Judith Schönsteiner

Judith Schönsteiner

Profesora asociada de la Facultad de Derecho. Tiene un Doctorado en Derecho (2011) y un LL.M. en Derecho Internacional de Derechos Humanos (2006) por la Universidad de Essex, Inglaterra, y un M.A. en ciencia política por la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz, Alemania (2003). En 2001 y 2002, estudió en el Institut d’Etudes Politiques de Estrasburgo. Investigadora visitante del Max Planck Institut für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht (2012, 2016, 2017, 2018).

De 2012 a 2017, fue directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP. Miembro del Comité de Edición del Anuario de Derecho Público. Participó de la Comisión Asesora Presidencial sobre Inclusión Social de las Personas en Situación de Discapacidad  (2014-2016). Miembro del Claustro del Doctorado en Derecho de la UDP. Alumna del Arts and Humanities Research Council (beca de doctorado), del Cusanuswerk (beca de pre- y posgrado). Socia del Essex Business and Human Rights Project. Consultora de CEJIL (2007).
 

Por encomienda del Instituto Danés de Derechos Humanos, ha elaborado el Estudio Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos en Chile (2016), el primer trabajo de su índole en Latinoamérica. También ha estudiado las instituciones y procedimientos del sistema interamericano de derechos humanos, y la implementación e incorporación del derecho internacional de los derechos humanos en la Constitución Chilena (co-investigadora de Fondecyt Nº 1120909, con Javier Couso).

En la actualidad, investiga sobre las obligaciones estatales en el ámbito empresas y derechos humanos, más específicamente, sobre empresas estatales y derechos humanos (Fondecyt Nº 11150853, Responsabilidad directa e indirecta del Estado por acciones y omisiones de las empresas estatales en materia de derechos humanos).

Ha capacitado en materia de empresas y derechos humanos a distintos actores, entre ellos, Ministerio de Relaciones Exteriores, DIRECON, Instituto Nacional de Derechos Humanos, comunidades indígenas, SONAMI, sindicatos, y ONGs, y en materia de derechos humanos en general, a la Defensora Penal Pública, Gendarmería de Chile, entre otros.

Publicaciones

Revistas

  • Schönsteiner, J., “Attribution of State Responsibility for Actions or Omissions of State-owned Enterprises in Human Rights Matters”, University of Pennsylvania Journal of International Law, Volume 40, forthcoming (isi/scopus).

  • Schönsteiner, J., Proteger el medioambiente más allá de las fronteras: Opinión Consultiva de la Corte IDH sobre Medioambiente y Derechos Humanos, en: Justicia Ambiental, Vol. 10, 2018.

  • Schönsteiner, J., “El derecho internacional de los derechos humanos en el Tribunal Constitucional chileno: El mínimo común denominador”, Revista de Derecho de la Universidad Austral de Chile (Valdivia), Año 29, Vol. 1, 2016, 197-226 (scielo/scopus).

  • Schönsteiner, J. / Couso, Javier, "La implementación de las decisiones de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en Chile: Ensayo de un balance", Revista de Derecho de la Universidad Católica del Norte, Año 22, Número 2, 2015, pp. 315-355 (scielo).

  • Schönsteiner, J., Lovera, D., Beltrán y Puga, A., “Reflecting the human rights challenges of consolidating democracies: recent developments in the Inter-American System of Human Rights”, en: Human Rights Law Review Vol. 11, Issue No. 2, 2011, 362-389.

  • Schönsteiner, J., “Dissuasive Measures and the “Society as a Whole”: A Working Theory of Reparations in the Inter-American Court of Human Rights”, American University International Law Review, Vol. 23, No. 1, pp. 127-164.

  • Schönsteiner, J., “Alternative appointment procedures for the commissioners and judges in the Inter-American System of Human Rights”, Revista IIDH No. 46, San José, Costa Rica, 2007, pp. 195-215.

Capítulos en volúmenes editados

  • Schönsteiner, J. 2019, Corporations and Social Rights, in: Binder, C. / Hofbauer, J. / Piovesan, F. / Úbeda de Torres, A. (eds.), Research Handbook on International Law and Social Rights, Elsiever, forthcoming 2019.

  • Schönsteiner, J. / Zúñiga, M. 2018, “Complying but only when told so”, in: Grote, R. / Morales, M. / Paris, D. (eds), Edward Elgar Research Handbook on Compliance in International Human Rights Law, Elsiever, forthcoming 2019.

  • Schönsteiner, J., / Contardo, J., Chile, in: Kessedjian, C., /Cantú, H. (eds.), Private International Law for Corporate Social Responsibility, Springer, forthcoming 2019.

  • Schönsteiner, J. 2018, "Empresas y Derechos Humanos: Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos y Empresas y Plan Nacional de Derechos Humanos", en: Vial, T. (ed.), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, 317-342.

  • Schönsteiner, J. 2018, “Empresas y Derechos Humanos: lecturas a la luz del ius constitutionale comune, en: Von Bogdandy, A. et al. (eds.), El constitucionalista transformador en América Latina y el derecho económico internacional. De la tensión al diálogo, Editorial Jurídia UNAM, 397-426.

  • Contreras, M. / Schönsteiner, J. 2017, Empresas sanitarias y derecho al agua, in: Vial, Tomás (ed.), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, pp. 99-162.

  • Schönsteiner, J. / Díaz, M. 2016, “Revisión de la Jurisprudencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2015", en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 495-525. ISBN 978-956-314-367-6

  • Schönsteiner, J. 2016, “Brechas de Cumplimiento: Estado, empresas y derechos humanos”, en: Vial, T. (ed.), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 123-171. ISBN 978-956-314-374-4

  • Schönsteiner, J. / Silva, V. 2016 / Alarcón, F. / Cisternas, P., Derecho a la Vivienda: los campamentos en Chile, en: Vial, T. (ed.), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 81-121. ISBN 978-956-314-374-4

  • Schönsteiner, J. / Apiolaza, C. / Díaz, M. / Martínez, V. 2015, "Revisión de la Jurisprudencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2014", en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 471-503. ISBN 978-956-314-337-9.

  • Schönsteiner, J. / Macari, M. / Rojas, C. / Vergara, A. 2014, "Reseña de la Jurisprudencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2013", en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público 2014, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 589-617. ISBN 978-956-314-291-4.

  • Schönsteiner, J. / Barros, A. 2014, "Diligencia debida: proyectos de inversión, propiedad sobre los recursos naturales y consulta libre, previa e informada a los pueblos y comunidades indígenas concernidos", en: Vial, T. (ed.), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 203-244. ISBN 978-956-314-978-956-314-374-4301-0.

  • Schönsteiner, J. / Paul, G. 2013, "Transitional Justice and the UN Guiding Principles on Business and Human Rights", en: Michalowski, Sabine, Corporate Accountability in the Context of Transitional Justice, Routledge 2013, pp. 93-113.ISBN 978-0-415-52490-2.

