Elementos filtrados por fecha: Abril 2018

Estimadas y estimados colegas

Nos complace dejar a su disposición el boletín informativo número 45 del Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales, que cubre noticias en justicia, verdad, reparaciones y memoria en Chile y la región durante los meses de enero y febrero de 2018.

Entre las noticias principales de dicho periodo se destaca el importante fallo de la CSJ en materia de indemnización (reparación por vía jurídica) en el caso de la demanda interpuesta por la sobreviviente Sra. Luisa Lara Reyes, en ejercicio de sus derechos a verdad, justicia y reparación. Además, la preocupante continuación y acentuación de la preocupante tendencia de utilizar al Tribunal Constitucional como un espacio para impedir, ralentizar, o cuestionar la labor de la CSJ en materia de causas DDHH. Ambos hitos son analizados en nuestro Boletín por columnistas/ investigadores invitados, con conocimiento cercano de los referidos hechos (ver secciones A2 y A3 del Boletín, así como documentos adjuntos sobre el Tribunal Constitucional).

Ciertamente el periodo fue marcado también por los recambios de autoridades, ministeriales y otros, producido por la toma de posesión del gobierno presidido por Sebastián Piñera. Las implicancias más inmediatas de aquello en materia de justicia transicional serán material de nuestra próxima edición, número 46, cubriendo marzo y abril. Sin embargo es menester señalar que en relación a tendencias generales en materia de justicia, los dichos del nuevo Ministro de Justicia Hernán Larraín – largamente asociado con la secta Colonia Dignidad – en aras de que los jueces chilenos serian ‘de izquierda’, y sus tareas incluirían revertir este supuesto sesgo, suscitaron una temprana polémica y el enérgico rechazo del Ministro Milton Juica, vocero de la CSJ.

Más recientemente, el 14 de abril de 2018, un memorial en la ciudad porteña chilena de Valparaíso que recuerda y homenajea a centenares de activistas sociales, opositores políticos, estudiantes y obreros asesinados o hechos desaparecer por la dictadura cívico-militar, fue atacado por personas desconocidas, quienes inscribieron la leyenda ‘VIVA PINOCHET’ por sobre los nombres conmemorados. En los días siguientes, más de 60 representantes de organizaciones sociales, de familiares, de ex presas y presos políticos, y de defensa de los DDHH se concentraron para repudiar el hecho, recuperar el memorial, y enviar un fuerte mensaje de condena a quienes intentan de esta manera enlodar la memoria de las personas reprimidas por la dictadura y ensalzar al fallecido ex dictador.

El hecho, que ha sido denunciado ante las autoridades policiales y fiscales correspondientes, es uno más en una secuencia de ataques de vandalismo que ha afectado a varios de las decenas de iniciativas de memoria que sobrevivientes, familiares y defensores de DDHH han logrado edificar a lo largo del país. También ocurre en un contexto reciente y creciente de negacionismo, revisionismo y falsificación de la historia reciente. Bajo el nuevo gobierno entrante correspondería configurarse un plan de manejo y cuidado de sitios de memoria, como parte de un necesario esfuerzo serio y permanente de parte del Estado chileno de garantizar a toda la sociedad, los derechos a verdad, justicia, reparación y garantías de no-repetición.

Equipo Observatorio de Justicia Transicional

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Boletín N°45
Informe de Antecedentes Causas DDHH en Tribunal Constitucional
Anexo 1. Causas sobre Crímenes de Lesa Humanidad ante el Tribunal Constitucional

*Opinión publicada originalmente en La Tercera el 20 de Abril de 2018

Señor Director

Las declaraciones del diputado UDI Ignacio Urrutia relativas a que las víctimas de la dictadura eran terroristas han provocado un justo y generalizado rechazo, incluido el del ministro de Justicia y Derechos Humanos. Ellas demuestran, en las palabra de este último “su desprecio a los DD.HH.”. Sin embargo, tanto o más serias fueron las declaraciones del excandidato José Antonio Kast, pues para éste las declaraciones de Urrutia, mas allá de la forma, muestran un gran verdad: que hay organizaciones, dirigentes y parlamentarios que llevan años lucrando con los DD.HH. en Chile. Dos observaciones a lo dicho por Kast. Una, que lo señalado por Urrutia no es un problema de “forma”, pues no hay modo alguno de no entender sus declaración como expresión de un grave desprecio a las injusticia y horrores que sufrieron muchos chilenos bajo la dictadura. Ellas demuestran un grado de inhumanidad que es, en definitiva, el que explica que esos hechos sucedieran en Chile.

