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Viernes, 17 Agosto 2018 00:00

Violaciones de DD.HH. de Adultos Mayores en Chile

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*Columna publicada originalmente en La Tercera el 17 de Agosto 2018

SEÑOR DIRECTOR

¿Es posible imaginar una muerte más cruenta que la acaecida a 10 ancianas postradas, consumidas en un incendio en una casa de reposo ubicada en la comuna de Chiguayante? ¿Es ésta la primera vez que un hecho tan trágico como este ocurre en Chile? ¿Qué lecciones nos enseñó la crisis del Sename sobre la situación de niños y niñas internadas, y cuyas graves violaciones, muchas veces denunciadas, han llevado a la actual crisis de esa institución y a la tardía reacción por parte del Estado?

Los trágicos hechos denunciados en la prensa dan cuenta de una realidad que se murmura y aparece ocasionalmente en los medios, pero que es cada vez más extendida, dados los cambios demográficos y sociales que experimentamos: la de los adultos mayores internados, dependientes, en una casa de reposo o en los propios hogares.

Esta realidad levanta preguntas de cómo el Estado de Chile está cumpliendo sus compromisos internacionales y domésticos en relación a los derechos de los adultos mayores. El año pasado se publicó la Convención Interamericana sobre protección de los Derechos del Adulto Mayor, la que impone precisas obligaciones respecto de los adultos mayores que reciben cuidados del largo plazo. Entre ellos (art. 12, letra c), la de establecer un marco regulatorio adecuado para el funcionamiento de los servicios de cuidado de largo plazo.

En nuestra legislación vigente, esos recintos están en parte bajo la supervisión del Servicio del Adulto Mayor (Senama) y primariamente de los respectivos seremis de Salud, según el Decreto Supremo Nº 14 del año 2010, del Ministerio de Salud, que aprueba un reglamento para establecimientos de larga estadía para adultos mayores. ¿Cómo se lleva a cabo esa fiscalización? ¿Son suficientes los recursos y los instrumentos que existen? Todas estas preguntas se levantan a raíz de estos trágicos eventos y que nos llevan a prestar atención a un creciente sector de la población chilena, particularmente vulnerable, y que demanda por ello una especial preocupación del Estado en su calidad de garante de sus derechos.

Esta columna fue públicada originalmente en CIPER Chile el 8 de Agosto 2018

La persecución de la Iglesia en los primeros siglos del cristianismo fue una persecución por la fe. Muy distinta es la situación de la Iglesia chilena hoy. Comparaciones entre los dos momentos de la historia, tales como las que hizo hace algunas semanas el arzobispo de Santiago, el cardenal Ricardo Ezzati, solamente confunden al desconocer esta diferencia. Lo que hoy evidenciamos es una persecución penal de delitos como el abuso sexual infantil y la violación, así como del encubrimiento o de la facilitación de estos delitos. No son situaciones comparables histórica ni jurídicamente. Más bien, queda la impresión que el cardenal se está victimizando en una situación en la que debe responder, obviamente respetando la presunción de inocencia hasta comprobar lo contrario, como imputado en un proceso penal. 

Ha quedado de manifiesto que la justicia eclesiástica, en Chile tal como en muchos otros países, no da el ancho para lograr la prevención efectiva del abuso sexual a menores de edad, la violación y el acoso sexual de personas adultas por parte de obispos, sacerdotes y religiosos/as. Sobre ella quiero reflexionar, a partir de una entrevista de Ana María Celis, abogada del Arzobispado de Santiago a cargo de la relación con el Ministerio Público, que fue publicada en El Mercurio. 

La justicia canónica funciona según un sistema penal inquisitivo, en el cual el tribunal eclesiástico es juez y parte a la vez, sin las garantías de debido proceso para víctimas ni para acusados. A este gravísimo problema, se suman por lo menos dos más: la completa falta de transparencia del proceso y muchas veces, también del resultado, y la ineficacia de las penas y medidas decretadas para la prevención de nuevos delitos. 

Es por esto que la relación entre la justicia eclesiástica y el Ministerio Público se debe revisar para conformar la debida diligencia en materia de persecución penal. En estos momentos, estamos ante un Estado dentro del Estado, con privilegios como el secreto pontificio que no son justificables en casos de delitos. La falta de investigación, sanción y reparación genera responsabilidad internacional del Estado de Chile y al mismo tiempo, de la Santa Sede, en materia de derechos humanos. 

