Tomas Vial

Tomas Vial

Tomás Vial Solar es profesor de derecho constitucional, abogado y posee los grados de Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile; LL. M (Legal Master) en Derechos Humanos, de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos; Magíster en Derecho Público, mención derecho constitucional, de la Pontificia Universidad Católica de Chile; y doctor en derecho, del University College London (UCL), Reino Unido.

Desde el 2004 fue Jefe del Departamento de Derecho Público de la Escuela de Derecho de la Universidad Andrés Bello y profesor de la misma cátedra derecho constitucional tanto en la Universidad Andrés Bello como en la Universidad Diego Portales.

Antes, se ha desempeñado como asesor jurídico en el Ministerio de Defensa y en la Secretaria General de la Presidencia, en su División Jurídica.

Participó en la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) como ayudante de investigación y ha sido miembro del directorio de Pro Acceso, una organización no gubernamental dedicada al derecho de acceso a la información.

Viernes, 29 Junio 2018 00:00

DD.HH. y modernización del Estado

*Columna escrita junto a Judith Schönsteiner, publicada originalmente en La Tercera el 29 de Junio 2018

SEÑOR DIRECTOR

El gobierno anunció la creación de un Consejo Asesor Permanente de Modernización del Estado. Su cometido sería asesorar al Presidente de la República, dándole continuidad y transversalidad a la tarea de modernizar el Estado. Esta iniciativa es positiva, pues en numerosos aspectos, el funcionamiento de nuestro Estado no está acorde a los desarrollos tecnológicos, organizacionales, culturales, políticos y jurídicos de la sociedad chilena en un contexto global.

Es en cultura, política y aspectos jurídicos, íntimamente relacionados, en lo que quisiéramos poner énfasis. Hoy no puede entenderse el Estado sino en el contexto de una sociedad democrática, pluralista y que demanda espacios de participación, transparencia, rendición de cuentas y no discriminación, especialmente respecto grupos históricamente discriminados, como mujeres e indígenas. Toda modernización del aparato estatal debe considerar estos factores, pues ellos son prueba de la legitimidad del Estado ante la sociedad.

Esta es una consideración de naturaleza eminentemente política, que no puede ni debe ser olvidada en tiempos de crisis de las instituciones. Estas exigencias, además, poseen claro sustento jurídico explícito en nuestro derecho y en el derecho internacional de los derechos humanos. Por ello se puede y se debe afirmar que un Estado moderno es uno que considera en su organización y en la creación y elaboración de políticas públicas, los estándares de DD.HH. que reflejan y precisan ese contexto social y político vigente. El trabajo del Consejo, sin duda, debiera, por ello, tomar en consideración este importante aspecto.

Judith Schönsteiner
Tomás Vial Solar

*Opinión publicada originalmente en La Tercera el 24 de Junio 2018

SEÑOR DIRECTOR

El brutal asalto y homicidio de una mujer que se dirigía en la madrugada a su trabajo, ha causado shock y justa indignación. A lo violento del hecho se sumó que los agresores parecieron celebrarlo, desplegando una muestra de inhumanidad que espanta.

Lo extremo del caso parece explicar (no justificar) que una vez detenidos e imputados -rápidamente en una muestra de eficacia policial y de actuación de Ministerio Publico encomiables-, los detenidos hayan sido golpeados brutalmente por otros internos de la misma cárcel, una situación que puede ser calificada como tortura bajo la normativa penal aprobada en 2016. Ésta adecuó nuestra legislación a la definición internacional de tortura. Que eso haya sucedido en un recinto carcelario sobre el cual Gendarmería tiene el deber de asegurar a todos los internos su seguridad personal, es una grave infracción a los deberes legales de ese servicio. Pero más preocupante es la aprobación pública que parece haber a ese tratamiento. ¿Incidirá en ello la nacionalidad de los detenidos? ¿Es tan difícil evitar el deseo de castigar por mano propia (en este caso por medio de otros procesados) lo que parece injusto? El caso parece mostrar que pese a la eficaz acción represora de esta ocasión, existe un amplio apoyo a acciones que se saltan las garantías básicas de defensa y tratamiento humanitario mínimo a un detenido. Esto debiera ser tan preocupante como que haya un castigo ejemplar de un hecho criminal tan grave como el homicidio de la trabajadora.

