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 471-503. ISBN 978-956-314-337-9.

Schönsteiner, J. / Macari, M. / Rojas, C. / Vergara, A. 2014, "Reseña de la Jurisprudencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2013", en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público 2014, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 589-617. ISBN 978-956-314-291-4.

Schönsteiner, J. / Aranis, K. / Benítez, D. / Macari, M. / Rey, B. 2013, "Revisión de la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 548-581. ISBN 978-956-314-228-0.

Schönsteiner, J. / Benítez, D. / Fuentes, C. / Mariangel, S., 2012, "Algunos fallos emblemáticos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2011”, en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 515-539, ISBN 978-956-314-138-2.

Schönsteiner, J. et al., Estudio de Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos en Chile, 2016, disponible en: www.derechoshumanos.udp.cl, 215 páginas.

Schönsteiner, J. / De la Maza, C. 2013, Amicus Curiae, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Norín Catrimán contra Chile, San José Costa Rica, disponible en: http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/index.php/publicaciones/documentos, 23 páginas.

Schönsteiner, J. 2013, Challenges for Chilean Investors. The Effects of the OCDE Guidelines for Multinational Enterprises. A Practical Approach, Informe para los Puntos Nacionales de Contacto de Noruega y Chile, Oslo / Santiago de Chile, disponible en: http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/index.php/publicaciones/documentos, 32 páginas.

Schönsteiner, J. et al. 2012, Fortalecimiento de la Democracia y el Derecho de Acceso a la Información en Chile, Serie de Estudios No. 9, Fundación Konrad Adenauer, Santiago de Chile, disponible en: http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/index.php/publicaciones/libros, 78 páginas.

Schönsteiner, J./ Van Yurick, M.E., Comunidades Indígenas, Derechos Humanos y Empresas, Centro de Derechos Humanos, Universidad Diego Portales, sin editorial, 150pp. ISBN 978-956-362-188-4. Publicado.

 

Cursos en materia de derechos humanos:

Derecho Internacional de los Derechos Humanos

Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Empresas y Derechos Humanos (pregrado y Magister)

Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

 

Coordina el área “Empresas y derechos humanos” del Centro, creada en 2010. De 2012 a 2017, fue directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP.

Viernes, 17 Noviembre 2017 00:00

Intentos de suicidio en el Sename

Columna de opinión publicada en La Nación, 12 de noviembre de 2017.-

Hace unas semanas, ocho jóvenes habrían intentado suicidarse, con drogas psicotrópicas, cortes profundos o ahorcamiento.Fueron llevados a un hospital por sus lesiones; un joven quedó internado a la espera de un examen psiquiátrico. Los otros fueron enviados de vuelta al Centro de Internación del Sename, correspondiente a un centro de justicia juvenil. A los días, otro joven intentó suicidarse en el mismo Centro. Además, se han reportado graves falencias en la limpieza e higiene del lugar, tanto en sus interiores tal como en el exterior.

Ante esta situación, se ha solicitado la intervención del Centro, y de parte de la asociación de trabajadores del Sename, la salida de una autoridad del Centro que no estaría calificada técnicamente para el cargo; mientras tanto, diputados de la República han pedido investigar los sucesos. El Sename ha negado que se haya tratado de intentos de suicidio e instruyó un sumario administrativo para determinar la responsabilidad por el ingreso de clonazepam al Centro, usado por algunos jóvenes para auto-agredirse.

Desde una perspectiva de derechos humanos, es completamente insuficiente el proceder de las autoridades. Reconociendo que el consumo de estupefacientes, especialmente los sintéticos de última generación, pueda ser un asunto muy difícil de detectar, el Estado tiene la obligación no solo de investigar posibles responsabilidades administrativas y penales en relación al cuidado de los jóvenes (ver Informe Anual sobre Derechos Humanos de la UDP, 2017), sino también tiene la obligación constante de tomar todas las medidas necesarias -e idóneas- para proteger la vida y la integridad física y psíquica de los y las jóvenes.

Para quienes están bajo el cuidado del Estado, automáticamente aumenta el deber de protección: en el derecho internacional de los derechos humanos, siempre se considerará responsable al Estado por una muerte en detención, a menos que el Estado puede demostrar que siguió todos los protocoles que le exige el derecho internacional de los derechos humanos. Este deber de cuidado se incrementa si se trata -como en este caso- de adolescentes quienes se encuentran bajo la protección por la Convención sobre los Derechos del Niño.