  • Coddou, A. /Schönsteiner, J./ Vial, T. 2013, "La ley antidiscriminación en Chile: avances e insuficiencias en la protección de la igualdad y la no discriminación", en: Vial, T. (ed), Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, pp. 285-309. ISBN 978-956-314-243-3.

  • Schönsteiner, J. / Aranis, K. / Benítez, D. / Macari, M. / Rey, B. 2013, "Revisión de la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 548-581. ISBN 978-956-314-228-0.

  • Schönsteiner, J. / Benítez, D. / Fuentes, C. / Mariangel, S., 2012, "Algunos fallos emblemáticos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2011”, en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 515-539, ISBN 978-956-314-138-2.

  • Schönsteiner, J. / Hervé, D. / Meves, I. / Mariangel, S. 2012, “Violaciones a los derechos humanos y medioambiente en Puchuncaví-Ventanas”, en: Coddou, A. (ed.) Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 131-161. ISBN 978-956-314-190-0.

  • Schönsteiner, J. 2011, “Irreparable damages, project finance and access to remedies by third parties”, en: Leader, S. (ed.), Global Project Finance, Human Rights, and Sustainable Development, Cambridge University Press, 278-315. ISBN 978-0-521-76260-1.

  • Schönsteiner, J. 2010, Hacia mayor seguridad jurídica en la protección regional de los derechos humanos: las reformas procesales en el Sistema Interamericano, en: Couso, J. (ed.), Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, Santiago de Chile, pp. 291-318. ISBN 978-956-314-099-6.

  • Schönsteiner, J. 2010, Responsabilidad empresarial y derechos humanos: el caso de la gran minería, en: Contesse, J. (ed.), Informe Anual sobre los Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, Santiago, pp. 407-448. ISBN 978-956-314-116-0. 

Otras publicaciones

Docencia en materia de derechos humanos:

  • Derecho Internacional de los Derechos Humanos

  • Derechos Económicos, Sociales y Culturales

  • Empresas y Derechos Humanos (pregrado y Magister)

  • Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Supervisión de tesis de magister:

  • Vicente Martínez

  • Oscar Recabarren

  • Javiera Rosenda

  • Francisco Sánchez

  • Marcela Zúñiga

Supervisión de tesis de doctorado:

  • Inés de Ros (co-tutela con la Universidad Pompeu Fabra)

  • Cristóbal Carmona

Coordina el área “Empresas y derechos humanos” del Centro, creada en 2010. 

Miércoles, 06 Noviembre 2019 00:00

Derechos humanos

Carta publicada junto a Lidia Casas, originalmente en La Tercera el 05 de Noviembre 2019

SEÑOR DIRECTOR

Manifestamos nuestra preocupación por las opiniones que consideran innecesaria la visita de la Comisión Interamericana de DD.HH. en este momento.

La protección de los DD.HH. se logra aplicando estándares internacionales, tal como señala el mandato del Instituto Nacional de DD.HH., por lo que la colaboración con órganos internacionales es de suma importancia para la correcta interpretación de esos estándares.

Estos organismos también brindan apoyo necesario al INDH y otras instituciones (como organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales) para la protección de quienes defienden los DD.HH. en Chile. Estas personas no gozan de protección específica, lo que por sí solo es razón suficiente para invitar a la CIDH, que tiene amplia experiencia en ello. Por ejemplo, el personal del INDH ha trabajado en circunstancias adversas e incluso ha sido agredido.

Pero el apoyo de la CIDH no debe limitarse a observar, evaluar y recomendar cómo investigar, sancionar y prevenir las violaciones a derechos como la integridad, libertad de expresión, circulación y reunión y el derecho a la vida. Su mandato también le permite aclarar estándares internacionales en materia de derechos sociales que están en el corazón de las demandas populares, así como otros sobre la obligación del Estado de proteger los DD.HH. de posibles vulneraciones por parte de terceros (privados).

Todo ello es de máxima relevancia en la discusión que debemos tener para fortalecer nuestra democracia y justicia social.

Lidia Casas
Judith Schönsteiner

Centro de Derechos Humanos UDP

 

Carta publicada originalmente en La Tercera, por 206 profesores y profesoras de derecho, entre ellas, Lidia Casas y Judith Schönsteiner

“Ante la grave crisis política y social que vive Chile y las violaciones a los derechos humanos que se han producido”.

Así se titula la carta firmada hoy por 206 académicos -decanas y decanos- de las principales escuelas de derecho del país que reaccionaron ante los casos de abusos policiales y militares que se han conocido tras cinco jornadas de protestas en el país.

“Como profesoras y profesores de derecho de diversas facultades del país y de diversas posturas políticas no podemos guardar silencio ante la situación actual que vive nuestro país”, dice el encabezado de la misiva.

Acto seguido sostienen que “condenamos las graves violaciones a los derechos humanos que se han constatado en diversos lugares del país. Hemos tenido noticia de hechos gravísimos que, con el transcurrir de los días, muestran patrones comunes. Exigimos que las autoridades con poder de mando sobre las fuerzas militares y de orden corrijan a la brevedad esta situación e impidan que se vuelvan a cometer. Asimismo, hacemos un llamado a los efectivos militares y de orden a hacer uso de la fuerza de la forma menos lesiva posible, cumpliendo estrictamente los estándares internacionales, y dentro del marco jurídico vigente”.

En el punto 2 de la carta sostienen que “exigimos que las autoridades pongan término al Estado de Emergencia y al toque de queda lo más pronto posible, pues constituyen restricciones graves a derechos y libertades fundamentales de las personas de nuestro país”.

Agregan que “exigimos que se respeten los derechos de los manifestantes, y esperamos que sus demandas sean escuchadas y canalizadas por las autoridades de los diversos poderes del Estado. Esperamos un diálogo efectivo, responsable y de buena fe para elaborar un pronto camino de solución a la demanda social”.

Hacen un llamado también a los abogados y abogadas de todo el país a que informen a la ciudadanía sobre sus derechos y los medios para ejercerlos, y que asuman la representación gratuita y oportuna de quienes vean vulnerados sus derechos. “Asimismo, instamos a que informen de los medios de fiscalización ciudadana del poder, en especial, de los procedimientos militares y policiales, recabando medios de prueba”, dicen.

“Conminamos a sociedad civil organizada a que contribuyan a difundir y garantizar la dignidad y derechos de todas las personas. Respaldamos el trabajo realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Conminamos a todas las autoridades, funcionarios y la ciudadanía en general a que colabore con dicha institución para que pueda desplegar su labor de la manera más eficaz”, agregan.

En la misiva también se respalda la labor realizada por el Poder Judicial controlando la legalidad de detenciones y amparando la libertad de detenidos, asegurando que “los instamos a que sigan desarrollando su labor con el mayor celo posible”.

Agradecen además a los estudiantes de derecho de diversas facultades del país “que de forma solidaria han realizado asistencia jurídica gratuita durante estos días de excepción constitucional. Instamos a que sigan desarrollando su labor y a que la ciudadanía colabore en ello”.