*Artículo de Opinión publicado originalmente en El Mercurio el 6 de Junio 2018

"...¿Permite nuestro derecho del consumo negar un servicio o vender bienes bajo la justificación de creencias religiosas (u otras) por parte del proveedor? Si se diera esa circunstancia ¿Cual instrumento normativo y sede judicial es más conveniente para los afectados? ¿La ley de consumidor o la ley antidiscriminación?...".


¿Puede una pastelería negarse a hacer un pastel de bodas a una pareja gay que desea contraer matrimonio (donde lo hubiera) o, en el caso de Chile, celebrar su acuerdo de unión civil? ¿Es hacer un pastel o colocar un mensaje en él, que celebra esa unión, un acto de libertad de expresión? Más generalmente ¿Pueden los prestadores de bienes y servicios negarse a otorgarlos en razón de las creencias religiosas (¿u otras?) de los propietarios (¿O de los empleados?) a una cierta categoría de personas, como gays o lesbianas? ¿Sería esa negativa legal bajo la legislación indiscriminación o de consumo vigente en Chile?


Estas y otras cuestiones estaban presentes ante la Corte Suprema norteamericana, la que recientemente ha emitido su veredicto en el caso Masterpice Cake Shop v. Colorado Civil Rights Commission. Lo que hace doblemente interesante este caso es que actualmente existe uno muy similar ante la Corte Suprema del Reino Unido (Lee v AshersBaking Company (NorthenIreland) por la negativa de un pastelero de Irlanda del Norte de confeccionar un pastel con un mensaje que apoyaba el matrimonio igualitario. Ese caso se espera se decida dentro de este año, habiéndose desarrollado los argumentos orales en mayo del presente.

Para entender correctamente el fallo norteamericano son necesarios primero los hechos, brevemente. El año 2012 una pareja gay, Charles Craig y David Mullins, entraron a la pastelería del señor Jack Phillips (Masterpice Cake Shop). La pareja planeaba contraer matrimonio en el estado de Massachusetts, donde era legal, y realizar la recepción en el de Colorado, donde aún no lo era. El Señor Phillips les indicó que no haría el pastel por ir en contra de sus convicciones religiosas, pero que sí podía hacer otro tipo de pasteles, como de cumpleaños u otras celebraciones. La pareja se retira y posteriormente interpondrán una denuncia por discriminación ante la Comisión de Derechos Civiles del Estado de Colorado por infracción a su ley antidiscriminación, la Colorado Anti-Discrimination Law (CADA) de 1885, que prohíbe la discriminación directa e indirecta en “publica commodations”, lo que se define en ella como “cualquier lugar de negocios involucrado en cualquier tipo de venta al público de bienes o servicios”, pero excluyendo, expresamente, de esa definición a las iglesias, sinagogas, mezquitas y otros lugares empleados principalmente para fines religiosos. La Comisión inició una investigación que terminó, luego de además una etapa judicial, en una sanción al Sr. Phillips. En las audiencias ante la Comisión y ante los tribunales del estado, el Sr. Phillips argumentó que el obligarlo a realizar un pastel de boda para una pareja gay implicaba una afectación de su libertad de expresión protegida por la Primera enmienda de la Constitución norteamericana, en el sentido de que implicaría que él apoyaría ese tipo de matrimonio, lo que era contrario a sus convicciones religiosas profundas. También argumentó que obligarlo implica una afectación de su libertad religiosa. Ambos argumentos serán rechazados tanto por la Comisión como por los tribunales del estado. Ante ese resultado el Sr. Phillips interpondrá una acción de certiorari ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Una primera observación que se puede hacer es que el fallo de la Corte Suprema es por un sorprendente 7-2, lo que es inusual en casos política y socialmente cargados como este, en una corte divida por la mitad entre conservadores y liberales. La sentencia de mayoría tiene los votos favorables de jueces liberales como Kagan y el voto “swing” del juez Kennedy, que redacta el fallo. La razón para esa mayoría es que la Corte emitió una decisión en un sentido muy específico, dejando abiertas muchas cuestiones sin resolver. La sentencia ciertamente, como se podría pensar sin leerla, no permite autorizar tratamientos diferenciados a personas de acuerdo a su orientación sexual en razón de convicciones religiosas de un vendedor o proveedor. Al respecto, el fallo de mayoría finaliza con un claro mensaje de que “casos como este en otras circunstancias deben esperar futuras argumentaciones de las cortes, todo en el contexto de reconocer que disputas como estas deben ser resultas con tolerancia, sin una indebida falta de respeto a las convicciones religiosas sinceras y sin someter a las personas gay a indignidades cuando ellas buscan bienes y servicios en un mercado abierto.” ¿Entonces por qué falla la corte contra el estado de Colorado? La razón, dada por la misma corte, es que en el proceso ante la Comisión no se le habría dado un tratamiento neutral y equitativo a las opiniones religiosas del Sr. Philips, desplegándose incluso abierta hostilidad hacia ellas, por lo que se habría violado la garantía de la neutralidad del Estado ante la religión, asegurada en la Primera Enmienda de la Constitución. 

