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Columna publicada en periódico El País el 18 de Junio, junto a Mariclaire Acosta, Carlos Ayala, Catalina Botero y Juan Méndez, miembros del Panel Independiente de Expertos para las elecciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El próximo 28 de junio, durante la Asamblea General que tendrá lugar en la ciudad de Medellín (Colombia), los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos definirán cuestiones cruciales para la región. Entre ellas, la elección de cuatro de los siete integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A la hora de votar, los Estados deberían elegir a personas que reúnan los altos estándares de autoridad moral, versación en derechos humanos e independencia que la Convención Americana sobre Derechos Humanos exige. Sin embargo, las elecciones se acercan y algunos países se aproximan a ellas con algunas dificultades para cumplir esa misión.

La lista de candidatos se ha cerrado con solo cinco nombres para cubrir cuatro vacantes. De acuerdo a la información evaluada por este panel independiente, tres de los candidatos; Margarette May Macaulay (propuesta por Jamaica), Esmeralda Arosemena de Trotiño (por Panamá), y Julissa Mantilla Falcón (por Perú), cumplen con los requisitos que tanto la Convención Americana como el Estatuto y Reglamento de la Comisión Interamericana exigen para este cargo; mientras que dos de los candidatos —Everth Bustamante García (propuesto por Colombia) y Edgar Stuardo Ralón Orellana (por Guatemala)— no cumplirían con dichos requisitos. El panel ha llegado a esta conclusión luego de un proceso abierto, participativo y transparente de tres meses, que incluyó entrevistas con los candidatos y recepción de la información enviada por diversas personas y organizaciones de la región.

Teniendo en cuenta que se decide el futuro del órgano encargado de la protección de los derechos humanos en la región, estas elecciones deberían ser una oportunidad para fortalecerlo desde adentro, nombrando a personas claramente calificadas para esta función. Para eso, sería necesario que los Estados cuenten con un número razonable candidatos entre los cuales decidir, y que estos reúnan las condiciones requeridas. Sin embargo, una gran cantidad de ellos no propusieron candidatos y, de acuerdo a la información recabada por este panel, los que los han propuesto no han hecho convocatorias abiertas, ni han llevado a cabo procesos de nominación transparentes ni participativos a nivel local, que hubieran sido capaces de ofrecer garantías de la idoneidad e independencia de las personas nominadas.

Este escenario limita las propias posibilidades de elección de los países en su encuentro en Medellín, en desmedro no solo de la adecuada composición, sino de la legitimidad de un organismo clave para los derechos humanos en el continente. A quienes integramos este panel nos une nuestra trayectoria en el estudio, la enseñanza, la promoción y la defensa de los derechos humanos y la democracia a nivel regional e internacional. Hemos sido llamados a desarrollar esta labor en nuestro carácter de expertos independientes, de forma objetiva e imparcial. Nos convocaron el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Fundación para el Debido Proceso Legal, y la Open Society Justice Initiative, como nueva expresión de un esfuerzo que vienen realizando desde 2015 para promover elecciones más transparentes y participativas en el Sistema Interamericano.

Trabajamos de forma autónoma, definimos nuestra propia metodología para medir los criterios establecidos por la Convención Americana, y contamos con la asistencia, como secretaría, del Centro de Derechos Humanos del American University Washington College of Law. Nuestro informe da cuenta tanto de la información que utilizamos como del razonamiento que nos llevó a adoptar, por consenso, nuestras conclusiones.

Creemos que el mayor valor de este ejercicio es realizarlo de esta manera, y pensamos que es vital que se siga realizando, sea promovido por sociedad civil, o sea incorporándolo dentro de los procesos de elecciones de la OEA. Esperamos nuestro informe contribuya a la labor responsable de los Estados, en la importante misión de elegir a los próximos miembros de la CIDH, y que, en general, convoque a la reflexión y al diálogo sobre el modo en que se nominan y eligen a los integrantes de los órganos del Sistema.