Esta contradicción se evidencia también en el documento “Cuidado y Esperanza. Líneas guía de la Conferencia Episcopal de Chile para tratar los casos de abusos sexuales a menores de edad” (2015). Mientras llama a las víctimas (no a los clérigos que toman conocimiento de los hechos) a denunciar los delitos ante las autoridades civiles (párr. 53), se confirma en el “Protocolo ante Denuncias contra Clérigos por abusos a Menores de edad” (2011) no solo el secreto del confesor, también protegido por el Código Procesal Penal, sino también la vigencia sin limitaciones del secreto pontificio (un secreto procesal que aplica especialmente para delitos graves contra el derecho canónico, mientras en los otros procesos solo rige la confidencialidad). Pero este último no está reconocido por el derecho procesal chileno (párr. 31).

La vigencia de estos “secretos” genera conflictos, especialmente cuando el superior jerárquico de una persona culpable de delitos oficie también como confesor del mismo acusado. En esta situación, no podría cumplir con el deber de prevención y debida diligencia que tiene en virtud de su superioridad jerárquica o de empleador.

Adicionalmente, si sacerdotes u obispos además tienen responsabilidad por establecimientos educacionales, tienen el deber de denunciar en virtud del artículo 175 del Código Procesal Penal. En analogía a esta regla, no podrían tampoco aplicar privilegios para superiores jerárquicos que están a cargo de colegios católicos. Esto pareciera incluir a los obispos, pues son, finalmente, los superiores de colegios católicos diocesanos y universidades católicas, respecto de los “delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento”.

Considerando que la Iglesia ejerce además un deber de cuidado también en sus propias instituciones de formación (seminarios, noviciados), podríamos argumentar que es la misma institución la que debiese proceder a la denuncia, en vez de esperar solamente la denuncia por parte de la víctima.

El Estado, por su parte, tiene la obligación de actuar diligentemente (obligación de la que se ha desentendido por muchos años). Las autoridades deben investigar las estructuras de poder con la rigurosidad que exige la gravedad de los hechos, para situar a los delitos en su contexto y evaluarlos correctamente. 

Si hay estructuras criminales que, además, se repiten a lo largo de las diócesis en Chile (y probablemente, mundialmente) no podemos presumir que quienes integran estas estructuras se quedarán quietos mirando como su poder se desmantela. La investigación del Ministerio Público, por tanto, debe proceder con prudencia. La ampliación del mandato del Fiscal especial hacia otras regiones de Chile es una medida prudente en este sentido, ya que la práctica de la justicia canónica de cambiar simplemente de diócesis a acusados y condenados por abusos sexuales, podría significar que evidencia importante para la investigación del Fiscal se encuentre, justamente, en otras regiones. 

En este mismo sentido, el informe de Charles Scicluna debería entregarse lo antes posible al Ministerio Público. Como sociedad, como personas católicas y no-católicas, tenemos un derecho a saber, un derecho a la verdad. Con las debidas garantías para los acusados y para las víctimas que pidieron resguardo de su identidad ante la sociedad, pero un derecho a la verdad, tal como lo define el derecho internacional de los derechos humanos. Del resguardo de la identidad, además, no podemos deducir automáticamente la confidencialidad de toda la información, que es información de interés público en caso de delitos. 

Sería inaceptable si nos enteráramos que, por dar curso a investigaciones eclesiásticas – necesarias en todo caso, especialmente cuando la justicia civil no puede actuar porque los hechos han prescrito – la evidencia de los casos más delicados (que involucran menores de edad) fuera silenciosamente enviada a Roma, y, por tanto, puesta fuera del alcance jurisdiccional del Estado chileno. Si la Iglesia chilena quiere colaborar seriamente con las autoridades civiles en esta materia, debe asegurarse que la evidencia sigue estando disponible en Chile.

Finalmente, y tal vez es el punto más neurálgico en la colaboración: la negativa de entregar información a las autoridades en función de la protección de la confidencialidad solicitada a las víctimas debe revisarse, no solamente en relación a los establecimientos educacionales. Debemos averiguar si las víctimas que denunciaron ante la justicia eclesiástica en su momento seguirían exigiendo aún hoy, considerando las circunstancias, la confidencialidad de toda la información que proporcionaron. Fue muchas veces el temor ante las represalias, la incomprensión o la incredulidad en las parroquias, diócesis e instituciones eclesiásticas, lo que movió a las personas pedir la confidencialidad.