“Señalamos que desde ya nos comprometemos a que ningún acto constitutivo de una violación a los derechos humanos quede impune, impulsaremos incansablemente que se hagan efectivas todas y cada una de las responsabilidades legales, constitucionales e internacionales que correspondan a los hechos acaecidos en estos días, respecto de las autoridades de gobierno, como los miembros de las fuerzas armadas y de orden”, finaliza la carta.

Firman esta carta:

Agustina Alvarado, Universidad Católica del Norte.
Alberto Coddou, Universidad Austral de Chile.
Alejandra Hermosilla, Universidad de Viña del Mar.
Alejandra Zúñiga, Universidad de Valparaíso.
Álvaro Castro, Universidad de Chile.
Álvaro Domínguez, Universidad de Concepción.
Álvaro Fuentealba, Universidad de Chile.
Álvaro Magasich, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Álvaro Núñez, Universidad Austral.
Amaya Alvez, Universidad de Concepción.
Ana María García, Universidad de Chile.
Andrea Martones, Universidad de Chile.
Andrés Benavides, Universidad de Valparaíso.
Andrés Delgado, Universidad Autónoma de Chile.
Barbara Sepúlveda, Universidad Alberto Hurtado
Boris Hau, Universidad Alberto Hurtado.
Camila Troncoso, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Camilo Arancibia, Universidad de Valparaíso.
Carlos Cabezas, Universidad de Antofagasta
Carlos Navia, Universidad de Valparaíso.
Carolina Bruna, Universidad de Chile.
Catherine Ríos, Universidad Nacional Andrés Bello.
Cecilia Valenzuela, Universidad de Valparaíso.
César Ramos, Universidad Diego Portales.
Christian Scheechler, Universidad Católica del Norte.
Christian Suárez, Universidad de Talca.
Christian Viera, Universidad de Valparaíso.
Claudia Sarmiento, Universidad Alberto Hurtado y Universidad Adolfo Ibáñez.
Claudio Agüero, Universidad Alberto Hurtado
Claudio Fuentes, Universidad Diego Portales.
Claudio González, Universidad de O’Higgins.
Claudio Nash, Universidad de Chile.
Constanza de la Fuente, Universidad Austral de Chile.
Constanza Salgado, Universidad Adolfo Ibañez.
Consuelo Cortés, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Consuelo Murillo, Universidad Austral de Chile.
Cristián Alarcón, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Cristóbal Carmona, Universidad Diego Portales.
Cristóbal Osorio, Universidad Nacional Andrés Bello.
Danae Fenner, Universidad de Chile.
Daniel Mondaca, Universidad de Valparaíso.
Daniel Hasson, Universidad Nacional Andrés Bello.
Daniela Accatino, Universidad Austral de Chile.
Daniela Marzi, Universidad de Valparaíso.
Daniela Méndez, Universidad Santo Tomás.
Diego Pardo Álvarez, Universidad Austral de Chile.
Diego Pardow, Universidad de Chile.
Diego Rochow, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Domingo Lovera, Universidad Diego Portales.
Edgardo Riveros, Universidad Central de Chile.
Eduardo Bofill, Uniersidad de Valparaíso.
Eduardo Caamaño, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Elvira Badilla, Universidad Católica del Norte.
Ema Salinas, Universidad de Chile.
Ernesto Vásquez, Universidad de Chile.
Emilio Oñate, Universidad Central de Chile.
Enrique Letelier, Universidad de Valparaíso.
Enrique Rajevic, Universidad Alberto Hurtado.
Enzo Solari, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Erick González, Universidad Nacional Andrés Bello.
Esteban Szchmulevic, abogado constitucionalista.
Estefania Esparza, Universidad de la Frontera.
Ezio Costa, Universidad de Chile.
Fabiola Girao, Universidad de Valparaíso.
Federico Szczaranski, Universidad de Talca.
Felipe Abbott, Universidad de Chile.
Felipe González, Universidad de Valparaíso.
Felipe Gorigoitía, Universidad de Valparaíso.
Felipe Paredes, Universidad Austral de Chile.
Fernando Atria, Universidad de Chile.
Fernando Muñoz, Universidad Austral de Chile.
Flavia Carbonell, Universidad de Chile.
Flavio Quezada, Universidad de Valparaíso.
Francisca Moya, Universidad Adolfo Ibáñez.
Gladys Camacho, Universidad de Chile.
Gloria Mancilla, Universidad de Talca.
Gonzalo Berríos, Universidad de Chile.
Gonzalo Cortés, Universidad Católica del Norte.
Guillermo Jiménez, Universidad Adolfo Ibáñez.
Guillermo Silva, Universidad de Chile.
Hugo Tórtora, Doctor en Derecho.
Humberto Carrasco, Universidad Católica del Norte.
I. Vidal Tamayo, Universidad Autónoma de Chile
Ignacio Ackermann, Universidad de Valparaíso.
Inés Robles, Universidad de Valparaíso.
Ismael Martínez, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Iván Vidal Tamayo, Universidad Autónoma de Chile.
Jaime Bassa, Universidad de Valparaíso.
Javier Valle, Universidad de Tarapacá.
Javier Arévalo, Universidad de Chile.
Javier Contesse, Universidad de Chile.
Javier Velásquez, Universidad Católica de Temuco.
Javier Wilenmann, Universidad Adolfo Ibáñez
Javiera Arce, Universidad de Valparaíso.
Javiera Tapia, Universidad Nacional Andrés Bello.
Jesús  Ezurmendia, Universidad de Chile.
John Charney, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Jonatan Valenzuela, Universidad de Chile.
Jörg Stippel, Universidad Autónoma de Chile.
Jorge Astudillo, Universidad Andrés Bello.
Jorge Contesse, Rutgers University y Universidad Diego Portales.
Jorge Ulloa, Universidad Central de Chile.
José Ángel Fernández, Universidad Austral de Chile
José Henríquez Muñiz, Asociación de Pensamiento Penal.
José Ignacio Núñez, Universidad Central de Chile.
José Luis Ugarte, Universidad Diego Portales.
José Miguel Valdivia, Universidad de Chile.
José Pablo Gómez, Universidad Santo Tomás.
Juan Antonio Núñez, Universidad Central de Chile.
Juan Carlos Ferrada, Universidad de Valparaíso.
Juan Enrique Serrano, Universidad de La Frontera.
Juan Pablo Severin, Universidad Católica del Norte.
Juan Sebastián Vera, Universidad Austral de Chile.
Judith Schönsteiner, Universidad Diego Portales.
Kamel Cazor, Universidad Católica del Norte.
Karin Uribe, Universidad de Valparaíso.
Karina Saavedra, Universidad Nacional Andrés Bello.
Karla Varas, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Laura Albornoz, Universidad de Chile.
Laura Mayer, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Lautaro Contreras, Universidad de Chile.
Leonardo Moreno, Universidad Alberto Hurtado.
Leticia Morales, Universidad Austral.
Lidia Casas, Universidad Diego Portales.
Lieta Vivaldi, Universidad Diego Portales y Universidad de Chile.
Liliana Galdámez, Universidad de Chile.
Lorena Lorca, Universidad de Chile.
Luciano Rojas, Universidad de Talca.
Luis Cordero, Universidad de Chile.
Luis Palacios, Universidad San Sebastián.
Luis Villavicencio, Universidad de Valparaíso.
Luppy Aguirre, Universidad de Chile.
Macarena Vargas, Universidad Diego Portales.
Manuel Núñez, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Magdalena Bustos, Universidad de Chile.
Marcela Aedo, Universidad de Valparaíso.
Marcela Tapia, Universidad Austral de Chile.
Marcela Zúñiga, Universidad Diego Portales.
Marco Andrade, Universidad Austral de Chile.
María de los Ángeles González, Universidad de Chile.
María Eugenia Montt, Universidad de Chile.
María Fernanda Ovalle, Universidad de Valparaíso.
María Paula Poblete, Universidad de Talca.
Matías Guiloff, Universidad Diego Portales.
Matías Silva, Universidad Católica Silva Henríquez.
Mauricio Duce, Universidad Diego Portales.
Mauricio Matus, Universidad Pablo de Olavide.
Miguel Schurmann, Universidad Central de Chile.
Miriam Henríquez, Universidad Alberto Hurtado.
Mylene Valenzuela, Universidad Central de Chile.
Myrna Villegas, Universidad de Chile.
Nicolas Emanuel Olivares, Universidad Nacional de la Pampa
Nicolás Espejo, Exeter College, Oxford University.
Nicolás Oxman, Universidad Central de Chile.
Nicolás Perrone, Universidad Nacional Andrés Bello.
Nicole Nehme, Universidad de Chile.
Nicole Selamé, Universidad de Valparaíso.
Olga Espinoza, Universidad de Chile.
Oscar Silva, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Osvaldo Artaza, Universidad de Talca.
Pablo Aguayo, Universidad de Chile.
Pablo Contreras, Universidad Autónoma de Chile.
Pablo Gres, Universidad Católica del Norte.
Pablo Marshall, Universidad Austral de Chile
Pablo Martínez, Universidad Católica del Norte.
Pablo Soto, Universidad Diego Portales.
Patricia Toledo, Universidad Austral de Chile
Patria Reyes, Universidad de Valparaíso.
Patricio Hidalgo, Universidad de Chile y Universidad Alberto Hurtado.
Paula Ahumada, Universidad Central de Chile.
Paula Gutiérrez, Universidad de Valparaíso.
Paula Medina, Universidad Central de Chile.
Paula Vial, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Paulina Astroza, Universidad de Concepción.
Paz Irrarázabal, Universidad de O’Higgins.
Pietro Sferraza, Universidad Nacional Andrés Bello.
Ramón Mayorga, Universidad Austral de Chile.
Ricardo Lillo, Universidad Diego Portales.
Ricardo Saavedra, Universidad de Valparaíso.
Rocío Lorca, Universidad de Chile.
Rocío Sánchez, Universidad Nacional Andrés Bello.
Rodrigo Calderón, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Rodrigo Palomo, Universidad de Talca.
Rodrigo Poblete, Universidad de Talca.
Rodrigo Busto, Universidad Diego Portales.
Salvador Millaleo, Universidad de Chile.
Rodrigo Medina, Universidad Santo Tomás.
Sebastián Agüero, Universidad Austral.
Sebastián Figueroa, Universidad Adolfo Ibáñez.
Sebastían Ríos, Universidad Austral de Chile.
Sergio Fuenzalida, Universidad Central de Chile.
Sergio Gamonal, Universidad Adolfo Ibáñez.
Silvana del Valle, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Silvio Cuneo, Universidad Central de Chile.
Soledad Fernández, Universidad de Valparaíso.
Tomás Blake, Universidad Diego Portales.
Tomás Jordán, Universidad Alberto Hurtado.
Tomás Ramírez, Universidad de Chile.
Tomás Vial, Universidad Diego Portales.
Valentina Durán, Universidad de Chile.
Verónica Undurraga, Universidad Adolfo Ibáñez.
Viviana Ponce de León, Universidad Austral de Chile.
William García, Universidad Alberto Hurtado.
Ximena Gauché, Universidad de Concepción.
Ximena Insunza, Universidad de Chile.
Yanira Zuñiga, Universidad Austral de Chile.

