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El Profesor Felipe González Morales, de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, fue designado como Relator Especial sobre Derechos de los Migrantes de Naciones Unidas. El nombramiento fue realizado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, luego de un concurso abierto en el que participaron especialistas de todo el mundo. El Profesor González posee una amplia experiencia en la materia, habiéndose desempeñado durante ocho años como Relator sobre Migrantes y Refugiados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y participado en numerosas iniciativas en la materia, dirigiendo misiones de observación de la situación de migrantes y refugiados en Estados Unidos, México, la frontera de Colombia y Venezuela, República Dominicana y otros países. Felipe González asumirá como Relator Especial en el mes de julio por un período de tres años.

Felipe González es profesor titular de la  Facultad de Derecho UDP, donde dicta la cátedra de Derecho Internacional. También es Director del Magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de esta universidad. Fue Presidente de la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2010-2011), donde se desempeñó además como Comisionado y Relator sobre Migrantes y Refugiados entre 2008 y 2015. Anteriormente se desempeñó como Director del Centro de Investigaciones Jurídicas y fundó y  dirigió el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Fue asimismo fundador y primer director de una Red Latinoamericana de Clínicas Jurídicas de Derechos Humanos. Además ejerció como Representante para América Latina del International Human Rights Law Group. Es Profesor Honorífico en la Universidad Carlos III de Madrid, donde imparte clases en diversos programas de posgrado desde 2003. Posee un Doctorado y un Máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por dicha Universidad y una Maestría en Derecho Internacional de American University, en cuya Academia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario es Profesor desde 2001. Ha sido Profesor Visitante o invitado en numerosas universidades de América Latina, España y Estados Unidos. Además, autor de numerosas publicaciones en las materias de las que se ocupa.

Cabe mencionar que actualmente la realidad de los migrantes y refugiados en Chile es una de las áreas de trabajo más importantes del Centro de Derechos Humanos  de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, ya sea a través de su Informe de Derechos Humanos, como de su Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados.

Ver funciones del Relator Especial aquí.

 

 

Los días 30 y 31 de mayo de 2017, en San José de Costa Rica, la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego portales participó en el evento “Construyendo la Red de Apoyo Legal para los Refugiados en las Américas”, a cargo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

En el evento, la profesora Francisca Vargas Rivas, tuvo la oportunidad de exponer respecto del trabajo que realiza la Clínica, destacando las buenas prácticas y los desafíos pendientes.

La idea del evento era conversar y aprender sobre el panorama regional y desafíos en derechos humanos con enfoque en asilo, iniciativas relacionadas el derecho internacional de los refugiados, investigación en torno al tema, litigio estratégico, proyectos y experiencias en el trabajo con las comunidades y el trabajo de las clínicas legales. Lo anterior con el fin de sentar la misión, visión y objetivos de la Red de Apoyo Legal para los Refugiados en las Américas (RALRA). “La experiencia de la Clínica, su forma de trabajo y la incidencia que se ha logrado, es lo que las personas participantes más valoraron”, señaló la profesora Vargas Rivas.

Así, al final del evento, se creó la red, que contempla a instituciones desde Canadá hasta Chile, dentro de las cuales se encuentra nuestra Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad. La red, tiene como objetivo la coordinación y el fortalecimiento de instituciones que brinden apoyo legal a personas necesitadas de protección en contextos transfronterizos.

Por su parte, la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados aprovechó la instancia para entregar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un documento elaborado por sus estudiantes y una ayudante, en relación a la aplicación de los estándares de la Opinión Consultiva N° 21 del año 2014 sobre derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o necesidad de protección internacional, en los casos que ha llevado y lleva la Clínica relativos a expulsiones de personas migrantes padres o madres de niñas y niños, con la idea de que ello sirviera para ilustrar lo que consideramos es un panorama general respecto del tema. El documento fue recibido con agradecimientos por parte de la Corte.

Para descargar el informe que la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la UDP presentó ante la Corte Interamericana, pinchar aquí

Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público y DDHH UDP alegará inconstitucionalidad de formalización de ex director del medio.

A fines del 2015, el diario online El Dínamo publicó fotografías de una conversación de Whatsapp del diputado Guillermo Ceroni (PPD) mientras estaba en una sesión en el Congreso Nacional. El contenido de las conversaciones era de carácter sexual e implicó que el parlamentario revelará a la opinión pública su homosexualidad.

La publicación generó una serie de debates sobre la ética de los medios de comunicación, la libertad de expresión y sus límites respecto a la vida privada de las personas. Motivó además que Guillermo Ceroni emprendiera acciones legales contra los involucrados en la difusión de las conversaciones.