 

Miércoles, 22 Mayo 2019 00:00

Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Escrito por

Carta publicada en El Mostrador el 20 de Mayo de 2019 junto a Ximena Gauché, académica Universidad de Concepción

Señor Director:

En “El Mercurio”, el profesor Álvaro Paúl sostuvo -el 9 de mayo- algunas opiniones sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de las cuales por lo menos tres se basan en hechos representados de manera tergiversada y equivocada.

Primero, afirma que “no siempre se cumple” el agotamiento de recursos internos para conocer de una petición. El profesor se equivoca, ya que la jurisprudencia al respecto es firme y basada en que la misma Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) permite excepciones en casos de denegación de justicia y atrasos procesales. Es más, las excepciones al agotamiento de los recursos están previstas en el propio Pacto de San José de Costa Rica.

Segundo, indica que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) no impondría interpretaciones sobre políticas públicas. Esto también es incorrecto. El Tribunal se ha pronunciado sobre múltiples políticas públicas, encontrando violaciones de derechos humanos, especialmente, cuando está en juego su contenido esencial. El TEDH tampoco basa su deferencia, como asevera Paúl, en la existencia de “diversos modos legítimos” de interpretación, sino, la aplica solo en algunas materias específicas y definidas en la jurisprudencia del TEDH – sin base en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Tercero, Paúl es de la opinión que los “ordenamientos constitucionales” deben considerarse cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena reparaciones. Esto contradice un principio básico del derecho internacional, la buena fe, y además el artículo 2 de la Convención Americana, que obliga adecuar el derecho interno –incluyendo el constitucional– a la Convención. El artículo 63.1 CADH sobre reparaciones, además, no hace ninguna referencia al derecho interno. ¿Cómo podría un Estado esquivar sus obligaciones de derecho internacional argumentando que su derecho interno no le permite cumplir? Si ejecutivo y legislativo son negligentes o obstinadas en no adoptar una ley de implementación de las sentencias interamericanas, ¿cómo pretendemos que el poder judicial además se sume a esta negligencia? Todos los poderes del Estado, por separado y conjuntamente, son responsables del cumplimiento de las obligaciones internacionales.

Judith Schönsteiner, académica Universidad Diego Portales

Ximena Gauché, académica Universidad de Concepción

Carta publicada en El Mostrador el 25 de Abril de 2019 junto a  Centro de Derechos Humanos de la UDP y Ximena Gauché, profesora de Derecho Internacional y Derechos Fundamentales, Universidad de Concepción

Señor Director:

Hace unos días, el gobierno de Chile publicó un comunicado anunciando que había enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una declaración, firmada también por los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, y Paraguay.

Llama la atención que la preocupación de tales gobiernos por reforzar el “principio de subsidiariedad” y por introducir en el sistema un “margen de apreciación”, así como asegurar la “proporcionalidad” de las reparaciones, se dirija a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque ésta última esté también aludida en la declaración y es la que define, en última instancia, los temas mencionados y que serían el motivo de la preocupación de los gobiernos citados. Hace pensar que por alguna razón, los gobiernos apuntan a ejercer presión sobre la Comisión.

También, la citada declaración – cuyo texto original no fue hecho público – incurre en varios errores e ignora aspectos relevantes de la interpretación del derecho internacional de los derechos humanos, de los que se pueden destacar tres como los principales.

El primero es que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados identifica cuatro elementos para la interpretación de un tratado, de los cuales el texto solamente es uno y en sí insuficiente para interpretar el contenido y alcance de un derecho (contrario a lo que señala la declaración que enfatiza de manera indebida una interpretación literal). El segundo es que la misma Convención Americana identifica como referencias para la interpretación, a otros tratados y declaraciones internacionales, así como el principio de la interpretación restrictiva de las limitaciones que se pongan a los derechos por parte de los Estados. El tercero tiene que ver con la especificidad de los tratados internacionales de derechos humanos que trascienden en sus obligaciones a los tratados comunes y que, por lo mismo, son interpretados por los órganos del sistema interamericano a la luz del principio pro persona y la interpretación evolutiva, asumiendo que el sentido y alcance de cada disposición de derechos humanos debe mirarse en el contexto del tiempo y no de manera estática y literal.

