Elementos filtrados por fecha: Mayo 2017

Iniciativa comenzó en 2016, impulsada por la  Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados UDP y otras organizaciones de la sociedad civil.

Publicado en Noticias

Santiago, 24 de mayo de 2017

 

El año 2016, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, en el marco del trabajo que realiza la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados, coordinó un proyecto impulsado por el Estado llamado #ChileReconoce, en el cual participaron diversas instituciones, tanto de la sociedad civil como públicas. Este buscaba reconocer la nacionalidad chilena a niños, niñas y adolescentes que al momento de nacer  fueron inscritos erróneamente como Hijos de Extranjero Transeúnte (HET), no reconociéndoseles la nacionalidad chilena, y encontrándose, por lo tanto, en riesgo de apatridia.

El próximo  jueves 25 de mayo al mediodía, en una ceremonia a realizarse en el Palacio de la Moneda y con la presencia de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, se  entregarán los resultados de ese trabajo  y se  informará sobre la continuidad del mismo. Al acto en La Moneda asistirán la profesora del la Clínica, Francisca Vargas Rivas, así como un grupo de alumnos/as y exalumnos/as de la misma, además de profesores y autoridades de Derecho UDP. “Nos gustaría que la Presidenta pudiera anunciar la ratificación de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y de la Convención para reducir los casos de apatridia”, señala Vargas.

 Este año, el Centro de DDHH UDP, junto a la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), se encuentran trabajando  en un proyecto sobre la misma temática, financiado por Open Society Foundations Justice Iniciative, el cual se enmarcará en  la segunda etapa de #ChileReconoce.

La apatridia es un tema sobre el cual la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados viene trabajando hace bastante tiempo. En 2015, junto a la Facultad de Derecho de la UAH y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), se presentó ante la Corte Suprema una reclamación de nacionalidad por 167 personas, en su mayoría niños, niñas y adolescentes, a quienes se les había desconocido la nacionalidad chilena y habían sido inscritos/as erróneamente como hijos de extranjero transeúnte (HET). A partir de dicha acción, el Estado rectificó sus partidas de nacimiento y se comprometió a ejecutar acciones tendientes a identificar al resto de las personas afectadas (se calculaban en unas tres mil),  y a promover la rectificación de sus partidas de nacimiento. Hecho que  se sumó  al cambio de criterio administrativo ocurrido en 2014 respecto de qué es transeúnte para efectos de inscripción de nacimientos, tras diverso fallos emitidos por el máximo tribunal que ordenaban otorgar la nacionalidad chilena a hijos de migrantes en situación irregular, en virtud de la Convención Internacional de Derechos del Niño. Muchos de esos recursos fueron presentados por la Clínica Jurídica UDP.

Todo lo anterior se inscribe además en la campaña del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) #IBelong, para acabar con la apatridia en el mundo en un plazo de 10 años 2014-2024 http://www.unhcr.org/ibelong/es/

Publicado en Noticias

El 4 de mayo de 2017 la Corte Suprema de justicia confirmó el fallo apelado de fecha 17 de enero de 2017 de la Corte de Apelaciones de Santiago, que falló en favor don Adeneys Bequer, señalando que la conducta del Servicio de Registro Civil e Identificación, era arbitraria. El Registro Civil había negado la celebración de un Acuerdo de Unión Civil (AUC) con su pareja. La Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la UDP había argumentado ante los tribunales que esta negativa vulneraba el derecho a la igualdad ante la ley.

El señor Bequer ingresó a Chile en febrero de 2016. Su ingreso fue por vía irregular no porque su intención fuera contravenir la normativa chilena, sino porque no vio otra forma de poder salir de su país de origen. Desde que se auto denunció ante Policía de Investigaciones durante el mismo mes, ha intentado regularizar su situación migratoria. Hace más de un año conoció a su pareja, Luna Rosenmann de nacionalidad chilena, y quisieron consolidar su relación mediante un AUC. Así, en noviembre del año pasado, fueron a solicitar hora para celebrar dicho acuerdo, y la misma les fue denegada por el Registro Civil, exigiéndole a Adeneys regularizar su situación migratoria en el país y poseer documentación de identidad chilena.

La Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados argumentó – y la Corte Suprema le dio la razón – que la exigencia del Registro Civil fue ilegal y arbitraria, pues el Sr. Bequer cumplía todos los requisitos establecidos por la ley para poder contraer AUC, contando además con un pasaporte vigente que le permite acreditar su identidad. A estos efectos, es importante señalar que la parte recurrida argumentaba que la ley de extranjería, D.L. N° 1.094, establece que las personas extranjeras deben acreditar su residencia legal en el país y demostrar que se encuentran habilitados para la celebración del acto o contrato requerido. En respuesta a ello, la Corte de Apelaciones de Santiago señaló que la interpretación armoniosa de esa norma con las demás que regulan el AUC y los derechos humanos establecidos en la Constitución y tratados internacionales, no pueden nunca interpretarse de manera que tal que menoscaben derechos fundamentales.

La Corte Suprema fue aún más allá, señalando que la norma que establece el requisito de acreditación de residencia se encontraría tácitamente derogada. Por lo anterior, y sobre la base del respeto a los derechos humanos, no hay impedimento alguno para que Adeneys pueda contraer AUC y el Registro Civil deberá proceder a otorgar a los recurrentes una hora para la celebración de dicho acuerdo y reconocerles su derecho a contraerlo.

En razón de lo anterior, estamos muy contentos y contentas de que el Sr. Bequer y su pareja Srta. Rosenmann, podrán solicitar hora para contraer AUC y así consolidar su vínculo, tal cual ellos lo han elegido.