Así, el deber de prevención implica que el Estado debe adoptar medidas adicionales y preventivas -en este caso, por ejemplo, la derivación de los jóvenes a servicios de salud mental, en pos de la rehabilitación de consumo de drogas cuando ello proceda y de diagnósticos psiquiátricos- para evitar que la persona pueda volver a agredirse. Reenviar a siete de los ocho jóvenes de vuelta al Centro sin la adopción de medidas claras, parece, por tanto, por lo menos negligente. Como lo indica un funcionario del Sename, los jóvenes en el Centro de Internación son personas con un alto grado de vulnerabilidad; y justo por esta razón, aumenta (y no baja) el umbral de debida diligencia que se le exige al Estado.

Las autoridades deben una explicación sobre cómo han aplicado, en este caso, el protocolo de intervención para la prevención del suicidio infanto-juvenil. Sin juzgar, por falta de información y experticia médica, el riesgo de suicidio de los seis jóvenes, se impone la siguiente reflexión: Si realmente el riesgo de volver a atentar contra su vida era leve o moderado en estos casos (se debe dudar de esto hasta probar lo contrario), y si tal como recomienda el Ministerio de Salud en 2013, es una medida primordial de contención en casos de riesgo leve y moderado de suicidio, “poner [al / a la joven] en contacto con redes sociales y familiares”, pero que en caso de los jóvenes en la justicia juvenil esta opción no existe, ¿cómo se explica que no se tomen medidas adicionales de prevención para reemplazar la ausencia de esta red? ¿Es posible considerar que la exposición al mismo contexto donde ocurrió el intento de suicidio masivo pueda constituir una medida preventiva?

Cabe preguntarnos si la devolución al Centro de Internación no respondió, más bien, a la documentada falta de priorización de internos/as del Sename en los servicios de salud psiquiátrica.

"...Un sistema que multa menos —aquí, significativamente menos— que la ganancia o el ahorro en inversiones obtenido mediante la conducta infractora no es eficaz a menos que tenga una sanción creíble, no pecuniaria y adicional a disposición; en este caso, la real posibilidad de caducar una concesión..."

Lunes, 30 Octubre 2017 00:00

Caso Luchsinger y prisión preventiva

Columna de opinión publicada en La Tercera, 28 de octubre de 2017.

Señor director:

Las reacciones a las absoluciones en el caso han sido inmediatas: por un lado, responsabilizando a los operadores de la justicia por no haber garantizado el acceso a la justicia en un crimen gravísimo; por otro, reprochando mantener por largo tiempo en prisión preventiva a personas cuya responsabilidad finalmente no se acreditó.
La responsabilidad del Estado es doble: por cualquier violación del derecho a la vida debe garantizar acceso a la justicia y una investigación diligente que permita aclarar hechos y responsabilidades penales (artículos 4.1 y 25 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sin embargo, como destacó la Corte Interamericana en reiteradas ocasiones, no existe derecho de la víctima a ver a una cierta persona declarada culpable, a menos que se acredite, más allá de cualquier duda razonable, su participación en los hechos.
También es responsabilidad del Estado garantizar un juicio justo a las personas imputadas (artículo 8 CADH). Solo nos enfocaremos en un elemento: la facultad estatal de decretar prisión preventiva. Ésta no puede exceder un plazo razonable, definido en relación a la complejidad del juicio. Además, y allí hay un problema con la legislación chilena que favorece, contrario al derecho internacional, que la prisión preventiva sea impuesta automáticamente a causa del tipo de delito que se imputa. Más bien, se debería probar caso a caso que la libertad de la persona pone en peligro la prueba, o que exista un riesgo fundado de fuga.
Si es posible lograr una investigación diligente con medios menos lesivos como arresto domiciliario, son éstos los idóneos. Si se acreditara que la orden de prisión preventiva haya sido excesiva, corresponde indemnizar por ella.
Cristián Riego y Judith Schönsteiner 
Centro de Derechos Humanos UDP

Ante esta situación, es urgente que el Estado garantice una eficaz regulación, fiscalización e incentivos efectivos de cumplimiento, incluyendo a través de la Constitución y del Código de Aguas, para que, en las próximas décadas, los y las habitantes de Chile podamos ver nuestro derecho humano al agua potable asegurado.