Las cuestiones levantadas por este caso sin duda pueden ser replicadas en nuestro derecho, y, de hecho, ha habido casos de imprentas que se han negado a imprimir partes para celebraciones de uniones civiles de personas del mismo sexo. Así, y solo a modo enunciativo, las siguientes preguntas son dables de hacer: ¿Permite nuestro derecho del consumo negar un servicio o vender bienes bajo la justificación de creencias religiosas (u otras) por parte del proveedor? Si se diera esa circunstancia ¿Cual instrumento normativo y sede judicial es más conveniente para los afectados? ¿La ley de consumidor o la ley antidiscriminación? Estas y otras temáticas nos continuarán ocupando en los meses que viene, esperando el fallo británico antes mencionado.

*Carta publicada originalmente en La Tercera el 27 de Mayo de 2018

SEÑOR DIRECTOR

La carta de diputados UDI, publicada por su medio, criticando a la Subsecretaria de Derechos Humanos por asumir una “agenda de izquierda” y la posterior reunión con esa autoridad -en que se pide priorizar “una agenda de futuro”- es muestra de una general incomprensión de las exigencias que el sistema de DD.HH. hace a Chile.

Para los diputados pareciera que todo lo que tuviere que ver con avanzar en exigencias de verdad, justicia y debida reparación respecto a las violaciones de DD.HH. bajo dictadura fuera una “agenda de izquierda”, como si ellas no fueron obligaciones básicas del Estado, de todo Estado, ante gravísimos crímenes, que no solo exigen su investigación y sanción, algo por lo demás obvio, sino que, también su debida reparación integral. Eso es lo que justificaba, entre otras medidas, el proyecto de ley destinado a entregar un aporte único a las víctimas de DD.HH., que el gobierno retiró.

Reparar esos daños no es algo relativo al “pasado”, pues tiene que ver con cómo hoy se valoran esos hechos, se crean las instituciones y reglas que los previenen, cómo se educa, para que ellos no se repitan. Un ejemplo de esas instituciones, es el establecimiento de un mecanismo nacional en contra de la tortura, algo que, por lo demás, está explícito en el programa de gobierno de la actual administración. Bajo la dictadura se torturó porque antes, en democracia, ya se hacía. Y hoy se continua haciendo, como lo muestra una reciente querella interpuesta por el INDH en un caso sucedido en una comisaria de Arica.

En lo que pudieran tener alguna razón los parlamentarios es en la necesidad de que haya una agenda integral de DD.HH. Pero lo que se necesita es que ella tenga como punto de partida las exigencias que el sistema de DD.HH. hace al Estado y no las particulares perspectivas o intereses de algún sector, sea este el que fuere.