 

Columna publicada en periódico El País el 18 de Junio, junto a Mariclaire Acosta, Carlos Ayala, Catalina Botero y Juan Méndez, miembros del Panel Independiente de Expertos para las elecciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El próximo 28 de junio, durante la Asamblea General que tendrá lugar en la ciudad de Medellín (Colombia), los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos definirán cuestiones cruciales para la región. Entre ellas, la elección de cuatro de los siete integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A la hora de votar, los Estados deberían elegir a personas que reúnan los altos estándares de autoridad moral, versación en derechos humanos e independencia que la Convención Americana sobre Derechos Humanos exige. Sin embargo, las elecciones se acercan y algunos países se aproximan a ellas con algunas dificultades para cumplir esa misión.

La lista de candidatos se ha cerrado con solo cinco nombres para cubrir cuatro vacantes. De acuerdo a la información evaluada por este panel independiente, tres de los candidatos; Margarette May Macaulay (propuesta por Jamaica), Esmeralda Arosemena de Trotiño (por Panamá), y Julissa Mantilla Falcón (por Perú), cumplen con los requisitos que tanto la Convención Americana como el Estatuto y Reglamento de la Comisión Interamericana exigen para este cargo; mientras que dos de los candidatos —Everth Bustamante García (propuesto por Colombia) y Edgar Stuardo Ralón Orellana (por Guatemala)— no cumplirían con dichos requisitos. El panel ha llegado a esta conclusión luego de un proceso abierto, participativo y transparente de tres meses, que incluyó entrevistas con los candidatos y recepción de la información enviada por diversas personas y organizaciones de la región.

Teniendo en cuenta que se decide el futuro del órgano encargado de la protección de los derechos humanos en la región, estas elecciones deberían ser una oportunidad para fortalecerlo desde adentro, nombrando a personas claramente calificadas para esta función. Para eso, sería necesario que los Estados cuenten con un número razonable candidatos entre los cuales decidir, y que estos reúnan las condiciones requeridas. Sin embargo, una gran cantidad de ellos no propusieron candidatos y, de acuerdo a la información recabada por este panel, los que los han propuesto no han hecho convocatorias abiertas, ni han llevado a cabo procesos de nominación transparentes ni participativos a nivel local, que hubieran sido capaces de ofrecer garantías de la idoneidad e independencia de las personas nominadas.