La cuestión que es necesario discutir y hacerlo muy honesta y directamente es si en las actuales circunstancias políticas no es necesario que los esfuerzos legislativos, comunicacionales y de movilización de todos aquellos que luchan por la igualdad de derechos de las personas LGTBI, y en particular las organizaciones de la diversidad sexual, prioricen la aprobación de la ley de identidad de género.

Lunes, 24 Julio 2017 00:00

Prevenir, no solo indemnizar

La empresa CGE acaba de disculparse con sus clientes por el corte de suministro eléctrico que afectó más de 300.000 clientes y duró, para muchos de ellos, varios días. Enel, empresa italiana que dio su nombre a Chilectra en 2016, anunció que habrá compensaciones – una obligación que se deriva de la legislación vigente. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos contra las empresas en relación a estos cortes; en el caso de Enel, además, formuló cargos en relación a la entrega de “información incompleta y manifiestamente errónea”.[1] Finalmente, a nivel político, las empresas trabajarán con el gobierno en una Mesa, para diseñar un plan de contingencia. ¿Son estas medidas suficientes?

Columna de opinión publicada en La Tercera, 20 de marzo de 2017.

 

Los incendios forestales azotaron Chile durante este verano volvieron a los sectores habitados. A los sectores más vulnerables, los campamentos, donde, en parte y según expertos de urbanismo, no se debieran construir o asentar viviendas. En enero y febrero de 2017, murieron 11 personas en las llamas. Y se destruyeron más cerca de 1700 viviendas, además de 606.200 hectáreas de plantaciones forestales, frutales, y bosque nativo.

En relación con los incendios – y me quiero principalmente referir a los que hemos visto recientemente en Viña del Mar y Valparaíso, donde se concentra el mayor número de campamentos en el país –vemos principalmente tres derechos afectados o en riesgo: Primero, el derecho a la vida. Segundo, el derecho a la vivienda. Y tercero, el derecho a vivir en un medioambiente sano. Me quiero enfocar en los primeros dos y una observación general en relación al tercero.

Es verdad que el Estado no es responsable de cada muerte que ocurra en el país. Pero sí, tiene que haber tomado todas las “medidas razonables”[1]a corto, mediano y largo plazo para prevenir que las personas mueran en los incendios. Equipamiento adecuado de bomberos; políticas de planificación territorial que minimizan los riesgos; incentivos para plantaciones resistentes a los fuegos – en cuanto a especies, retención de agua en el suelo, espacios que tengan la función de cortafuegos, especialmente, alrededor de lugares habitados; fiscalización de las medidas. Finalmente, intervención coordinada entre los distintos entes de voluntarios, privados y públicos para combatir el fuego. Ciertamente, los incendios superaron toda expectativa. Sin embargo, eso no exime al Estado de su responsabilidad en relación a la protección del derecho a la vida.

También en relación al derecho a la vivienda, el Estado tiene un deber de prevención. Es menos estricto que en cuanto al derecho a la vida, pero implica, ciertamente, garantizar el derecho a una vivienda digna en lugares que no están en zona de riesgo. Si el Estado no procediera a buscar soluciones habitacionales seguras, no está cumpliendo con su obligación. Si el Estado no erradica los campamentos, y prioriza los que están construidos en zonas de riesgo de catástrofe naturales, no está cumpliendo con el derecho a la vivienda digna. En el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile de 2016, analizamos la situación a la luz del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que Chile ha suscrito, y describimos los criterios que se deben observar en ese proceso, para evitar que sean los más desprovistos quienes además, sufren con mayor fuerza los impactos de la naturaleza, y del descuido ambiental de otros.

Tercero, el Estado debe proteger el derecho a un medioambiente sano. Con políticas ambientales, de desechos, y con incentivos claros para la biodiversidad, para que se prevengan los incendios forestales. Son las especies nativas que consumen menos agua y dejan el suelo más protegido contra los fuegos. Sin condonar los incendios, es una oportunidad adoptar ahora políticas e incentivos más previsores, por ejemplo, incentivando y regulando industrias – para PYMEs y grandes empresas – que se comprometan con el manejo sustentable de los bosques y eliminación de incentivos y subsidios para monocultivos, junto con el uso responsable de los espacios y la mantención y recuperación de la flora y fauna.