¿Cómo saber si las víctimas realmente siguen hoy con el deseo y la necesidad de confidencialidad en el nuevo clima de denuncia y transparencia que está rigiendo en la sociedad chilena? Sólo podemos saberlo si les volvemos a preguntar. Es un deber de la justicia eclesiástica.

*Columna publicada originalmente en El Mercurio el 2 de Agosto 2018

¿Cómo ha operado la Ley Antidiscriminación, la Ley 20.609, tras seis años de su publicación? ¿Ha satisfecho las expectativas puestas en ella? ¿Son necesarias modificaciones a la normativa?

Estas son algunas de las preguntas que se pueden hacer respecto a una normativa que fue considerada como emblemática en el primer gobierno de actual Presidente. Por primera vez Chile tenía una ley general que prohibiera la discriminación y que además estableciera una acción judicial para combatirla.

La ley estuvo asociada desde un principio con el rechazo a la discriminación contra las minorías sexuales, llevando a que incluso en los medios se le denomine como Ley Zamudio, en recuerdo al trágico asesinato homofóbico del joven Daniel Zamudio. De hecho, el fuerte rechazo social a ese hecho explica probablemente el apoyo que el gobierno de entonces le dio, llevando a su aprobación, tras siete años de tramitación.

Sin embargo, como se hizo ver desde un primer momento, el deber del Estado de crear instrumentos para eliminar las discriminaciones existentes en nuestra sociedad no podía ni puede verse asociado a la situación de un grupo particular, por muy injusta que esta sea, y la puesta en práctica de la ley estos años confirma esa apreciación.

Y el resultado no puede sino ser calificado como magro. Como se informó recientemente en la prensa, en base a un trabajo de la Fundación Iguales, la ley ha tenido un escasa aplicación en su acción judicial, pues en seis años hay 300 denuncias y solo 90 condenas, siendo el principal motivo de sentencia la discriminación por discapacidad (27%), seguido de enfermedad (17%), orientación sexual e identidad de género (12%) y opinión política (11%). Lo anterior demuestra que su alcance es mayor que el de servir exclusivamente como ley para proteger a una minoría sexual. Sin embargo, el limitado número de acciones, y aún más, de sentencias, invita a considerar su eficacia.

Sobre esto podría pensarse que en realidad en Chile la discriminación no es algo tan extendido o grave, lo que explicaría quizás el limitado número de demandas interpuestas. Pero la verdad es que cualquier estudio de opinión, como, por ejemplo, la Primera Consulta Ciudadana Sobre Discriminación —efectuada el 2013, en el primer gobierno del actual presidente— da que un 52% de las personas se han sentido discriminadas; también lo que sucede a nivel de recursos de protección y de tutela laboral por discriminación interpuestos hace pensar que eso no es así. Entonces, el problema está en la configuración de la ley. La verdad es que como varios autores y organizaciones lo han indicado repetidas veces, esta nació con severas limitaciones que explican su poco uso y menor impacto.

La primera es que la normativa no creó un ente responsable de analizar, estudiar y promover medidas antidiscriminación. Por ello, es como una Ley del Consumidor sin Sernac o un Código del Trabajo sin Dirección del Trabajo. Es decir, normas sin un poder efectivo de implementación. Al contrario, las legislaciones comparadas exitosas sí lo establecieron, como, por ejemplo, la Comisión de Igualdad (Equality Comission) del Reino Unido.

Segundo, el concepto de discriminación de la ley no es acorde a lo que los estándares de Derechos Humanos —claramente existentes al momento de su discusión, por lo demás— entienden por discriminación, no contemplando, por ejemplo, la discriminación indirecta, de hecho y la discriminación múltiple. La ley posee, además, una excepción al principio y derecho a la no discriminación que no es necesaria y que confunde cual es la de señalar, en su artículo 2, que se considerarán razonables las distinciones, exclusiones o restricciones que, no obstante fundarse en alguno de los criterios mencionados en el inciso primero, se encuentren justificadas en el ejercicio legítimo de otros derechos fundamentales. La razón de porque es una aparente excepción es que la ley, al señalar que no habrá discriminación cuando se ejercitó otro derecho, ese ejercicio debe ser legítimo, lo que obliga al juez a evaluar, ponderar, ese ejercicio con el principio de no discriminación, cosa que debió hacer en todo caso, pues las diferencias son arbitrarias cuando ellas carecen de proporcionalidad, justificación, razonabilidad, como ha señalado largamente nuestra jurisprudencia tanto en los tribunales ordinarios como el Tribunal Constitucional, y eso obliga a tomar en consideración todos los derechos y valores involucrados.

