Lunes, 25 Junio 2018 00:00

Tortura, venganza y presos ecuatorianos Destacado

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*Opinión publicada originalmente en La Tercera el 24 de Junio 2018

SEÑOR DIRECTOR

El brutal asalto y homicidio de una mujer que se dirigía en la madrugada a su trabajo, ha causado shock y justa indignación. A lo violento del hecho se sumó que los agresores parecieron celebrarlo, desplegando una muestra de inhumanidad que espanta.

Lo extremo del caso parece explicar (no justificar) que una vez detenidos e imputados -rápidamente en una muestra de eficacia policial y de actuación de Ministerio Publico encomiables-, los detenidos hayan sido golpeados brutalmente por otros internos de la misma cárcel, una situación que puede ser calificada como tortura bajo la normativa penal aprobada en 2016. Ésta adecuó nuestra legislación a la definición internacional de tortura. Que eso haya sucedido en un recinto carcelario sobre el cual Gendarmería tiene el deber de asegurar a todos los internos su seguridad personal, es una grave infracción a los deberes legales de ese servicio. Pero más preocupante es la aprobación pública que parece haber a ese tratamiento. ¿Incidirá en ello la nacionalidad de los detenidos? ¿Es tan difícil evitar el deseo de castigar por mano propia (en este caso por medio de otros procesados) lo que parece injusto? El caso parece mostrar que pese a la eficaz acción represora de esta ocasión, existe un amplio apoyo a acciones que se saltan las garantías básicas de defensa y tratamiento humanitario mínimo a un detenido. Esto debiera ser tan preocupante como que haya un castigo ejemplar de un hecho criminal tan grave como el homicidio de la trabajadora.

Tomas Vial

Tomás Vial Solar es profesor de derecho constitucional, abogado y posee los grados de Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile; LL. M (Legal Master) en Derechos Humanos, de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos; Magíster en Derecho Público, mención derecho constitucional, de la Pontificia Universidad Católica de Chile; y doctor en derecho, del University College London (UCL), Reino Unido.

Desde el 2004 fue Jefe del Departamento de Derecho Público de la Escuela de Derecho de la Universidad Andrés Bello y profesor de la misma cátedra derecho constitucional tanto en la Universidad Andrés Bello como en la Universidad Diego Portales.

Antes, se ha desempeñado como asesor jurídico en el Ministerio de Defensa y en la Secretaria General de la Presidencia, en su División Jurídica.

Participó en la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) como ayudante de investigación y ha sido miembro del directorio de Pro Acceso, una organización no gubernamental dedicada al derecho de acceso a la información.