Este escenario limita las propias posibilidades de elección de los países en su encuentro en Medellín, en desmedro no solo de la adecuada composición, sino de la legitimidad de un organismo clave para los derechos humanos en el continente. A quienes integramos este panel nos une nuestra trayectoria en el estudio, la enseñanza, la promoción y la defensa de los derechos humanos y la democracia a nivel regional e internacional. Hemos sido llamados a desarrollar esta labor en nuestro carácter de expertos independientes, de forma objetiva e imparcial. Nos convocaron el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Fundación para el Debido Proceso Legal, y la Open Society Justice Initiative, como nueva expresión de un esfuerzo que vienen realizando desde 2015 para promover elecciones más transparentes y participativas en el Sistema Interamericano.

Trabajamos de forma autónoma, definimos nuestra propia metodología para medir los criterios establecidos por la Convención Americana, y contamos con la asistencia, como secretaría, del Centro de Derechos Humanos del American University Washington College of Law. Nuestro informe da cuenta tanto de la información que utilizamos como del razonamiento que nos llevó a adoptar, por consenso, nuestras conclusiones.

Creemos que el mayor valor de este ejercicio es realizarlo de esta manera, y pensamos que es vital que se siga realizando, sea promovido por sociedad civil, o sea incorporándolo dentro de los procesos de elecciones de la OEA. Esperamos nuestro informe contribuya a la labor responsable de los Estados, en la importante misión de elegir a los próximos miembros de la CIDH, y que, en general, convoque a la reflexión y al diálogo sobre el modo en que se nominan y eligen a los integrantes de los órganos del Sistema.

 

Miércoles, 22 Mayo 2019 00:00

Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Carta publicada en El Mostrador el 20 de Mayo de 2019 junto a Ximena Gauché, académica Universidad de Concepción

Señor Director:

En “El Mercurio”, el profesor Álvaro Paúl sostuvo -el 9 de mayo- algunas opiniones sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de las cuales por lo menos tres se basan en hechos representados de manera tergiversada y equivocada.

Primero, afirma que “no siempre se cumple” el agotamiento de recursos internos para conocer de una petición. El profesor se equivoca, ya que la jurisprudencia al respecto es firme y basada en que la misma Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) permite excepciones en casos de denegación de justicia y atrasos procesales. Es más, las excepciones al agotamiento de los recursos están previstas en el propio Pacto de San José de Costa Rica.

Segundo, indica que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) no impondría interpretaciones sobre políticas públicas. Esto también es incorrecto. El Tribunal se ha pronunciado sobre múltiples políticas públicas, encontrando violaciones de derechos humanos, especialmente, cuando está en juego su contenido esencial. El TEDH tampoco basa su deferencia, como asevera Paúl, en la existencia de “diversos modos legítimos” de interpretación, sino, la aplica solo en algunas materias específicas y definidas en la jurisprudencia del TEDH – sin base en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Tercero, Paúl es de la opinión que los “ordenamientos constitucionales” deben considerarse cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena reparaciones. Esto contradice un principio básico del derecho internacional, la buena fe, y además el artículo 2 de la Convención Americana, que obliga adecuar el derecho interno –incluyendo el constitucional– a la Convención. El artículo 63.1 CADH sobre reparaciones, además, no hace ninguna referencia al derecho interno. ¿Cómo podría un Estado esquivar sus obligaciones de derecho internacional argumentando que su derecho interno no le permite cumplir? Si ejecutivo y legislativo son negligentes o obstinadas en no adoptar una ley de implementación de las sentencias interamericanas, ¿cómo pretendemos que el poder judicial además se sume a esta negligencia? Todos los poderes del Estado, por separado y conjuntamente, son responsables del cumplimiento de las obligaciones internacionales.

Judith Schönsteiner, académica Universidad Diego Portales

Ximena Gauché, académica Universidad de Concepción

Carta publicada en El Mostrador el 25 de Abril de 2019 junto a  Centro de Derechos Humanos de la UDP y Ximena Gauché, profesora de Derecho Internacional y Derechos Fundamentales, Universidad de Concepción

Señor Director:

Hace unos días, el gobierno de Chile publicó un comunicado anunciando que había enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una declaración, firmada también por los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, y Paraguay.

Llama la atención que la preocupación de tales gobiernos por reforzar el “principio de subsidiariedad” y por introducir en el sistema un “margen de apreciación”, así como asegurar la “proporcionalidad” de las reparaciones, se dirija a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque ésta última esté también aludida en la declaración y es la que define, en última instancia, los temas mencionados y que serían el motivo de la preocupación de los gobiernos citados. Hace pensar que por alguna razón, los gobiernos apuntan a ejercer presión sobre la Comisión.

También, la citada declaración – cuyo texto original no fue hecho público – incurre en varios errores e ignora aspectos relevantes de la interpretación del derecho internacional de los derechos humanos, de los que se pueden destacar tres como los principales.

El primero es que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados identifica cuatro elementos para la interpretación de un tratado, de los cuales el texto solamente es uno y en sí insuficiente para interpretar el contenido y alcance de un derecho (contrario a lo que señala la declaración que enfatiza de manera indebida una interpretación literal). El segundo es que la misma Convención Americana identifica como referencias para la interpretación, a otros tratados y declaraciones internacionales, así como el principio de la interpretación restrictiva de las limitaciones que se pongan a los derechos por parte de los Estados. El tercero tiene que ver con la especificidad de los tratados internacionales de derechos humanos que trascienden en sus obligaciones a los tratados comunes y que, por lo mismo, son interpretados por los órganos del sistema interamericano a la luz del principio pro persona y la interpretación evolutiva, asumiendo que el sentido y alcance de cada disposición de derechos humanos debe mirarse en el contexto del tiempo y no de manera estática y literal.

Los anteriores aspectos no sólo han sido reconocidos por todos los tribunales regionales de derechos humanos, sino también por órganos como el Appellate Body de la OMC, siendo además avalados por la Asamblea General de la OEA, de la cual los cinco países forman parte, cuando se han emitido sendas resoluciones condenando prácticas contrarias a derechos, como la discriminación a personas de pueblos originarios o que se reconocen como gays o lesbianas, por ejemplo. Además, la declaración desconoce la misma jurisprudencia del sistema interamericano como fuente auxiliar, lo que pone en riesgo la vigencia de la seguridad jurídica.

Los cambios a los que llaman los gobiernos de los cinco estados, quienes han mostrado compartir una agenda común en determinados temas, no son baladí. De llegar a implementarse, dejarían sin efecto real al mandato de promoción y protección de los derechos humanos que recibieron Comisión y Corte de parte de los mismos Estados ya que quitarían a los órganos de supervisión la capacidad de efectuar, justamente, su mandato de supervisión e interpretación, tan necesario para resguardar, en el pasado y presente, la democracia y la dignidad de todas las personas.