*Opinión publicada originalmente en La Tercera el 20 de Abril de 2018

Señor Director

Las declaraciones del diputado UDI Ignacio Urrutia relativas a que las víctimas de la dictadura eran terroristas han provocado un justo y generalizado rechazo, incluido el del ministro de Justicia y Derechos Humanos. Ellas demuestran, en las palabra de este último “su desprecio a los DD.HH.”. Sin embargo, tanto o más serias fueron las declaraciones del excandidato José Antonio Kast, pues para éste las declaraciones de Urrutia, mas allá de la forma, muestran un gran verdad: que hay organizaciones, dirigentes y parlamentarios que llevan años lucrando con los DD.HH. en Chile. Dos observaciones a lo dicho por Kast. Una, que lo señalado por Urrutia no es un problema de “forma”, pues no hay modo alguno de no entender sus declaración como expresión de un grave desprecio a las injusticia y horrores que sufrieron muchos chilenos bajo la dictadura. Ellas demuestran un grado de inhumanidad que es, en definitiva, el que explica que esos hechos sucedieran en Chile.

Segundo, la aseveración de Kast sobre el lucro de las víctimas niega de raíz que ellas tengan un derecho a la reparación. ¿Cuánto cuesta un hijo desaparecido? ¿Cuánto un período de tormento y torturas en las celdas de la Dina? ¿Hay alguna forma humanamente razonable de reparar el terrible daño infligido a tantos por los agentes del Estado? La verdad es que lo que las víctimas han recibido -y aún a muchas se le adeuda- es solo el mínimo, que han obtenido tras décadas de lucha por la justicia.

Todo ese triste episodio muestra que aun falta mucho en Chile para que se reconozca en toda su amplitud el mal que infligió un gobierno de fuerza sobre los habitantes de este país, y, por consiguiente, la necesidad aun viva de verdad, justicia y reparación efectivas. Muestra también que es indispensable que el nuevo gobierno tenga una política comprehensiva y coherente en esta materia.

Tomás Vial Solar
Profesor y miembro del Centro de Derechos Humanos de la UDP

Lunes, 26 Marzo 2018 00:00

Justicia y presos enfermos terminales

*Opinión publicada originalmente en La Tercera el 26 de Marzo de 2018

SEÑOR DIRECTOR

La situación de los presos de Punta Peuco en casos de enfermos terminales o con enajenación mental ha sido objeto de un reciente proyecto de ley enviado por el gobierno pasado y de una moción parlamentaria en la Cámara de Diputados. El nuevo ministro de Justicia ha emitido declaraciones al respecto. Parecen necesarias algunas consideraciones.

La situación de los presos por graves violaciones de derechos humanos bajo dictadura no puede ser mirada aisladamente de las demandas aún no satisfechas de verdad, justicia y reparación, so pena de dar la impresión de que se colabora con la impunidad. Chile está en deuda en todos estos aspectos. Por dar solo un ejemplo, está la necesidad de una persecución estatal de los crímenes de tortura sistemática que hoy solo se da en razón de la iniciativa de las víctimas. Lo que se necesita es una agenda comprensiva en estos temas y no medidas aisladas.

Segundo, la eventual revisión de la situación carcelaria de cualquier preso enfermo mental o en situación de enfermedad terminal no contraviene per se las obligaciones de DD.HH. en materia de justicia y, más bien, puede llegar a ser exigible si las condiciones de reclusión implicaran un grave maltrato o indignidad. Tercero, los internos de Punta Peuco cumplen penas por crímenes gravísimos y se exige una pena efectiva. El cambio en la situación carcelaria o la forma de cumplimiento debe ser justificado y decidido por un tribunal con criterios aplicables a todos los presos, en forma transparente y tras diagnósticos médicos emitidos por un organismo público en forma transparente.

Por último, estos casos extremos deben ser claramente distinguidos de los llamados beneficios carcelarios, en los que la gravedad de los crímenes y la calidad de agentes estatales de los responsables demandan y justifican estrictas exigencias especiales para su eventual otorgamiento.