Segundo, la aseveración de Kast sobre el lucro de las víctimas niega de raíz que ellas tengan un derecho a la reparación. ¿Cuánto cuesta un hijo desaparecido? ¿Cuánto un período de tormento y torturas en las celdas de la Dina? ¿Hay alguna forma humanamente razonable de reparar el terrible daño infligido a tantos por los agentes del Estado? La verdad es que lo que las víctimas han recibido -y aún a muchas se le adeuda- es solo el mínimo, que han obtenido tras décadas de lucha por la justicia.

Todo ese triste episodio muestra que aun falta mucho en Chile para que se reconozca en toda su amplitud el mal que infligió un gobierno de fuerza sobre los habitantes de este país, y, por consiguiente, la necesidad aun viva de verdad, justicia y reparación efectivas. Muestra también que es indispensable que el nuevo gobierno tenga una política comprehensiva y coherente en esta materia.

Tomás Vial Solar
Profesor y miembro del Centro de Derechos Humanos de la UDP

Publicado en Blog-Opinion

*Carta publicada originalmente en El Mostrador, el 10 de Abril de 2018


Señor Director:

Es posible que a varias de nosotras nos haya pasado que vamos al cumpleaños de un amigo de una amiga y, a la hora de cantar la canción de estas ocasiones, no sabemos a quién le estamos cantando. Se produce un silencio en el salón y alguien desde atrás susurra, en medio de la melodía: “¡Gonzalo!”. Todos, entonces, entonan: “¡Feliz cumpleaños Gonzalo, que los cumplas feliz!”

Así nos sentimos cuando nos invitaron desde La Moneda, con muy poca convicción el fin de semana, a la firma de las indicaciones al proyecto de Ley de Migración y Extranjería presentado en 2013, y que ha vuelto a tener movimientos en las últimas semanas. ¿Qué contienen estas indicaciones? ¿Se tomaron en cuenta los planteamientos de expertos y expertas? ¿Se escuchó la voz de la sociedad civil migrante y que trabaja con migrantes? ¿A quién estamos cantando el cumpleaños feliz?

Debido a que estaríamos celebrando a un desconocido, decidimos no ir, pues, mal que mal, en el asunto de las migraciones —en el que trabajamos desde hace ya casi 10 años— no podemos aplaudir cualquier cosa. No podemos celebrar la visión utilitarista, securitista y economicista de las migraciones, ni la existencia de visas consulares dispuestas a rajatabla sin otros mecanismos, que solo ocasionan perjuicios a las personas migrantes y al Estado. No podemos ovacionar la criminalización de las migraciones, la ausencia de un debido proceso y menos las trabas en el acceso a derechos fundamentales. No podemos festejar si no sabemos si se otorgará la nacionalidad chilena a hijos e hijas de personas migrantes nacidos en Chile, con independencia de la situación migratoria de sus padres, algo en lo cual ha habido grandes avances en los últimos 5 años. No podemos, después de no ser escuchadas ni nosotras ni el resto de las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en la materia, hacer como si nada hubiera pasado. No podemos, en fin, aplaudir, sin saber qué estamos aplaudiendo.

Lidia Casas Becerra
Directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales

Francisca Vargas Rivas
Directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales

Publicado en Blog-Opinion

Acerca del anuncio en materias de migraciones que presentó este lunes el Gobierno de Sebastián Piñera, las organizaciones migrantes y pro migrantes hacemos presente nuestra profunda preocupación por tanto el contenido, la forma y los tiempos con que se están tratando estos cambios en la normativa migratoria.

Valoramos la creación de un Servicio Nacional de Migración, con facultad de ejecutar la política migratoria; el proceso de regularización extraordinario que se efectuará en los próximos meses, que se garantice el acceso al derecho de salud, educación y derechos laborales sin discriminar por situación migratoria y que se amplíen los Ministerios participantes en el Consejo de Política Migratoria, aunque nos sorprende la ausencia del Ministerio del Trabajo.

Junto a lo anterior, existen 7 puntos claves los que nos generan preocupación del anuncio presentado ayer:

1.- Nos parece arbitrario que el acceso a la seguridad social y beneficios de cargo fiscal, sólo puedan ejercerse luego de dos años de residencia en el país.

2.- Más que expulsiones expeditas necesitamos que se cumpla el debido proceso. Un Estado no puede desentenderse de esto. Al mencionar una reconducción inmediata de la persona migrante, nos preguntamos qué va a suceder, por ejemplo, con las víctimas de tráfico que ingresan por pasos no habilitados.

3.- En dos semanas se va a eliminar la visa temporaria por motivos laborales. Actualmente cerca del 70% de las solicitudes de visa son bajo este formato, mostrando una nueva realidad en el flujo migratorio. Creemos que la premura en esta medida no contribuye al objetivo de una migración segura, ordenada y regular, ya que no genera un proceso oportuno de información.