[1]El término se deriva del raciocinio de la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso Osman contra Reino Unido.

[1]El término se deriva del raciocinio de la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso Osman contra Reino Unido.

Sábado, 24 Diciembre 2016 00:00

Impacto del TPP en los derechos humanos

Es tiempo de hacer los estudios necesarios e indagar sobre estas alertas, complementando así los estudios de impacto económico que sí se habían encargado.

 

Columna publicada en La Tercera, 15 de diciembre de 2016.

En los últimos días, hemos sabido de investigaciones del Ministerio Público respecto de por lo menos cuatro redes de explotación sexual infantil que reclutaban a niños, niñas y adolescentes (NNA) desde el sistema de hogares del Sename. Más allá de lo gravísimo y repugnante que son los hechos denunciados, y de la grave violación del deber de cuidado que el Estado tiene hacia todos y todas los NNA, pero especialmente hacia los y las que están bajo su tutela, preocupa sumamente que Chile no tenga una política actualizada de prevención de la explotación sexual infantil, parte integral del deber de cuidado.

Ya el año pasado, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU señaló que “sigue preocupado porque el derecho penal chileno aun no considera plenamente un delito la venta de niños”. Además, mostró preocupación “por la falta de un sistema general de reunión de datos que incluya información sobre los procesos penales” en relación a la explotación sexual infantil, la venta de NNA, y la pornografía infantil.

El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, ratificado por Chile hace ya 13 años, además de prescribir la penalización de los delitos, obliga al Estado a adoptar políticas eficaces de prevención de la explotación sexual infantil (artículo 9). Pero Chile no cuenta con datos actualizados ni reporta, en la Estrategia Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, Crecer Felices, acción legislativa alguna en el ámbito que sea posterior al 2005.

El Comité, en su Informe sobre Chile del 2015, celebró la creación, en 2010, del “Observatorio Nacional de Explotación Sexual Comercial Infantil”, pero “expresa preocupación por el elevado número de casos de explotación y abusos sexuales, sobre todo de niñas”. El Comité recomienda a Chile que los delitos de explotación sexual contra NNA no prescriban; que asegure una investigación efectiva en todos los casos  – y hay que indicar que esta investigación debe ser ex officio, a saber, a iniciativa del Estado, no solamente cuando haya denuncia de particulares.

Hay un aspecto adicional del caso concreto que hoy conocemos que no hay que pasar por alto: según las fuentes periodísticas disponibles, una de las redes se constituyó a partir del ingreso de la hija de uno de los investigados al Sename, por orden judicial. Ella supuestamente llevó a varios NNA a su casa, donde fueron sometidos a consumo de drogas y explotación sexual. La investigación deberá establecer si esta niña fue abusada sexualmente también, si fue obligada a participar en los delitos y en qué medida ella también es víctima de explotación sexual infantil.

Incluso si se acreditara alguna participación, ella también tiene derecho a las medidas de reparación que define el tratado internacional. El Comité es muy claro cuando recomienda a Chile que “[e]labore (…) un plan nacional de capacitación de los distintos interesados que participan en el proceso de reparación jurídica de [NNA] víctimas de explotación y abusos sexuales (…) sobre los criterios y normas para atender a los niños víctimas(…), a fin de lograr que todos los niños que hayan sufrido alguna forma de explotación sexual sean tratados como víctimas y no reciban sanciones penales, y que los responsables sean debidamente procesados y castigados” (Informe 2015, para. 47c, el destacado es nuestro).

 Finalmente, es responsabilidad de los operadores de justicia garantizar la debida participación de los NNA en el proceso, incluyendo las garantías de confidencialidad, acompañamiento psicológico, tal como se encuentra definida en el artículo 8 del Protocolo y reforzado en el último informe del Comité (para. 86).

(Fotografía: http://www.latercera.com/voces/explotacion-sexual-infantil-deberes-del-estado/ )

Lunes, 12 Diciembre 2016 00:00

Desafíos en materia de derechos humanos

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada hoy hace 68 años, se dirige principalmente a los Estados, tal como todos los tratados posteriores en materia de derechos humanos. Son los Estados los que tienen las obligaciones de proteger y garantizar – ni hablar de respetar – los derechos humanos. Pero no podemos descargar la responsabilidad exclusivamente en los gobiernos o la “autoridad pública”.

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