Tomás Vial Solar
Profesor y miembro del Centro de Derechos Humanos UDP

Domingo, 08 Abril 2018 00:00

Niños y proyecto de identidad de género

*Carta publicada originalmente en La Tercera el 8 de Abril de 2018

SEÑOR DIRECTOR

El proyecto de ley sobre el derecho a la identidad de género, que está en comisión mixta en el Congreso, ha provocado una intensa polémica dentro de la coalición de gobierno, pese a que inicialmente no estaba contemplado en su agenda legislativa ni en el programa de gobierno. Esta situación demuestra lo dinámico de la política explicada en la frase que se atribuye al ex primer ministro laborista británico Harold Wilson: “en política una semana es mucho tiempo”.

El hueso de la disputa ha sido si el proyecto incluye a niños, niñas y adolescentes. Mucho se podría argumentar que hay sobradas razones para que deba hacerlo, pero dado el debate parlamentario quizá sea bueno recordar la opinión consultiva (OC-24/17) que en noviembre del año pasado emitió la Corte Interamericana sobre este tema, tras una consulta de Costa Rica. La Corte señaló que los niños son también titulares del derecho a la identidad de género, al igual que los adultos, y que deben ejercerlo en forma progresiva, a medida que desarrollen un mayor nivel de autonomía, amén de que en todo procedimiento deben ser escuchados. El tribunal menciona como ejemplo de buena práctica la ley argentina de 2002, sobre derecho a identidad, que permite a los menores de 18 años pedir el cambio de registro, por medio de sus representantes legales, y en caso de que no sea posible se deja a la decisión judicial, de acuerdo con los principios de la Convención de Derechos del Niño.

Esta opinión tiene fuerza autoritativa para los estados miembros del sistema interamericano, entre ellos Chile. La conclusión, jurídica y política, que se debe sacar es que si el Congreso aprueba un proyecto de ley que no incluya a los niños, ese acto del Estado, en el caso de haber una denuncia ante el sistema interamericano, será entendido con toda probabilidad por la Comisión Interamericana y por la misma Corte como una contravención a la Convención Americana de DD.HH., generando la correspondiente responsabilidad internacional.

Tomás Vial Solar
Profesor e investigador del Centro de Derechos Humanos UDP

*Publicado originalmente en El Mostrador el 5 de Febrero de 2018

El inicio de un nuevo periodo presidencial debiera ser un tiempo propicio para reflexionar sobre cuáles son los desafíos como país, y en particular para el nuevo gobierno, por los próximos cuatro años.

Como se sabe, este es un período corto de tiempo que requiere necesariamente priorizar y ser razonablemente modesto en cuanto a lo que efectivamente se puede realizar. Lo anterior es válido también para las obligaciones que como Estado tenemos en materia de Derechos Humanos, las que son múltiples y complejas y que con frecuencias implican la dictación o modificación de la legislación, entre otras acciones.

Sin pretender exhaustividad ni tampoco necesariamente prioridad, un nuevo gobierno —y en particular un Ministerio de Justicia y DD.HH— debe preocuparse de varios aspectos que deberían estar dentro de su plan de trabajo.

La más amplia de las obligaciones será el fortalecimiento de la institucionalidad de Derechos Humanos, como la Subsecretaria del ramo y, en particular, la implementación efectiva del primer Plan Nacional de DD.HH.

Esto constituye un inmenso desafío de política pública y administrativa para cualquier gobierno, siendo las experiencias comparadas en América Latina no muy alentadoras al respecto, pues con frecuencia los planes se quedan al nivel de elaboración sin una aplicación práctica. Este primer plan implica obligaciones por cuatro años y compromisos de numerosos servicios públicos, constituyendo solo un mínimo —no por ello poco ambicioso— de lo que Chile se ha comprometido ante la comunidad internacional.

El completar exitosamente esos compromisos sin duda que constituiría un gran paso en la introducción de los criterios de derechos humanos en la actividad diaria del Estado y, por cierto, un logro (histórico se podría decir) para la satisfacción de estos y para cualquier gobierno.