Tercero, el procedimiento judicial posee severas limitaciones para ser una efectiva acción antidiscriminación, siendo quizás una de las principales la dificultad de probar los hechos discriminatorios, cosa que debiera llevar a introducir una especie de inversión de carga de prueba, como sucede hoy en la tutela laboral, la que en el artículo 493 del Código Laboral dispone que cuando de los antecedentes aportados por la parte denunciante resulten indicios suficientes de que se ha producido la vulneración de derechos fundamentales, corresponderá al denunciado explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Esta cláusula es clave para que una demanda de discriminación prospere. Tanto es así, que para dar solo un ejemplo comparado, la Directiva 97/80, es decir una ley de la Unión Europea, de 15 de diciembre de 1997, relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo, en su artículo 4,1, señala que cuando hayan hechos que permitan presumir la existencia de discriminación directa o indirecta corresponderá a la parte demandada demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad de trato.

Otra limitación de la ley actual es la no posibilidad de otorgar indemnización de perjuicios en el mismo juicio, pues hoy, aun en caso de sentencia favorable, la reparación de los daños debe perseguirse en un largo juicio ordinario separado. Acá nuevamente el modelo a seguir es el de la tutela laboral, donde sí se puede obtener reparación si se estima que hay daños por infracción a los derechos fundamentales en la relación laboral.

Todo lo anterior lleva a pensar que ya es hora de una revisión de los instrumentos antidiscriminación existentes y de esta ley en particular, así como de preparar a una propuesta de reforma legislativa coherente.

Miércoles, 01 Agosto 2018 00:00

Plan nacional de DD.HH.

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*Columna publicada originalmente en La Tercera el 1 de Agosto 2018

Se ha informado en la prensa que el actual gobierno está discutiendo eventuales cambios al Plan Nacional de DD.HH. aprobado por la anterior administración. Al respecto, parecen ser pertinentes algunas observaciones.


Primero, que el plan, contemplado en la ley que creó la Subsecretaría de DD.HH., es (o debe ser) un medio por el cual el Estado da forma concreta a los compromisos que ha asumido ante la comunidad internacional en materia de DD.HH. El plan aprobado contiene el diseño e implementación de las políticas encaminadas a la promoción y protección de los Derechos Humanos, y considera los objetivos y las metas, la identificación de responsables y los recursos financieros disponibles, dentro de un horizonte de cuatro años. Es por ello que se trata de un ambicioso instrumento de política pública al servicio de los Derechos Humanos.


Para su elaboración y aprobación se requirió un proceso de diálogo y participación de las organizaciones sociales, el cual -sin perjuicio de sus limitaciones- es imprescindible para que este tenga una básica legitimidad social. Y fue acordado por el Comité Interministerial de Derechos Humanos, y aprobado por medio de un decreto supremo, el cual aún estaría en proceso de toma de razón en Contraloría.


Segundo, para su elaboración, como la ley expresamente lo dispone, se contemplaron las observaciones y recomendación de los sistemas de DD.HH., como el interamericano. Por ello, el estándar de elaboración y de eventuales modificaciones deben ser, primariamente, esas recomendaciones.


Tercero, toda modificación a ese plan, o al decreto que lo aprobó, debería seguir un proceso similar al de su aprobación, so pena de peligrar en la legalidad de aquellas.

Esta columna fue públicada originalmente en El Mostrador el 1 de Agosto 2018

En varios países ya se han constituido y/o finalizado Comisiones de Verdad sobre los abusos sexuales cometidos por clérigos. Algunos a cargo del Estado respectivo; otros, realizados por el Parlamento. La mayor tarea de una comisión sería analizar el contexto que permitió que se hayan cometido estos abusos y se hayan encubierto o silenciado. Es decir, las estructuras, redes, la cultura organizacional, y la mezcla entre idolatría a algunos sacerdotes, el secreto y la práctica de confesión mal entendida, y el abuso de conciencia. También debiera abarcar el abuso de poder contra las mujeres que impide su participación en la toma de decisiones y, por tanto, en el equilibrio sano de una organización. Solo así se podrán lograr propuestas eficaces de garantías de no-repetición. También deberá determinar reparaciones para las víctimas. Esta cpolumna pretende contribuir a un debate sobre la forma en la que podría trabajar una Comisión de Verdad y Reparación sobre abusos sexuales por clérigos en Chile.