Por Judith Schönsteiner, Centro de Derechos Humanos de la UDP y Ximena Gauché, profesora de Derecho Internacional y Derechos Fundamentales, Universidad de Concepción

Firman:
Cecilia Medina Quiroga
Felipe González, Profesor de Derecho, Universidad Diego Portales, Ex Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Lidia Casas, profesora de Derecho, Directora, Centro de Derechos Humanos de la UDP
Francisca Vargas, Centro de Derechos Humanos de la UDP
Verónica Undurraga, profesora de Derecho Constitucional, Universidad Adolfo Ibañez
Yanira Zuñiga, profesora de Derecho Constitucional, Universidad Austral de Chile
Tomás Vial, profesor de Derecho Constitucional, Universidad Andrés Bello y Universidad Diego Portales
Mauricio Tapia, profesor de Derecho Civil, Universidad de Chile
Liliana Galdamez, profesora de Derecho, Universidad de Chile
Nancy Yañez, directora Centro de Derechos Humanos, Universidad de Chile
Ana María Moure, profesora de Derecho, Universidad de Chile
Salvador Millaleo, profesor de Derecho, Universidad de Chile
Isaac Ravetllat, profesor de Derecho, Universidad de Talca
Jaime Bassa, profesor de Derecho, Universidad de Valparaíso
Daniela Marzi, profesora de Derecho, Universidad de Valparaíso
Luis Villavicencio, profesor de Derecho y Director del Centro de Investigaciones de Filosofía del Derecho y Derecho Penal, Universidad de Valparaíso
Alejandra Zuñiga, profesora de Derecho, Universidad de Valparaíso
Flavio Quezada, profesor de Derecho, Universidad de Valparaíso
Nicolás Espejo, profesor de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad de Oxford
Pablo Contreras, profesor de Derecho, Universidad Autónoma de Chile
Sergio Fuenzalida, profesor de Derecho, Universidad Central
Amaya Alvez, profesora de Derecho Constitucional, Universidad de Concepción
Paulina Astroza, profesora de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Universidad de Concepción
Tania Busch, profesora de Derecho, Corporación Fundamental
Tammy Pustilnick, profesora de Derecho, Corporación Descentralizada
Mylene Valenzuela, profesora de Derecho, Universidad Central
Marcela Zúñiga, Universidad Diego Portales
Rita Lages, Profesora investigadora, Centro de Derechos Humanos, Universidad de Chile
Claudia Iriarte, Investigadora Centro de Derechos Humanos, Universidad de Chile
Valentina López, Asistente de investigación Centro de Derechos Humanos, Universidad de Chile
Felipe Abbott, Subdirector Centro de Derechos Humanos, Universidad de Chile
Tomás Pascual, profesor, Universidad Alberto Hurtado
Fabiola Lathrop, profesora de Derecho, Universidad de Chile

 

 

 

Esta columna fue públicada originalmente en El Mostrador  el 20 de Marzo 2019, junto a la profesora Lidia Casas.

Señor Director:

En América Latina hemos visto crecer gobiernos de derecha con una narrativa que lucha en contra lo que han llamado “ideología de género”, refiriéndose peyorativamente a un movimiento que ha posicionado política, social y culturalmente el igual reconocimiento y derechos para mujeres y comunidades de las sexualidades subordinadas y contra la violencia de género.

Jair Bolsonaro en Brasil representa esa visión política alabada por algunos sectores de nuestro país. Allá, se han producidos asesinatos de activistas de las comunidades de la diversidad sexual. En Chile, hemos visto reacciones más pintorescas como el Bus de la Libertad. Pero también se observa odiosidad en el Congreso con comentarios despectivos que se suman a los últimos del candidato presidencial José Antonio Kast sobre la invitación para el 8M en la Moneda que le hicieran a una atleta trans.

Esto es una manifestación de un discurso cargado de prejuicios bajo el amparo de la libertad de expresión, que estigmatiza creando climas propicios para el odio y la violencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos -en su informe de 2015 refiriéndose a la violencia contra comunidades LGTBI- muestra que los ataques en contra estas comunidades con frecuencia están precedidos de un contexto de elevada deshumanización y discriminación. Estos hechos no deben verse como cuestiones aisladas sino como un fenómeno de respuesta a comunidades organizadas visibles y movilizadas.

Por tanto, no solo nos preocupan los ataques físicos contra personas LGBTI –los cuales ascienden a 13 durante este año- sino también la violencia simbólica que los sustenta. La patologización de sexualidades diversas que se exhibió en el Congreso por una de las principales voceras de la coalición Chile Vamos, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe durante la tramitación de la ley de identidad de género, transmite mensajes estigmatizantes y deben hacerse sentir “justificada moralmente” a las personas que suelen pasar de la violencia verbal o simbólica a la violencia física. El rol de todas las autoridades es tomarse en serio los derechos de las comunidades LGTBI, adoptando medidas concretas para detener la violencia y la discriminación.

Lidia Casas Becerra
Judith Schönsteiner
Centro de Derechos Humanos, UDP

Columna publicada en El Mercurio de Valparaíso el 6 de Diciembre de 2018

Las políticas públicas, tales como el Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos y Empresas (PAN), no son medidas idóneas para responder a situaciones de crisis, como la contaminación masiva en la bahía Quintero-Puchuncaví. Sin embargo, en la percepción pública, su éxito se mide -en gran medida- considerando si resuelven los problemas estructurales que están a la base de las situaciones más graves en materia de impacto empresarial a los derechos humanos.

La única medida concreta sobre la bahía que se incluyó en una política de derechos humanos está en el Plan Nacional de Derechos Humanos: los Programas de Recuperación Ambiental y Social (PRAS) para tres lugares del país, entre ellos, Quintero y Puchuncaví. Según informa la Subsecretaría de Derechos Humanos, se encuentra en ejecución y debería cumplirse en 2019.

Sin embargo, el problema persiste y actores de la sociedad civil, del sector empresarial y de algunos sectores gubernamentales han reconocido que las medidas adoptadas son aún insuficientes. Efectivamente, las medidas no lograrán, por sí solas, asegurar la protección del derecho a la salud y del derecho a vivir en un medioambiente sano de las personas que viven en la bahía ni el derecho a la educación y el derecho a la vivienda.

Si bien el PAN es el segundo en Latinoamérica y, por tanto, un avance, sus medidas no fueron seleccionadas con un enfoque de prioridades y urgencias en materia de empresas y derechos humanos. La actualización del PAN, que debe realizarse entre 2019 y 2020 con una eficaz participación ciudadana, necesita, por tanto, realizarse a la luz de los compromisos del Estado de Chile adquiridos por la ratificación de los tratados de derechos humanos, especialmente, sobre derechos económicos y sociales. Debe abarcar los desafíos estructurales que impiden la remediación y prevención futura de violaciones de derechos humanos como las que siguen ocurriendo en Quintero-Puchuncaví. Eso no es posible sin adoptar legislación adicional que obliga a empresas privadas y estatales hacerse cargo de sus impactos negativos actuales, futuros y del pasado.

El Informe Anual sobre Derechos Humanos de la UDP 2018 recomienda involucrar al Congreso, al Poder Judicial y también a los gobiernos regionales y los municipios en la actualización del PAN, comprometiéndose que el desarrollo económico del país y la generación de utilidades por empresas privadas y públicas no se realice en desmedro de los y las más débiles.