Los anteriores aspectos no sólo han sido reconocidos por todos los tribunales regionales de derechos humanos, sino también por órganos como el Appellate Body de la OMC, siendo además avalados por la Asamblea General de la OEA, de la cual los cinco países forman parte, cuando se han emitido sendas resoluciones condenando prácticas contrarias a derechos, como la discriminación a personas de pueblos originarios o que se reconocen como gays o lesbianas, por ejemplo. Además, la declaración desconoce la misma jurisprudencia del sistema interamericano como fuente auxiliar, lo que pone en riesgo la vigencia de la seguridad jurídica.

Los cambios a los que llaman los gobiernos de los cinco estados, quienes han mostrado compartir una agenda común en determinados temas, no son baladí. De llegar a implementarse, dejarían sin efecto real al mandato de promoción y protección de los derechos humanos que recibieron Comisión y Corte de parte de los mismos Estados ya que quitarían a los órganos de supervisión la capacidad de efectuar, justamente, su mandato de supervisión e interpretación, tan necesario para resguardar, en el pasado y presente, la democracia y la dignidad de todas las personas.

Por Judith Schönsteiner, Centro de Derechos Humanos de la UDP y Ximena Gauché, profesora de Derecho Internacional y Derechos Fundamentales, Universidad de Concepción

Firman:
Cecilia Medina Quiroga
Felipe González, Profesor de Derecho, Universidad Diego Portales, Ex Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Lidia Casas, profesora de Derecho, Directora, Centro de Derechos Humanos de la UDP
Francisca Vargas, Centro de Derechos Humanos de la UDP
Verónica Undurraga, profesora de Derecho Constitucional, Universidad Adolfo Ibañez
Yanira Zuñiga, profesora de Derecho Constitucional, Universidad Austral de Chile
Tomás Vial, profesor de Derecho Constitucional, Universidad Andrés Bello y Universidad Diego Portales
Mauricio Tapia, profesor de Derecho Civil, Universidad de Chile
Liliana Galdamez, profesora de Derecho, Universidad de Chile
Nancy Yañez, directora Centro de Derechos Humanos, Universidad de Chile
Ana María Moure, profesora de Derecho, Universidad de Chile
Salvador Millaleo, profesor de Derecho, Universidad de Chile
Isaac Ravetllat, profesor de Derecho, Universidad de Talca
Jaime Bassa, profesor de Derecho, Universidad de Valparaíso
Daniela Marzi, profesora de Derecho, Universidad de Valparaíso
Luis Villavicencio, profesor de Derecho y Director del Centro de Investigaciones de Filosofía del Derecho y Derecho Penal, Universidad de Valparaíso
Alejandra Zuñiga, profesora de Derecho, Universidad de Valparaíso
Flavio Quezada, profesor de Derecho, Universidad de Valparaíso
Nicolás Espejo, profesor de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad de Oxford
Pablo Contreras, profesor de Derecho, Universidad Autónoma de Chile
Sergio Fuenzalida, profesor de Derecho, Universidad Central
Amaya Alvez, profesora de Derecho Constitucional, Universidad de Concepción
Paulina Astroza, profesora de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Universidad de Concepción
Tania Busch, profesora de Derecho, Corporación Fundamental
Tammy Pustilnick, profesora de Derecho, Corporación Descentralizada
Mylene Valenzuela, profesora de Derecho, Universidad Central
Marcela Zúñiga, Universidad Diego Portales
Rita Lages, Profesora investigadora, Centro de Derechos Humanos, Universidad de Chile
Claudia Iriarte, Investigadora Centro de Derechos Humanos, Universidad de Chile
Valentina López, Asistente de investigación Centro de Derechos Humanos, Universidad de Chile
Felipe Abbott, Subdirector Centro de Derechos Humanos, Universidad de Chile
Tomás Pascual, profesor, Universidad Alberto Hurtado
Fabiola Lathrop, profesora de Derecho, Universidad de Chile

 

 

 

Esta columna fue públicada originalmente en El Mostrador  el 20 de Marzo 2019, junto a la profesora Lidia Casas.