Pero, sin duda, que la temática que absorberá intensamente al gobierno y al ministerio en particular será el relativo a la reforma del sistema de protección de los niños, niñas y adolescentes. El nuevo gobierno tiene como ineludible desafío la creación de un efectivo sistema de protección integral de los niños, niñas y adolescentes de Chile, área en la cual el país ha estado por décadas al debe en sus compromisos. Al respecto, hay que recordar que Chile es el único país de América Latina que habiendo ratificado la Convención de Derechos del Niño no ha reformado en forma acorde su legislación en esta materia. Si bien el actual gobierno envió varias iniciativas muy relevantes en esa área —una de ellas, la que crea Defensor del Niño, ya publicada— quedan varias piezas de este gran engranaje por construir e implementar.

Respecto a la personas con discapacidad, sin duda uno de los aspectos pendientes, sobre el cual ya se estaba trabajando el gobierno saliente, es al de ajustar la normativa relativa la capacidad jurídica de las personas a lo exigido por la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, eliminado la incapacidad absoluta y modificando por un sistema efectico de apoyos.

El año 2019, en septiembre, el Estado de Chile deberá anunciar si ratificará por otros diez años el Convenio OIT 169, sobre pueblos indígenas. Al respecto, se han dado opiniones de que sería mejor desahuciarlo, por las dificultades que este impone a la actividad económica.

Tal acción sería un grave error, que debilitaría seriamente el estatus de Chile ante la comunidad internacional y, ciertamente, implicaría una negación directa de la existencia y derechos de los pueblos originarios. Por cierto, las dificultades prácticas que pueden existir no son obra del convenio en sí, sino de las regulaciones que se han dictado para implementarlo. Todas las modificaciones deben ser consultadas en forma previa, libre, e informada con los mismos pueblos originarios. Ese es también un desafío, junto a varios otros, en materia de derechos de los pueblos indígenas.

 

Tanto el 2018 como el 2019 el Estado también deberá rendir cuenta ante organismos internacionales de cómo se están cumpliendo sus obligaciones. Así, en octubre de este año —fecha tentativa según el calendario del III Ciclo— Chile debiera presentar el Informe Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Este es un examen global de todas las obligaciones que ha contraído Chile ante el sistema de la ONU. Así, corresponderá al futuro gobierno el realizar el trabajo de reporte en esta materia. Además, en julio de 2019 corresponderá también presentar el reporte de cumplimiento (VII Ciclo) ante el Comité de Derechos Humanos, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

Las deudas con el pasado de violaciones de derechos humanos aún están pendientes y un gobierno de derecha debería ser especialmente cuidadoso en avanzar en lo que aún no se ha hecho en materia de verdad, justicia y reparaciones. Al respecto, es imprescindible tomar medidas que permitan la determinación, identificación y retorno de los restos de las personas detenidas desaparecidas. Junto a ello —como lo ha exigido varias veces la Corte Interamericana— se debe establecer la investigación judicial de la tortura sistemática bajo la dictadura, como una acción dirigida desde el Estado y no como una iniciativa de las víctimas y familiares.  También está pendiente una revisión comprensiva, coherente, de las situaciones de los sobrevivientes de prisión política, tortura, creando una instancia permanente para ello.

Para todas estas acciones el nuevo gobierno requiere, sin duda, de la cooperación y el diálogo constante con la sociedad civil, en sus múltiples expresiones. Un Estado moderno lo es también cuando incorpora dentro de su forma habitual de planificar sus políticas públicas los estándares de DD.HH. y la participación social. Ambos son test de su legitimidad ante la ciudadanía hoy en día.

El tribunal no debe ni puede repetir el grave error del caso de la píldora, omitiendo de su razonamiento los derechos e intereses de la mujer. Puede que esto no necesariamente determine el resultado, eso depende de cómo se ponderen esos derechos, pero lo que es obligatorio, una exigencia de esa justicia procedimental, es que toda consideración constitucionalmente relevante sea escrupulosa y públicamente sopesada, por medio de los fundamentos de la sentencia. Y ese es, qué duda cabe, el caso de una mujer embarazada.

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