Las Naciones Unidas -como se expresa en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030)- ya no respaldan el crecimiento económico sin respeto a los derechos humanos. Nuestro gobierno y nuestra sociedad tampoco deberían aceptarlo.

Judith Schönsteiner

Profesora e investigadora del Centro de Derechos Humanos UDP

Lunes, 27 Agosto 2018 00:00

Falta de debida diligencia del Estado

Esta columna fue públicada originalmente en La Tercera el 27 de Agosto 2018


SEÑOR DIRECTOR

Ante las intoxicaciones masivas en Quintero, cabe reiterar que el problema no es nuevo. Se tomaron medidas después del incidente “La Greda” de 2012, pero éstas son insuficientes, tal como demuestra lo ocurrido esta semana. Las intoxicaciones sufridas son violaciones al Derecho Humano a la salud. ¿Por qué?

El Estado debe proteger los Derechos Humanos. Eso significa que debe prevenir los daños significativos a la salud de las personas, mediante la regulación y fiscalización de actores privados y públicos. Para esto, se deben tomar todas las medidas razonables. Pero los estándares de emisiones y calidad de aire son más permisivos que lo indicado por la OMS, y hay un problema con la transparencia de métodos de medición y con los planes de contingencia.

Así, mientras no se sabe cómo se comportan los componentes químicos emanados en su conjunto, y si los identificados son todos los que hay, se dificulta también el tratamiento adecuado para las personas intoxicadas. En estos casos, el Estado debe aplicar el principio de precaución y requerir de todas las empresas un actuar diligente, incluyendo la instalación de aparatos que puedan detectar todas las posibles emisiones en casos de accidentes o emergencias, no solo para las emisiones usuales; debe regular más estrictamente las emisiones máximas y exigir planes de emergencia para todas las empresas (también las antiguas).

Sabiendo desde hace décadas de los riesgos y daños en Quintero-Puchuncaví, los órganos del Estado competentes parecen haber fallado, otra vez, a sus obligaciones de prevenir las emergencias.

Esta columna fue públicada originalmente en CIPER Chile el 8 de Agosto 2018

La persecución de la Iglesia en los primeros siglos del cristianismo fue una persecución por la fe. Muy distinta es la situación de la Iglesia chilena hoy. Comparaciones entre los dos momentos de la historia, tales como las que hizo hace algunas semanas el arzobispo de Santiago, el cardenal Ricardo Ezzati, solamente confunden al desconocer esta diferencia. Lo que hoy evidenciamos es una persecución penal de delitos como el abuso sexual infantil y la violación, así como del encubrimiento o de la facilitación de estos delitos. No son situaciones comparables histórica ni jurídicamente. Más bien, queda la impresión que el cardenal se está victimizando en una situación en la que debe responder, obviamente respetando la presunción de inocencia hasta comprobar lo contrario, como imputado en un proceso penal. 

Ha quedado de manifiesto que la justicia eclesiástica, en Chile tal como en muchos otros países, no da el ancho para lograr la prevención efectiva del abuso sexual a menores de edad, la violación y el acoso sexual de personas adultas por parte de obispos, sacerdotes y religiosos/as. Sobre ella quiero reflexionar, a partir de una entrevista de Ana María Celis, abogada del Arzobispado de Santiago a cargo de la relación con el Ministerio Público, que fue publicada en El Mercurio. 

La justicia canónica funciona según un sistema penal inquisitivo, en el cual el tribunal eclesiástico es juez y parte a la vez, sin las garantías de debido proceso para víctimas ni para acusados. A este gravísimo problema, se suman por lo menos dos más: la completa falta de transparencia del proceso y muchas veces, también del resultado, y la ineficacia de las penas y medidas decretadas para la prevención de nuevos delitos. 

Es por esto que la relación entre la justicia eclesiástica y el Ministerio Público se debe revisar para conformar la debida diligencia en materia de persecución penal. En estos momentos, estamos ante un Estado dentro del Estado, con privilegios como el secreto pontificio que no son justificables en casos de delitos. La falta de investigación, sanción y reparación genera responsabilidad internacional del Estado de Chile y al mismo tiempo, de la Santa Sede, en materia de derechos humanos. 

Esta contradicción se evidencia también en el documento “Cuidado y Esperanza. Líneas guía de la Conferencia Episcopal de Chile para tratar los casos de abusos sexuales a menores de edad” (2015). Mientras llama a las víctimas (no a los clérigos que toman conocimiento de los hechos) a denunciar los delitos ante las autoridades civiles (párr. 53), se confirma en el “Protocolo ante Denuncias contra Clérigos por abusos a Menores de edad” (2011) no solo el secreto del confesor, también protegido por el Código Procesal Penal, sino también la vigencia sin limitaciones del secreto pontificio (un secreto procesal que aplica especialmente para delitos graves contra el derecho canónico, mientras en los otros procesos solo rige la confidencialidad). Pero este último no está reconocido por el derecho procesal chileno (párr. 31).

La vigencia de estos “secretos” genera conflictos, especialmente cuando el superior jerárquico de una persona culpable de delitos oficie también como confesor del mismo acusado. En esta situación, no podría cumplir con el deber de prevención y debida diligencia que tiene en virtud de su superioridad jerárquica o de empleador.

Adicionalmente, si sacerdotes u obispos además tienen responsabilidad por establecimientos educacionales, tienen el deber de denunciar en virtud del artículo 175 del Código Procesal Penal. En analogía a esta regla, no podrían tampoco aplicar privilegios para superiores jerárquicos que están a cargo de colegios católicos. Esto pareciera incluir a los obispos, pues son, finalmente, los superiores de colegios católicos diocesanos y universidades católicas, respecto de los “delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento”.

Considerando que la Iglesia ejerce además un deber de cuidado también en sus propias instituciones de formación (seminarios, noviciados), podríamos argumentar que es la misma institución la que debiese proceder a la denuncia, en vez de esperar solamente la denuncia por parte de la víctima.

El Estado, por su parte, tiene la obligación de actuar diligentemente (obligación de la que se ha desentendido por muchos años). Las autoridades deben investigar las estructuras de poder con la rigurosidad que exige la gravedad de los hechos, para situar a los delitos en su contexto y evaluarlos correctamente. 

Si hay estructuras criminales que, además, se repiten a lo largo de las diócesis en Chile (y probablemente, mundialmente) no podemos presumir que quienes integran estas estructuras se quedarán quietos mirando como su poder se desmantela. La investigación del Ministerio Público, por tanto, debe proceder con prudencia. La ampliación del mandato del Fiscal especial hacia otras regiones de Chile es una medida prudente en este sentido, ya que la práctica de la justicia canónica de cambiar simplemente de diócesis a acusados y condenados por abusos sexuales, podría significar que evidencia importante para la investigación del Fiscal se encuentre, justamente, en otras regiones. 