Señor Director:

En América Latina hemos visto crecer gobiernos de derecha con una narrativa que lucha en contra lo que han llamado “ideología de género”, refiriéndose peyorativamente a un movimiento que ha posicionado política, social y culturalmente el igual reconocimiento y derechos para mujeres y comunidades de las sexualidades subordinadas y contra la violencia de género.

Jair Bolsonaro en Brasil representa esa visión política alabada por algunos sectores de nuestro país. Allá, se han producidos asesinatos de activistas de las comunidades de la diversidad sexual. En Chile, hemos visto reacciones más pintorescas como el Bus de la Libertad. Pero también se observa odiosidad en el Congreso con comentarios despectivos que se suman a los últimos del candidato presidencial José Antonio Kast sobre la invitación para el 8M en la Moneda que le hicieran a una atleta trans.

Esto es una manifestación de un discurso cargado de prejuicios bajo el amparo de la libertad de expresión, que estigmatiza creando climas propicios para el odio y la violencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos -en su informe de 2015 refiriéndose a la violencia contra comunidades LGTBI- muestra que los ataques en contra estas comunidades con frecuencia están precedidos de un contexto de elevada deshumanización y discriminación. Estos hechos no deben verse como cuestiones aisladas sino como un fenómeno de respuesta a comunidades organizadas visibles y movilizadas.

Por tanto, no solo nos preocupan los ataques físicos contra personas LGBTI –los cuales ascienden a 13 durante este año- sino también la violencia simbólica que los sustenta. La patologización de sexualidades diversas que se exhibió en el Congreso por una de las principales voceras de la coalición Chile Vamos, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe durante la tramitación de la ley de identidad de género, transmite mensajes estigmatizantes y deben hacerse sentir “justificada moralmente” a las personas que suelen pasar de la violencia verbal o simbólica a la violencia física. El rol de todas las autoridades es tomarse en serio los derechos de las comunidades LGTBI, adoptando medidas concretas para detener la violencia y la discriminación.

Lidia Casas Becerra
Judith Schönsteiner
Centro de Derechos Humanos, UDP

Columna publicada en El Mercurio de Valparaíso el 6 de Diciembre de 2018

Las políticas públicas, tales como el Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos y Empresas (PAN), no son medidas idóneas para responder a situaciones de crisis, como la contaminación masiva en la bahía Quintero-Puchuncaví. Sin embargo, en la percepción pública, su éxito se mide -en gran medida- considerando si resuelven los problemas estructurales que están a la base de las situaciones más graves en materia de impacto empresarial a los derechos humanos.

La única medida concreta sobre la bahía que se incluyó en una política de derechos humanos está en el Plan Nacional de Derechos Humanos: los Programas de Recuperación Ambiental y Social (PRAS) para tres lugares del país, entre ellos, Quintero y Puchuncaví. Según informa la Subsecretaría de Derechos Humanos, se encuentra en ejecución y debería cumplirse en 2019.

Sin embargo, el problema persiste y actores de la sociedad civil, del sector empresarial y de algunos sectores gubernamentales han reconocido que las medidas adoptadas son aún insuficientes. Efectivamente, las medidas no lograrán, por sí solas, asegurar la protección del derecho a la salud y del derecho a vivir en un medioambiente sano de las personas que viven en la bahía ni el derecho a la educación y el derecho a la vivienda.

Si bien el PAN es el segundo en Latinoamérica y, por tanto, un avance, sus medidas no fueron seleccionadas con un enfoque de prioridades y urgencias en materia de empresas y derechos humanos. La actualización del PAN, que debe realizarse entre 2019 y 2020 con una eficaz participación ciudadana, necesita, por tanto, realizarse a la luz de los compromisos del Estado de Chile adquiridos por la ratificación de los tratados de derechos humanos, especialmente, sobre derechos económicos y sociales. Debe abarcar los desafíos estructurales que impiden la remediación y prevención futura de violaciones de derechos humanos como las que siguen ocurriendo en Quintero-Puchuncaví. Eso no es posible sin adoptar legislación adicional que obliga a empresas privadas y estatales hacerse cargo de sus impactos negativos actuales, futuros y del pasado.