Algunos han propuesto que se cree una Comisión conformada por laicos y laicas, o sea, personas que no son religiosos o sacerdotes, pero sí son miembros de la Iglesia católica y participan activamente de ella, usualmente sin ser parte de sus estructuras de poder. Sin embargo, para lograr la independencia de una Comisión de Verdad y Reparación es imprescindible que, a través mecanismos de conformación y selección, así como su financiamiento y sus procesos de trabajo, se garantice esta independencia con mecanismos complementarios. Una Comisión, usualmente, no es jueza en casos particulares, pero sí jueza sobre la calificación de hechos, prácticas, de estructuras de poder o que facilitan la concentración de poder, e diseños institucionales que facilitan manipular y dominar incluso la conciencia de las personas.

El problema del abuso de poder y consciencia está arraigado tan profundamente que necesitamos una mirada fresca, analítica y con lúcida comprensión de las estructuras sutiles de poder revestido de lo “religioso”. Necesitamos una mirada que logre, por ejemplo, analizar el impacto que tiene en la facilitación de los abusos el hecho de que el confesor, el jefe o formador y el superior de un sacerdote o seminarista puede ser la misma persona. Por tanto, la Comisión de Verdad y Reparación no podría tener vínculo directo alguno con la jerarquía eclesiástica, ya sea institucional o de parentesco. Su financiamiento debería ser asegurado por la Iglesia, pero ser administrado por un órgano independiente que responda solamente a la misma Comisión.

El modo de seleccionar a los y las integrantes debe no solo responder a un criterio de interdisciplinariedad –psicólogos(as), sociólogos(as), teólogos(as), médicos(as) y abogados(as)– sino también representar distintos sectores de la sociedad y los distintos grupos de víctimas. Así, propongo una conformación por personas elegidas por los laicos y laicas de todas las diócesis chilenas, respetando los criterios de independencia e imparcialidad indicados; por personas elegidas por el Estado (idealmente el Congreso) que no sean miembros de la Iglesia católica; y personas designadas por las distintas organizaciones de víctimas, incluyendo a las religiosas que no tienen ni han tenido cargos de poder en sus congregaciones.

Idealmente, no más de la mitad de los(as) integrantes de la Comisión serán miembros activos de la Iglesia católica y ningún miembro podría ejercer cargos eclesiales mientras integre la Comisión. Ciertamente, es una propuesta; otros países han confiado la conformación de la Comisión enteramente al Parlamento. En Chile, sin embargo, por el elitismo y la interrelación de sus estructuras de poder político y religioso, no parece tan buena idea basarse únicamente en una sola vía de nominación.

El proceso debería ser transparente y público, a menos que una víctima solicite declarar en privado ante la Comisión. Para efectos de recoger su testimonio en el informe final de la misma, se daría un seudónimo a la persona que declara. Para evitar la revictimización de las personas que sufrieron abusos, la Comisión de Verdad y Reparación debería trabajar con estándares compatibles con las exigencias del derecho procesal penal, evitando así las dificultades que se experimentan en Chile con los datos de la Comisión Valech. De esta forma, las declaraciones ante la Comisión podrían, si el caso así lo amerita y con el consentimiento de la víctima, ser reutilizadas en los procesos penales o civiles y se evitaría la revictimización que puede ocurrir al declarar varias veces sobre temas tan delicados como los abusos sufridos.

Lo más importante del informe final será, a mi juicio, el esclarecimiento de las estructuras eclesiales que facilitan los abusos. Para esto, también tendrá que tener a la vista documentos internos de la Iglesia, como el informe de Charles Scicluna. La Comisión de Verdad y Reparación no solamente propondría un marco para las reparaciones de las personas que sufrieron abuso, sino también garantías de no-repetición, como cambios institucionales, de derecho canónico, del clericalismo y la cultura institucional del (ab)uso del poder.