En este mismo sentido, el informe de Charles Scicluna debería entregarse lo antes posible al Ministerio Público. Como sociedad, como personas católicas y no-católicas, tenemos un derecho a saber, un derecho a la verdad. Con las debidas garantías para los acusados y para las víctimas que pidieron resguardo de su identidad ante la sociedad, pero un derecho a la verdad, tal como lo define el derecho internacional de los derechos humanos. Del resguardo de la identidad, además, no podemos deducir automáticamente la confidencialidad de toda la información, que es información de interés público en caso de delitos. 

Sería inaceptable si nos enteráramos que, por dar curso a investigaciones eclesiásticas – necesarias en todo caso, especialmente cuando la justicia civil no puede actuar porque los hechos han prescrito – la evidencia de los casos más delicados (que involucran menores de edad) fuera silenciosamente enviada a Roma, y, por tanto, puesta fuera del alcance jurisdiccional del Estado chileno. Si la Iglesia chilena quiere colaborar seriamente con las autoridades civiles en esta materia, debe asegurarse que la evidencia sigue estando disponible en Chile.

Finalmente, y tal vez es el punto más neurálgico en la colaboración: la negativa de entregar información a las autoridades en función de la protección de la confidencialidad solicitada a las víctimas debe revisarse, no solamente en relación a los establecimientos educacionales. Debemos averiguar si las víctimas que denunciaron ante la justicia eclesiástica en su momento seguirían exigiendo aún hoy, considerando las circunstancias, la confidencialidad de toda la información que proporcionaron. Fue muchas veces el temor ante las represalias, la incomprensión o la incredulidad en las parroquias, diócesis e instituciones eclesiásticas, lo que movió a las personas pedir la confidencialidad.

¿Cómo saber si las víctimas realmente siguen hoy con el deseo y la necesidad de confidencialidad en el nuevo clima de denuncia y transparencia que está rigiendo en la sociedad chilena? Sólo podemos saberlo si les volvemos a preguntar. Es un deber de la justicia eclesiástica.

Esta columna fue públicada originalmente en El Mostrador el 1 de Agosto 2018

En varios países ya se han constituido y/o finalizado Comisiones de Verdad sobre los abusos sexuales cometidos por clérigos. Algunos a cargo del Estado respectivo; otros, realizados por el Parlamento. La mayor tarea de una comisión sería analizar el contexto que permitió que se hayan cometido estos abusos y se hayan encubierto o silenciado. Es decir, las estructuras, redes, la cultura organizacional, y la mezcla entre idolatría a algunos sacerdotes, el secreto y la práctica de confesión mal entendida, y el abuso de conciencia. También debiera abarcar el abuso de poder contra las mujeres que impide su participación en la toma de decisiones y, por tanto, en el equilibrio sano de una organización. Solo así se podrán lograr propuestas eficaces de garantías de no-repetición. También deberá determinar reparaciones para las víctimas. Esta cpolumna pretende contribuir a un debate sobre la forma en la que podría trabajar una Comisión de Verdad y Reparación sobre abusos sexuales por clérigos en Chile.

Algunos han propuesto que se cree una Comisión conformada por laicos y laicas, o sea, personas que no son religiosos o sacerdotes, pero sí son miembros de la Iglesia católica y participan activamente de ella, usualmente sin ser parte de sus estructuras de poder. Sin embargo, para lograr la independencia de una Comisión de Verdad y Reparación es imprescindible que, a través mecanismos de conformación y selección, así como su financiamiento y sus procesos de trabajo, se garantice esta independencia con mecanismos complementarios. Una Comisión, usualmente, no es jueza en casos particulares, pero sí jueza sobre la calificación de hechos, prácticas, de estructuras de poder o que facilitan la concentración de poder, e diseños institucionales que facilitan manipular y dominar incluso la conciencia de las personas.

El problema del abuso de poder y consciencia está arraigado tan profundamente que necesitamos una mirada fresca, analítica y con lúcida comprensión de las estructuras sutiles de poder revestido de lo “religioso”. Necesitamos una mirada que logre, por ejemplo, analizar el impacto que tiene en la facilitación de los abusos el hecho de que el confesor, el jefe o formador y el superior de un sacerdote o seminarista puede ser la misma persona. Por tanto, la Comisión de Verdad y Reparación no podría tener vínculo directo alguno con la jerarquía eclesiástica, ya sea institucional o de parentesco. Su financiamiento debería ser asegurado por la Iglesia, pero ser administrado por un órgano independiente que responda solamente a la misma Comisión.

El modo de seleccionar a los y las integrantes debe no solo responder a un criterio de interdisciplinariedad –psicólogos(as), sociólogos(as), teólogos(as), médicos(as) y abogados(as)– sino también representar distintos sectores de la sociedad y los distintos grupos de víctimas. Así, propongo una conformación por personas elegidas por los laicos y laicas de todas las diócesis chilenas, respetando los criterios de independencia e imparcialidad indicados; por personas elegidas por el Estado (idealmente el Congreso) que no sean miembros de la Iglesia católica; y personas designadas por las distintas organizaciones de víctimas, incluyendo a las religiosas que no tienen ni han tenido cargos de poder en sus congregaciones.

Idealmente, no más de la mitad de los(as) integrantes de la Comisión serán miembros activos de la Iglesia católica y ningún miembro podría ejercer cargos eclesiales mientras integre la Comisión. Ciertamente, es una propuesta; otros países han confiado la conformación de la Comisión enteramente al Parlamento. En Chile, sin embargo, por el elitismo y la interrelación de sus estructuras de poder político y religioso, no parece tan buena idea basarse únicamente en una sola vía de nominación.

El proceso debería ser transparente y público, a menos que una víctima solicite declarar en privado ante la Comisión. Para efectos de recoger su testimonio en el informe final de la misma, se daría un seudónimo a la persona que declara. Para evitar la revictimización de las personas que sufrieron abusos, la Comisión de Verdad y Reparación debería trabajar con estándares compatibles con las exigencias del derecho procesal penal, evitando así las dificultades que se experimentan en Chile con los datos de la Comisión Valech. De esta forma, las declaraciones ante la Comisión podrían, si el caso así lo amerita y con el consentimiento de la víctima, ser reutilizadas en los procesos penales o civiles y se evitaría la revictimización que puede ocurrir al declarar varias veces sobre temas tan delicados como los abusos sufridos.

Lo más importante del informe final será, a mi juicio, el esclarecimiento de las estructuras eclesiales que facilitan los abusos. Para esto, también tendrá que tener a la vista documentos internos de la Iglesia, como el informe de Charles Scicluna. La Comisión de Verdad y Reparación no solamente propondría un marco para las reparaciones de las personas que sufrieron abuso, sino también garantías de no-repetición, como cambios institucionales, de derecho canónico, del clericalismo y la cultura institucional del (ab)uso del poder.

El Estado debería además nombrar, como observadores del proceso y, especialmente, garantes de su transparencia, debido proceso, perspectiva de género y respeto a las minorías, particularmente de la diversidad sexual, el Instituto Nacional de Derechos Humanos u otra institución que pueda velar por el correcto desarrollo de los procedimientos.

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