El Informe Anual sobre Derechos Humanos de la UDP 2018 recomienda involucrar al Congreso, al Poder Judicial y también a los gobiernos regionales y los municipios en la actualización del PAN, comprometiéndose que el desarrollo económico del país y la generación de utilidades por empresas privadas y públicas no se realice en desmedro de los y las más débiles.

Las Naciones Unidas -como se expresa en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030)- ya no respaldan el crecimiento económico sin respeto a los derechos humanos. Nuestro gobierno y nuestra sociedad tampoco deberían aceptarlo.

Judith Schönsteiner

Profesora e investigadora del Centro de Derechos Humanos UDP

Martes, 16 Octubre 2018 00:00

Educación en Derechos Humanos

Escrito por

Carta publicada originalmente en La Tercera el 14 de Agosto de 2018

SEÑOR DIRECTOR

¿Debe nuestro sistema educacional enseñar qué son los Derechos Humanos? Si se está de acuerdo con lo anterior, ¿deben enseñarse también las graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en dictadura? Estas son cuestiones de la mayor importancia que ha levantado la presentación del reciente proyecto de ley impulsado por la diputada Carmen Hertz con el apoyo de otros parlamentarios.

A lo primero, pareciere que la respuesta fuera obvia. Si el respeto a los derechos de todos es la base del orden democrático que reconocemos como común, es imprescindible que esas bases sean parte del sistema educativo en forma muy explícita. Nada hay quizás más relevante que enseñar la forma en que debemos comportarnos unos con otros, y eso hoy día pasa, entre otros aspectos, por considerar a los demás como sujetos de derechos. La falla en hacerlo es lo que explica, en parte, como en Chile y aún más en otros lugares, existe intolerancia, discriminación y abuso.

La segunda pregunta debe también ser respondida positivamente. Si existe acuerdo-mayoritario al menos- de que en Chile hubo masivas violaciones eso debe ser enseñado y discutido en forma abierta y franca en nuestro sistema escolar. Existen varias razones para ello. La primera es que el valor de los Derechos Humanos se entiende en su real dimensión cuando se conoce lo que sucede cuando no se respetan. Experiencia histórica y valoración son inseparables en este caso. Y en Chile los hemos valorado justamente por la experiencia de la dictadura. Segundo, porque son una parte de nuestra historia reciente sin la cual es imposible entender en su real dimensión nuestras últimas décadas. Una sociedad que no reflexiona sobre sus crisis -y por cierto el sistema escolar es un lugar privilegiado para ello- no madura y no es capaz de superarlas, aprender de ellas y de avanzar a un futuro mejor.

Sábado, 08 Septiembre 2018 00:00

Adultos mayores y Derechos Humanos en Chile

Escrito por

Columna publicada originalmente en El Mostrador el 8 de Septiembre

¿Hemos aprendido algo cómo sociedad de las tragedias acaecidas a los niños bajo responsabilidad del SENAME? ¿No fueron esas situaciones de vulnerabilidad e infracciones de derechos —que fueron denunciadas una y otra vez tanto por personas como por organizaciones nacionales o internacionales— pero ante las cuales las autoridades responsables poco o nada hicieron, y respecto a las que tanto el legislador como el Ejecutivo solo reaccionaron tardíamente?

Estas preguntas se pueden hoy levantar también en relación a una realidad que estos días muestra una cara trágica. Y esta es la de los adultos mayores en establecimientos de larga estadía (ELEAM) develada por la terrible muerte de 10 ancianas postradas en la comuna de Chiguyante, perecidas en un incendio. Pese a que, por lo que se informa en la prensa, se trata de una residencia de alto nivel y con larga experiencia, y que además había sido recientemente fiscalizada por la autoridad competente, la gravedad de los hechos no puede sino justificar levantar numerosas preguntas sobre la existencia y calidad de los procedimientos existentes para situaciones como esta y sobre las fiscalizaciones sobre esos procedimientos. 