4.- La imposición de visas consulares solo genera un flujo más inseguro y nuevas vías de ingreso irregular al territorio. El 2012 se impuso la visa consular a ciudadanos de RepúblicaDominicana y generó el aumento en un 4550% (2012 - 2016) en ingresos por pasos no habilitados de estas personas, generando un incentivo para las redes de tráfico.

5.- Desaprobamos la idea de establecer la prohibición de cambio de estatus migratorio de una persona migrante dentro del territorio nacional, y la obligación de solicitar permisos de residencia desde un consulado chileno en el país de origen de la persona.Sin comprender que los proyectos migratorios pueden modificarse, olvidando una mirada integral de la movilidad humana.

6- Nos preocupa el claro sesgo existente frente a las personas provenientes de Haití. Cuando son la sexta nacionalidad de extranjeros con mayor presencia en Chile y los ingresos son menores que los ciudadanos venezolanos. ¿Por qué se establece sólo para ellos un visado consular? ¿Qué se espera de esta medida?

7.- En el caso de las visas humanitarias éstas debieran entregarse justamente por razones humanitarias y no por nacionalidad.

Rechazamos profundamente la mirada utilitarista y economicista que manifiesta el Estado en relación a la migración. Enfatizamos que la migración es una cuestión de derechos humanos y no un fenómeno que se controla de acuerdo a las necesidades o intereses de un Estado.

Uno de los grandes errores de los dos proyectos anteriores fue no generar un proceso participativo previo con las organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales, que trabajan día a día con las personas migrantes. Lamentamos nuevamente la nula participación de la sociedad civil en este proceso. Las organizaciones migrantes seguiremos trabajando por una migración con enfoque de derechos y estamos abiertos a dialogar para generar una mejor política migratoria. Creemos profundamente en que todos merecemos la misma dignidad no por nuestra nacionalidad, sino por ser humanos.

Convocan:


Servicio Jesuita a Migrantes
Movimiento de Acción Migrante
Eduardo Thayer - Académico Universidad Central
Carolina Stefoni - Académica, Directora del Programa Interdisciplinario de Estudios Migratorios
(PRIEM), Universidad Alberto Hurtado.
Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales
Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado
Fundación Superación de la Pobreza
Mesa por una Educación Intercultural
Coordinadora Nacional de Inmigrantes
Revista Sur
Observatorio Ciudadano
Sara Joiko – Académica, Estudiante de Doctorado, UCL Institute of Education
Leonora Beniscelli – Académica/ Colectivo Trama
Fernanda Stang – Académica Programa Interdisciplinario de Estudios Migratorios (PRIEM),
Universidad Alberto Hurtado.

Publicado en Clínicas Jurídicas
Domingo, 08 Abril 2018 00:00

Niños y proyecto de identidad de género

*Carta publicada originalmente en La Tercera el 8 de Abril de 2018

SEÑOR DIRECTOR

El proyecto de ley sobre el derecho a la identidad de género, que está en comisión mixta en el Congreso, ha provocado una intensa polémica dentro de la coalición de gobierno, pese a que inicialmente no estaba contemplado en su agenda legislativa ni en el programa de gobierno. Esta situación demuestra lo dinámico de la política explicada en la frase que se atribuye al ex primer ministro laborista británico Harold Wilson: “en política una semana es mucho tiempo”.

El hueso de la disputa ha sido si el proyecto incluye a niños, niñas y adolescentes. Mucho se podría argumentar que hay sobradas razones para que deba hacerlo, pero dado el debate parlamentario quizá sea bueno recordar la opinión consultiva (OC-24/17) que en noviembre del año pasado emitió la Corte Interamericana sobre este tema, tras una consulta de Costa Rica. La Corte señaló que los niños son también titulares del derecho a la identidad de género, al igual que los adultos, y que deben ejercerlo en forma progresiva, a medida que desarrollen un mayor nivel de autonomía, amén de que en todo procedimiento deben ser escuchados. El tribunal menciona como ejemplo de buena práctica la ley argentina de 2002, sobre derecho a identidad, que permite a los menores de 18 años pedir el cambio de registro, por medio de sus representantes legales, y en caso de que no sea posible se deja a la decisión judicial, de acuerdo con los principios de la Convención de Derechos del Niño.

Esta opinión tiene fuerza autoritativa para los estados miembros del sistema interamericano, entre ellos Chile. La conclusión, jurídica y política, que se debe sacar es que si el Congreso aprueba un proyecto de ley que no incluya a los niños, ese acto del Estado, en el caso de haber una denuncia ante el sistema interamericano, será entendido con toda probabilidad por la Comisión Interamericana y por la misma Corte como una contravención a la Convención Americana de DD.HH., generando la correspondiente responsabilidad internacional.

Tomás Vial Solar
Profesor e investigador del Centro de Derechos Humanos UDP

Publicado en Blog-Opinion