El Estado debería además nombrar, como observadores del proceso y, especialmente, garantes de su transparencia, debido proceso, perspectiva de género y respeto a las minorías, particularmente de la diversidad sexual, el Instituto Nacional de Derechos Humanos u otra institución que pueda velar por el correcto desarrollo de los procedimientos.

*Columna publicada originalmente en El Mostrador el 23 de Julio 2018

Han pasado casi 6 años desde que se publicó la Ley Antidiscriminación en Chile y parece que ha pasado el tiempo suficiente como para evaluarla. La ley, que tuvo una larga tramitación, desde 2005 al 2012, demora causada en buena parte por el rechazo de partidos de la derecha de incluir como categorías de discriminación la orientación sexual y la identidad de género, por esa razón y porque en gran parte el apoyo del primer gobierno de Piñera para su aprobación fue consecuencia del fuerte rechazo social al trágico asesinato homofóbico del joven Daniel Zamudio, estuvo asociada desde un principio a la lucha por la igualdad y al reconocimiento de la diversidad sexual y de género.

Sin embargo, como se hizo ver desde un primer momento, el deber del Estado de crear instrumentos para eliminar las discriminaciones existentes en nuestra sociedad no podía ni puede verse asociado a la situación de un grupo particular, por muy injusta que esta sea. La razón es que en Chile existen muy diversas formas de discriminación que podemos calificar como estructurales, es decir, que corresponden a formas históricas de organizar la sociedad, tales como por genero, origen indígena, discapacidad o social, para solo nombrar algunas, que requieren de una muy fuerte acción del Estado y de la sociedad y a ese objetivo no contribuye el identificar la discriminación con un sector específico, independiente de que sean, en ciertos casos, necesarias medidas especiales, dada la diversidad de situaciones de discriminación que existen.

 Como se informó en la prensa, en base a un trabajo de la Fundación Iguales, la ley ha tenido un escasa aplicación en su acción judicial, pues en 6 años hay 300 denuncias y solo 90 condenas, siendo el principal motivo de sentencia la discriminación por discapacidad (27%) seguido de enfermedad (17%), orientación sexual e identidad de género (12%) y opinión política (11%). Lo anterior demuestra que su alcance es mayor que el de servir exclusivamente como ley para proteger a una minoría sexual. Sin embargo, el limitado número de acciones, y aún más, de sentencias, invita a considerar su eficacia como ley.

Sobre esto podría pensarse que en realidad en Chile la discriminación no es algo tan extendido o grave, lo que explicaría quizás el limitado número de demandas interpuestas. Pero la verdad es que cualquier estudio de opinión, como por ejemplo la Primera Consulta Ciudadana Sobre Discriminación —efectuada el 2013, en el primer gobierno del actual presidente— da que un 52% de las personas se han sentido discriminadas, y también lo que sucede a nivel de recursos de protección y de tutela laboral por discriminación interpuestos, hace pensar que eso no es así. Entonces el problema está en la configuración de la ley. La verdad es que como varios autores y organizaciones lo han indicado repetidas veces, la ley nació con severas limitaciones que explican su poco uso y menor impacto.

La primera es que la ley no creó un ente responsable de analizar, estudiar y promover medidas antidiscriminación. Por ello, la actual ley es como una Ley del Consumidor sin SERNAC o un Código del Trabajo sin Dirección del Trabajo. Es decir, normas sin poder efectivo de implementación.

Al contrario, las legislaciones comparadas exitosas sí lo establecieron, como, por ejemplo, la Comisión de Igualdad (Equality Comission) del Reino Unido.

Segundo, el concepto de discriminación de la ley no es acorde a lo que los estándares de Derechos Humanos —claramente existentes al momento de la discusión de la ley por lo demás— entienden por discriminación, no contemplando, por ejemplo, la discriminación indirecta.

Tercero, el procedimiento judicial posee severas limitaciones para ser una efectiva acción antidiscriminación, siendo quizás las principales la dificultad de probar los hechos discriminatorios, cosa que debiera llevar a introducir una especie de inversión de carga de prueba como sucede hoy en la tutela laboral, y la falta de indemnización de perjuicios en el mismo juicio, pues hoy, aun en caso de sentencia favorable, la reparación de los daños debe perseguirse en un largo juicio ordinario separado. Acá nuevamente el modelo a seguir es el de la tutela laboral, donde sí se puede obtener reparación si se estima hay daños por infracción a los derechos fundamentales en la relación laboral.