Al respecto, el actual marco legal vigente establece que los establecimientos de larga estadía son fiscalizados por los respectivos Seremis de Salud, según el Decreto Supremo Nº 14 del año 2010, del Ministerio de Salud, que aprueba el reglamento para establecimientos de larga estadía para adultos mayores. Esta norma exige que los establecimientos, a fin de obtener su autorización, posean un certificado de un experto en prevención de riesgos o del Cuerpo de Bomberos que acredite se cumplen los requisitos de prevención y protección contra incendios. Además, los establecimientos deben proveer un plan de evacuación para los distintos tipos de emergencias. ¿Se cumplieron esos requisitos en este caso? De haberlo sido, ¿por qué se llega a producir la tragedia que hoy lamentamos? Y si no lo estaban, ¿por qué no se fiscalizó adecuadamente?

Sin perjuicio de cómo se respondan estas preguntas en este caso, hay muchas otras relativas al respecto de los derechos de los adultos mayores internados en estos lugares, pues ellos están en situaciones de particular vulnerabilidad que exigen una mayor preocupación del Estado.

Esta realidad levanta dudas de cómo el Estado de Chile está cumpliendo sus compromisos internacionales y domésticos en relación a los derechos de los adultos mayores. Y justamente sobre ellos el año pasado se publicó la Convención Interamericana sobre protección de los Derechos del Adulto Mayor, ratificada por Chile, la que impone precisas obligaciones respecto de los adultos mayores que reciben cuidados del largo plazo. Entre ellas (art. 12 letra c), la establecer un marco regulatorio adecuado para el funcionamiento de los servicios de cuidado de largo plazo.

Todas estas cuestiones se levantan a raíz de estos trágicos eventos y nos llevan a prestar atención a un creciente sector de la población chilena, particularmente vulnerable, y que demanda por ello una especial preocupación del Estado en su calidad de garante de sus derechos humanos.  

Tomás Vial

Editor general Informe Anual de Derechos Humanos de la UDP

 

 

Sábado, 08 Septiembre 2018 00:00

Dichos de defensora de la Niñez

Escrito por

Carta publicada originalmente en El Mercurio junto a los/as profesores/as que firman al final del texto.

Señor Director:


Un grupo de diputadas y diputados de Renovación Nacional sostuvo en una carta a este medio que les sorprende que la defensora de la Niñez vuelva "a asumir un papel de activista, esta vez a favor del proyecto de identidad de género". Califican el actuar de la defensora de "activismo ideológico", puesto que supuestamente ninguno de los textos legales que rigen su mandato reconoce el derecho a la identidad de género de niños y niñas, y agregan que ello "empaña el ejercicio de su cargo" y excede el ámbito de sus atribuciones.

La carta descansa en errores ostensibles sobre el uso del Derecho Internacional. Al sostener que un derecho humano no es tal porque no se declara literalmente en un tratado o la Constitución, se demuestra desconocimiento respecto de cómo opera a nivel doméstico el sistema de fuentes del Derecho Internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció por primera vez el derecho a la identidad de género precisamente en un fallo en contra de Chile (Atala Riffo e Hijas vs. Chile). Posteriormente, la Corte ha señalado que el derecho a la identidad de género se reconoce también a niñas y niños (Opinión Consultiva No. 24/2017).

La Corte Suprema ha reconocido expresamente el "carácter autoritativo" de dicha Opinión en un fallo de mayo de este año, con lo cual no hay dudas que lo establecido por el Derecho Internacional en esta materia tiene aplicación doméstica. En este sentido, el Comité de los Derechos del Niño, órgano encargado de interpretar autoritativamente la Convención sobre Derechos del Niño, ha afirmado que la identidad de género es una de las categorías prohibidas a efectos de trazar discriminaciones en contra de niños, niñas y adolescentes (Observación General No. 15/2013).

Sostener que los dichos de la defensora de la Niñez son nada más que "activismo ideológico", como hacen estos representantes, es no solo imprudente porque crea un manto de desconfianza, sino que además es jurídicamente incorrecto.

