Lunes, 28 Mayo 2018 00:00

Hacia una agenda de DD.HH. sin adjetivos Destacado

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*Carta publicada originalmente en La Tercera el 27 de Mayo de 2018

SEÑOR DIRECTOR

La carta de diputados UDI, publicada por su medio, criticando a la Subsecretaria de Derechos Humanos por asumir una “agenda de izquierda” y la posterior reunión con esa autoridad -en que se pide priorizar “una agenda de futuro”- es muestra de una general incomprensión de las exigencias que el sistema de DD.HH. hace a Chile.

Para los diputados pareciera que todo lo que tuviere que ver con avanzar en exigencias de verdad, justicia y debida reparación respecto a las violaciones de DD.HH. bajo dictadura fuera una “agenda de izquierda”, como si ellas no fueron obligaciones básicas del Estado, de todo Estado, ante gravísimos crímenes, que no solo exigen su investigación y sanción, algo por lo demás obvio, sino que, también su debida reparación integral. Eso es lo que justificaba, entre otras medidas, el proyecto de ley destinado a entregar un aporte único a las víctimas de DD.HH., que el gobierno retiró.

Reparar esos daños no es algo relativo al “pasado”, pues tiene que ver con cómo hoy se valoran esos hechos, se crean las instituciones y reglas que los previenen, cómo se educa, para que ellos no se repitan. Un ejemplo de esas instituciones, es el establecimiento de un mecanismo nacional en contra de la tortura, algo que, por lo demás, está explícito en el programa de gobierno de la actual administración. Bajo la dictadura se torturó porque antes, en democracia, ya se hacía. Y hoy se continua haciendo, como lo muestra una reciente querella interpuesta por el INDH en un caso sucedido en una comisaria de Arica.

En lo que pudieran tener alguna razón los parlamentarios es en la necesidad de que haya una agenda integral de DD.HH. Pero lo que se necesita es que ella tenga como punto de partida las exigencias que el sistema de DD.HH. hace al Estado y no las particulares perspectivas o intereses de algún sector, sea este el que fuere.

Tomas Vial

Tomás Vial Solar es profesor de derecho constitucional, abogado y posee los grados de Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile; LL. M (Legal Master) en Derechos Humanos, de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos; Magíster en Derecho Público, mención derecho constitucional, de la Pontificia Universidad Católica de Chile; y doctor en derecho, del University College London (UCL), Reino Unido.

Desde el 2004 fue Jefe del Departamento de Derecho Público de la Escuela de Derecho de la Universidad Andrés Bello y profesor de la misma cátedra derecho constitucional tanto en la Universidad Andrés Bello como en la Universidad Diego Portales.

Antes, se ha desempeñado como asesor jurídico en el Ministerio de Defensa y en la Secretaria General de la Presidencia, en su División Jurídica.

Participó en la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) como ayudante de investigación y ha sido miembro del directorio de Pro Acceso, una organización no gubernamental dedicada al derecho de acceso a la información.