En febrero de 2016, el director de El Dínamo, Juan Marcelo Ibáñez, fue despedido y formalizado por su responsabilidad en la divulgación de las conversaciones, pese a que no participó en la decisión de publicar las fotos de los mensajes de texto del diputado Ceroni. El periodista estaba de vacaciones y se informó de lo sucedido horas después.

Como antecedente al caso, está el llamado “Piñeragate”. En 1992 se hizo público el audio de una grabación de la conversación entre Sebastián Piñera y Pedro Pablo Díaz. Entonces, Piñera competía contra Evelyn Matthei para las elecciones presidenciales. La conversación reveló que Piñera le pedía a Díaz influir en los moderadores de un debate televisivo para perjudicar la imagen y credibilidad de Matthei.

El hecho culminó con la  modificación  el Artículo 161-A del Código Penal, que sanciona la difusión de conversaciones privadas. Dicha norma permitió que el Juzgado de Garantía de Valparaíso procesara a Juan Marcelo Ibáñez y a otras cuatro personas.

Cristián De Feudis, abogado del periodista, recurrió al Tribunal Constitucional (TC) y solicitó la asesoría de la Clínica Jurídica de la Universidad Diego Portales en calidad de amicus curiae (un tercero en el litigio) y en defensa del interés público. El TC negó que la Clínica AIP alegara en tal calidad, quedando su participación limitada al desarrollo de argumentos jurídicos en apoyo a que se declare inconstitucional la decisión del juzgado.

Regla viola libertad de expresión

La ley que se aplicó para sancionar a Ibáñez “es una regla que viola la libertad de expresión”, dice el abogado Cristián Riego, profesor de la Clínica Jurídica de Acciones de Interés público y Derechos HumanosUDP. Explica que “no debe ser aplicada cuando esa información la utiliza un periodista para exponer hechos de interés público”.

“Cuando se trata de un funcionario público, el umbral de protección de su privacidad es mucho más bajo”, afirma Riego. “Para los que pagamos impuestos, es de interés público conocer las actividades que desarrollen los parlamentarios respecto a sus responsabilidades en el Congreso. Ese criterio es suficiente para no sancionar a un periodista”, agrega.

Actualmente, Juan Marcelo Ibáñez trabaja en el área comunicacional de la Fundación Daya, organización que investiga sobre el uso medicinal del Cannabis. Explica que el caso “afectó mi vida profesional y mi credibilidad como periodista”. Advierte que si él recibe una sanción (la parte querellante pide hasta cuatro años de cárcel), el ejercicio del periodismo y su rol en la democracia se verá perjudicado. “Los periodistas podrán autocensurarse ante la posibilidad de recibir una sanción de estas características”, precisa.

Sin duda, este caso supone un choque de derechos entre la divulgación de aspectos relacionados con la vida privada de las personas, la del diputado Ceroni,  y el ejercicio del derecho a la libertad de expresión al que apelan los medios de comunicación.

Nos complace poner a disposición del público el Informe Relatoría II "¡Hasta encontrarlos! Avances y desafíos en la búsqueda de las y los desaparecidos”. El informe, de autoría de Mario Cépeda y editado por Cath Collins, recoge experiencias comparadas de Chile, Perú, El Salvador, y Sri Lanka en hacer frente a la Desaparición Forzada.  Las intervenciones fueron realizadas por familiares, profesionales nacionales, y dos expertos de la ONU en un seminario realizado el 27 de abril del presente año, en Lima Perú, en el marco de la conferencia anual del Latin American Studies Association, LASA.  La actividad es la segunda en una serie protagonizada por el Observatorio de Justicia Transicional en asociación con el Latin American Studies Association y Ulster University, Irlanda del Norte. Este segundo seminario fue anfitrionado por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica y el Equipo Peruano de Antropología Forense, y fue la culminación de un día de actividades que incluía una Ruta Memoria, en que casi 100 visitantes de diversos países recorrían los principales sitios conmemorativos limeños relacionados con el conflicto armado interno de 1980 a 2000.  También se realizaron dos momentos de cineforo, incluyendo el documental ‘Ministros en Visita en Causas DDHH: El Caso Paine’ realizado por el poder judicial chileno. 

DESCARGA EL INFORME RELATORIA II, “¡HASTA ENCONTRARLOS! AVANCES Y DESAFIOS EN BUSQUEDA DD” AQUÍ.