Lidia Casas B.; Domingo Lovera P. Tomás Vial
Universidad Diego Portales
Jorge Contesse Singh
Rutgers University
Ximena Gauché Marchetti
U. de Concepción
Catalina Lagos T.; Macarena Rodríguez
Universidad Alberto Hurtado
Claudio Nash Rojas
Universidad de Chile
Luis Villavicencio; Alejandra Zúñiga F.
Universidad de Valparaíso 

Lunes, 27 Agosto 2018 00:00

Falta de debida diligencia del Estado

Escrito por

Esta columna fue públicada originalmente en La Tercera el 27 de Agosto 2018


SEÑOR DIRECTOR

Ante las intoxicaciones masivas en Quintero, cabe reiterar que el problema no es nuevo. Se tomaron medidas después del incidente “La Greda” de 2012, pero éstas son insuficientes, tal como demuestra lo ocurrido esta semana. Las intoxicaciones sufridas son violaciones al Derecho Humano a la salud. ¿Por qué?

El Estado debe proteger los Derechos Humanos. Eso significa que debe prevenir los daños significativos a la salud de las personas, mediante la regulación y fiscalización de actores privados y públicos. Para esto, se deben tomar todas las medidas razonables. Pero los estándares de emisiones y calidad de aire son más permisivos que lo indicado por la OMS, y hay un problema con la transparencia de métodos de medición y con los planes de contingencia.

Así, mientras no se sabe cómo se comportan los componentes químicos emanados en su conjunto, y si los identificados son todos los que hay, se dificulta también el tratamiento adecuado para las personas intoxicadas. En estos casos, el Estado debe aplicar el principio de precaución y requerir de todas las empresas un actuar diligente, incluyendo la instalación de aparatos que puedan detectar todas las posibles emisiones en casos de accidentes o emergencias, no solo para las emisiones usuales; debe regular más estrictamente las emisiones máximas y exigir planes de emergencia para todas las empresas (también las antiguas).

Sabiendo desde hace décadas de los riesgos y daños en Quintero-Puchuncaví, los órganos del Estado competentes parecen haber fallado, otra vez, a sus obligaciones de prevenir las emergencias.

Viernes, 17 Agosto 2018 00:00

Violaciones de DD.HH. de Adultos Mayores en Chile

Escrito por

*Columna publicada originalmente en La Tercera el 17 de Agosto 2018

SEÑOR DIRECTOR

¿Es posible imaginar una muerte más cruenta que la acaecida a 10 ancianas postradas, consumidas en un incendio en una casa de reposo ubicada en la comuna de Chiguayante? ¿Es ésta la primera vez que un hecho tan trágico como este ocurre en Chile? ¿Qué lecciones nos enseñó la crisis del Sename sobre la situación de niños y niñas internadas, y cuyas graves violaciones, muchas veces denunciadas, han llevado a la actual crisis de esa institución y a la tardía reacción por parte del Estado?

Los trágicos hechos denunciados en la prensa dan cuenta de una realidad que se murmura y aparece ocasionalmente en los medios, pero que es cada vez más extendida, dados los cambios demográficos y sociales que experimentamos: la de los adultos mayores internados, dependientes, en una casa de reposo o en los propios hogares.

Esta realidad levanta preguntas de cómo el Estado de Chile está cumpliendo sus compromisos internacionales y domésticos en relación a los derechos de los adultos mayores. El año pasado se publicó la Convención Interamericana sobre protección de los Derechos del Adulto Mayor, la que impone precisas obligaciones respecto de los adultos mayores que reciben cuidados del largo plazo. Entre ellos (art. 12, letra c), la de establecer un marco regulatorio adecuado para el funcionamiento de los servicios de cuidado de largo plazo.

En nuestra legislación vigente, esos recintos están en parte bajo la supervisión del Servicio del Adulto Mayor (Senama) y primariamente de los respectivos seremis de Salud, según el Decreto Supremo Nº 14 del año 2010, del Ministerio de Salud, que aprueba un reglamento para establecimientos de larga estadía para adultos mayores. ¿Cómo se lleva a cabo esa fiscalización? ¿Son suficientes los recursos y los instrumentos que existen? Todas estas preguntas se levantan a raíz de estos trágicos eventos y que nos llevan a prestar atención a un creciente sector de la población chilena, particularmente vulnerable, y que demanda por ello una especial preocupación del Estado en su calidad de garante de sus derechos.

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