Todo lo anterior lleva a pensar que ya es hora de una revisión de los instrumentos antidiscriminación existentes y de esta ley en particular, y de preparar a una propuesta de reforma legislativa coherente.

 

Viernes, 20 Julio 2018 00:00

La ceguera tiene género

Escrito por

El presente artículo fue publicado en la Revista Mensaje N° 670 de Julio 2018, junto a otros interesantes artículos.

Si desea, puede descargar el archivo aquí.

Viernes, 29 Junio 2018 00:00

DD.HH. y modernización del Estado

Escrito por

*Columna escrita junto a Judith Schönsteiner, publicada originalmente en La Tercera el 29 de Junio 2018

SEÑOR DIRECTOR

El gobierno anunció la creación de un Consejo Asesor Permanente de Modernización del Estado. Su cometido sería asesorar al Presidente de la República, dándole continuidad y transversalidad a la tarea de modernizar el Estado. Esta iniciativa es positiva, pues en numerosos aspectos, el funcionamiento de nuestro Estado no está acorde a los desarrollos tecnológicos, organizacionales, culturales, políticos y jurídicos de la sociedad chilena en un contexto global.

Es en cultura, política y aspectos jurídicos, íntimamente relacionados, en lo que quisiéramos poner énfasis. Hoy no puede entenderse el Estado sino en el contexto de una sociedad democrática, pluralista y que demanda espacios de participación, transparencia, rendición de cuentas y no discriminación, especialmente respecto grupos históricamente discriminados, como mujeres e indígenas. Toda modernización del aparato estatal debe considerar estos factores, pues ellos son prueba de la legitimidad del Estado ante la sociedad.

Esta es una consideración de naturaleza eminentemente política, que no puede ni debe ser olvidada en tiempos de crisis de las instituciones. Estas exigencias, además, poseen claro sustento jurídico explícito en nuestro derecho y en el derecho internacional de los derechos humanos. Por ello se puede y se debe afirmar que un Estado moderno es uno que considera en su organización y en la creación y elaboración de políticas públicas, los estándares de DD.HH. que reflejan y precisan ese contexto social y político vigente. El trabajo del Consejo, sin duda, debiera, por ello, tomar en consideración este importante aspecto.

Judith Schönsteiner
Tomás Vial Solar

Lunes, 25 Junio 2018 00:00

Tortura, venganza y presos ecuatorianos

Escrito por

*Opinión publicada originalmente en La Tercera el 24 de Junio 2018

SEÑOR DIRECTOR

El brutal asalto y homicidio de una mujer que se dirigía en la madrugada a su trabajo, ha causado shock y justa indignación. A lo violento del hecho se sumó que los agresores parecieron celebrarlo, desplegando una muestra de inhumanidad que espanta.

Lo extremo del caso parece explicar (no justificar) que una vez detenidos e imputados -rápidamente en una muestra de eficacia policial y de actuación de Ministerio Publico encomiables-, los detenidos hayan sido golpeados brutalmente por otros internos de la misma cárcel, una situación que puede ser calificada como tortura bajo la normativa penal aprobada en 2016. Ésta adecuó nuestra legislación a la definición internacional de tortura. Que eso haya sucedido en un recinto carcelario sobre el cual Gendarmería tiene el deber de asegurar a todos los internos su seguridad personal, es una grave infracción a los deberes legales de ese servicio. Pero más preocupante es la aprobación pública que parece haber a ese tratamiento. ¿Incidirá en ello la nacionalidad de los detenidos? ¿Es tan difícil evitar el deseo de castigar por mano propia (en este caso por medio de otros procesados) lo que parece injusto? El caso parece mostrar que pese a la eficaz acción represora de esta ocasión, existe un amplio apoyo a acciones que se saltan las garantías básicas de defensa y tratamiento humanitario mínimo a un detenido. Esto debiera ser tan preocupante como que haya un castigo ejemplar de un hecho criminal tan grave como el homicidio de la trabajadora.

Sábado, 16 Junio 2018 00:00

Acuerdo Corfo-SQM: el deber de consulta

Escrito por

Columna publicada en El Mercurio Legal el 15 de junio de 2018, también se puede leer en Derecho UDP

Esta columna fue escrita junto a Cristóbal Carmona

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