 

DESCARGAR EL INFORME ANTERIOR, RELATORIA I: “DESAPARICION FORZADA, COMPROMISOS Y ACTUALIDAD CHILE Y PERU’, AQUÍ.

Estudiantes de la Facultad de Derecho UDP triunfaron en la Primera Competición en Litigación Internacional, derechos humanos de personas migrantes y obligaciones internacionales de los Estados, Moot Court de la Universidad de Alcalá en Madrid.

Las alumnas de quinto año de Derecho UDP, Natalia Gejman y María Paz Díaz, se impusieron a la Universidad Libre de Colombia, en la audiencia final del certamen. Las estudiantes chilenas se encontraban acompañadas por la profesora Consuelo Navarro, y el ayudante Sebastián Latorre, los cuales viajaron en calidad de coaches.

Doce fueron los equipos en competencia en el certamen que se realizó desde el 5 al 9 de junio, siendo  la UDP  la única universidad chilena participante. Previamente, el equipo había presentado un documento escrito que quedó seleccionado en segundo lugar, “por lo que estamos muy satisfechas  y optimistas con ese resultado”, señaló Navarro antes de partir.

El nuevo concurso de derechos humanos para estudiantes de Derecho está dirigido a universidades Iberoamericanas, por lo que  la competencia  se desarrollará en español y tendrá como objeto el estudio de un caso hipotético ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Éste fue  preparado por el Dr. Manuel Ventura Robles (ex Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos), y trata sobre una demanda inter-estatal relacionada con los derechos humanos de las personas migrantes y las obligaciones internacionales de los Estados.

Más sobre el concurso

Los objetivos del concurso son: Perfeccionar la formación jurídica de los futuros abogados litigantes ante los tribunales internacionales de derechos humanos; profundizar en el estudio de los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos desde una perspectiva eminentemente práctica; y auspiciar la creación de una red iberoamericana de abogados y juristas expertos en la litigación internacional.

“Para alcanzar adecuadamente estos objetivos la Universidad de Alcalá ofrece a los participantes la posibilidad de reforzar sus conocimientos a través de un curso de formación en litigación internacional. Quienes participen en la competición podrán cursar en condiciones preferentes el curso de formación en litigación internacional”, señalaba la convocatoria.

Iniciativa comenzó en 2016, impulsada por la  Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados UDP y otras organizaciones de la sociedad civil.

Santiago, 24 de mayo de 2017

 

El año 2016, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, en el marco del trabajo que realiza la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados, coordinó un proyecto impulsado por el Estado llamado #ChileReconoce, en el cual participaron diversas instituciones, tanto de la sociedad civil como públicas. Este buscaba reconocer la nacionalidad chilena a niños, niñas y adolescentes que al momento de nacer  fueron inscritos erróneamente como Hijos de Extranjero Transeúnte (HET), no reconociéndoseles la nacionalidad chilena, y encontrándose, por lo tanto, en riesgo de apatridia.

El próximo  jueves 25 de mayo al mediodía, en una ceremonia a realizarse en el Palacio de la Moneda y con la presencia de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, se  entregarán los resultados de ese trabajo  y se  informará sobre la continuidad del mismo. Al acto en La Moneda asistirán la profesora del la Clínica, Francisca Vargas Rivas, así como un grupo de alumnos/as y exalumnos/as de la misma, además de profesores y autoridades de Derecho UDP. “Nos gustaría que la Presidenta pudiera anunciar la ratificación de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y de la Convención para reducir los casos de apatridia”, señala Vargas.

 Este año, el Centro de DDHH UDP, junto a la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), se encuentran trabajando  en un proyecto sobre la misma temática, financiado por Open Society Foundations Justice Iniciative, el cual se enmarcará en  la segunda etapa de #ChileReconoce.

La apatridia es un tema sobre el cual la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados viene trabajando hace bastante tiempo. En 2015, junto a la Facultad de Derecho de la UAH y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), se presentó ante la Corte Suprema una reclamación de nacionalidad por 167 personas, en su mayoría niños, niñas y adolescentes, a quienes se les había desconocido la nacionalidad chilena y habían sido inscritos/as erróneamente como hijos de extranjero transeúnte (HET). A partir de dicha acción, el Estado rectificó sus partidas de nacimiento y se comprometió a ejecutar acciones tendientes a identificar al resto de las personas afectadas (se calculaban en unas tres mil),  y a promover la rectificación de sus partidas de nacimiento. Hecho que  se sumó  al cambio de criterio administrativo ocurrido en 2014 respecto de qué es transeúnte para efectos de inscripción de nacimientos, tras diverso fallos emitidos por el máximo tribunal que ordenaban otorgar la nacionalidad chilena a hijos de migrantes en situación irregular, en virtud de la Convención Internacional de Derechos del Niño. Muchos de esos recursos fueron presentados por la Clínica Jurídica UDP.