 

Créditos de la fotografía: Emol

Publicado en Noticias

A principios de mayo el Observatorio de Justicia Transicional continuó su trabajo sobre la desaparición forzada, lanzando el documento Relatoría del seminario internacional sobre el tema que se realizó en la UDP en enero de 2017.  El lanzamiento tomó lugar en el Instituto de DDHH de la Universidad Catolica del Peru, en el contexto de un seminario con familiares peruanos que conto también con la participación de destacados expertos internacionales desde la ONU, Drs., Rainer Huhle y Ariel Dulitzky.  Al día siguiente Cath Collins, Directora del Observatorio, lideró dos paneles académicos sobre aspectos forenses, judiciales y humanitarios de la búsqueda de personas desaparecidas en Chile, en el marco de la Conferencia anual del Latin American Studies Association.

 

El trabajo del Observatorio también está representado en dos libros internacionales, publicados durante la segunda semana de mayo.  El primero, sobre Desaparición Forzada y Justicia de Transición en America Latina. El segundo, sobre Crímenes Sexuales y Justicia de Transición en América Latina: Judicialización y Archivos.

 

Ambos son publicados por el Ministerio de Justicia de Brasil y la Red Latinoamericana de Justicia Transicional, del cual el Observatorio forma parte.

Publicado en Noticias

El Registro Civil se había negado a celebrar la unión debido a que el ciudadano extranjero no contaba con cédula de identidad chilena y residencia legal en el país.

Publicado en Noticias
Martes, 09 Mayo 2017 00:00

Inconsistencias políticas

La legalización del aborto en tres causales ha suscitado una ardua discusión que es esperable en un tema en que hay legítimas diferencias en una sociedad. Por un lado habrá aquellos que consideran que a las mujeres no se les puede exigir conductas heroicas o de mártires que el derecho no le exige a ninguna otra persona, y la interrupción de un embarazo es una decisión individual de la mujer en su condición de sujeto autónomo y su proyecto de vida, que incluye por cierto abortar cuando el ser en gestación tiene malformaciones fetales graves que hace nula o casi nula su supervivencia fuera del vientre materno.

Por otro lado, habrá aquellos que defienden la sacralidad de la vida, y que ésta independiente de que ponga en riesgo la vida o la salud de una mujer deba mantener un embarazo, y que nadie tendrá derecho ni siquiera la madre de mantener esa gestación aunque sea lo único que mantenga vivo al feto. En la Cámara de Diputados la mayoría ha votado a favor, en general y en particular, de las tres causales, y en el Senado ya existe un apoyo general al proyecto. En estas semanas se irán votando cada una de las tres causales, que demás está decir concitan un amplio apoyo de la ciudadanía.

Este debate no es nuevo, pero cobra un nuevo aire. El más memorable caso que dio paso a la presentación de un proyecto de ley en 2003 fue a partir del caso de una mujer de 27 años con dos hijos que gestaba un embarazo parcial molar de un feto con una trisomía de aquellas que hoy se señalan como malformaciones letales.

El caso es pertinente para la discusión actual, ya que quien fuera Ministro de Salud de la época, Osvaldo Artaza, respondió públicamente a la solicitud de la mujer que no había norma legal que permitiera la realización de un aborto y se le podría ayudar con apoyo técnico y social.

Griselle fue intervenida a las 21 semanas porque no sólo había una malformación grave sino además la presencia de una mola, los diarios informaron que hubo una interrupción de la gestación y no un aborto (El Mercurio 14, 16 y 17 de enero, 2003).

Así, el ministro salvó su conciencia de aparecer autorizando un aborto, en los hechos no se salvó su conciencia de haber expuesto a una mujer a mayor sufrimiento y riesgo serio en su vida.

Las acciones de Artaza hoy cobran mayor importancia, en su condición de ministro puso de manifiesto que en aras de su convicción personal no se permitiría actuación alguna, Artaza hoy actúa como ciudadano, con el derecho que todos tenemos a debatir públicamente. En su condición de médico ha llamado a que no se apoye el proyecto de las tres causales (El Mercurio 16, 2016) aduciendo que el primer derecho es a nacer y que la labor de los médicos es asegurar el nacimiento aun cuando haya una supuesta inviabilidad fetal (el énfasis es propio).  

Lo alarmante de esta posición es que ganó adeptos en el Senado con la indicación presentada por el senador Zaldívar quien propone que la mujer se le presente la opción de adelantar el parto a partir de las 22 semanas o 500 gramos de peso independiente si la malformación haya sido diagnosticada muy tempranamente. También propone que la mujer tenga un período de, al menos, dos semanas de reflexión. Zaldívar se nutrió de la argumentación de Artaza, salva su conciencia llevando el embarazo casi hasta las 24 semanas, denominando esta acción parto. No le importa el sufrimiento o lo que le suceda a la mujer. En esta lógica, la mujer del caso de 2003, debió esperar a las 22 semanas si se podía. No recuerdo los apoyo de la gestión Artaza en su momento.

Aquí el senador Zaldívar busca presentarse a favor de un proyecto cuando en realidad está en contra, cuando se habla de dos paciente, y se niega la atención oportuna a una mujer, se niega su condición de persona y paciente, cuando se refiere a la interrupción de la gestación como el adelantamiento de un parto, se busca salir al paso de situaciones que son difíciles sin arriesgar que no hay sinceridad en la preocupación de la vida ni la salud de las mujeres.

Publicado en Blog-Opinion