Todo lo anterior se inscribe además en la campaña del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) #IBelong, para acabar con la apatridia en el mundo en un plazo de 10 años 2014-2024 http://www.unhcr.org/ibelong/es/

El 4 de mayo de 2017 la Corte Suprema de justicia confirmó el fallo apelado de fecha 17 de enero de 2017 de la Corte de Apelaciones de Santiago, que falló en favor don Adeneys Bequer, señalando que la conducta del Servicio de Registro Civil e Identificación, era arbitraria. El Registro Civil había negado la celebración de un Acuerdo de Unión Civil (AUC) con su pareja. La Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la UDP había argumentado ante los tribunales que esta negativa vulneraba el derecho a la igualdad ante la ley.

El señor Bequer ingresó a Chile en febrero de 2016. Su ingreso fue por vía irregular no porque su intención fuera contravenir la normativa chilena, sino porque no vio otra forma de poder salir de su país de origen. Desde que se auto denunció ante Policía de Investigaciones durante el mismo mes, ha intentado regularizar su situación migratoria. Hace más de un año conoció a su pareja, Luna Rosenmann de nacionalidad chilena, y quisieron consolidar su relación mediante un AUC. Así, en noviembre del año pasado, fueron a solicitar hora para celebrar dicho acuerdo, y la misma les fue denegada por el Registro Civil, exigiéndole a Adeneys regularizar su situación migratoria en el país y poseer documentación de identidad chilena.

La Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados argumentó – y la Corte Suprema le dio la razón – que la exigencia del Registro Civil fue ilegal y arbitraria, pues el Sr. Bequer cumplía todos los requisitos establecidos por la ley para poder contraer AUC, contando además con un pasaporte vigente que le permite acreditar su identidad. A estos efectos, es importante señalar que la parte recurrida argumentaba que la ley de extranjería, D.L. N° 1.094, establece que las personas extranjeras deben acreditar su residencia legal en el país y demostrar que se encuentran habilitados para la celebración del acto o contrato requerido. En respuesta a ello, la Corte de Apelaciones de Santiago señaló que la interpretación armoniosa de esa norma con las demás que regulan el AUC y los derechos humanos establecidos en la Constitución y tratados internacionales, no pueden nunca interpretarse de manera que tal que menoscaben derechos fundamentales.

La Corte Suprema fue aún más allá, señalando que la norma que establece el requisito de acreditación de residencia se encontraría tácitamente derogada. Por lo anterior, y sobre la base del respeto a los derechos humanos, no hay impedimento alguno para que Adeneys pueda contraer AUC y el Registro Civil deberá proceder a otorgar a los recurrentes una hora para la celebración de dicho acuerdo y reconocerles su derecho a contraerlo.

En razón de lo anterior, estamos muy contentos y contentas de que el Sr. Bequer y su pareja Srta. Rosenmann, podrán solicitar hora para contraer AUC y así consolidar su vínculo, tal cual ellos lo han elegido.

 

Créditos de la fotografía: ACNUR

A principios de mayo el Observatorio de Justicia Transicional continuó su trabajo sobre la desaparición forzada, lanzando el documento Relatoría del seminario internacional sobre el tema que se realizó en la UDP en enero de 2017.  El lanzamiento tomó lugar en el Instituto de DDHH de la Universidad Catolica del Peru, en el contexto de un seminario con familiares peruanos que conto también con la participación de destacados expertos internacionales desde la ONU, Drs., Rainer Huhle y Ariel Dulitzky.  Al día siguiente Cath Collins, Directora del Observatorio, lideró dos paneles académicos sobre aspectos forenses, judiciales y humanitarios de la búsqueda de personas desaparecidas en Chile, en el marco de la Conferencia anual del Latin American Studies Association.

 

El trabajo del Observatorio también está representado en dos libros internacionales, publicados durante la segunda semana de mayo.  El primero, sobre Desaparición Forzada y Justicia de Transición en America Latina. El segundo, sobre Crímenes Sexuales y Justicia de Transición en América Latina: Judicialización y Archivos.

 

Ambos son publicados por el Ministerio de Justicia de Brasil y la Red Latinoamericana de Justicia Transicional, del cual el Observatorio forma parte.

El Registro Civil se había negado a celebrar la unión debido a que el ciudadano extranjero no contaba con cédula de identidad chilena y residencia legal en el país.

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