Jueves, 08 Junio 2017 00:00

Conversaciones de diputado Ceroni publicadas por El Dínamo llegan al Tribunal Constitucional Destacado

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Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público y DDHH UDP alegará inconstitucionalidad de formalización de ex director del medio.

A fines del 2015, el diario online El Dínamo publicó fotografías de una conversación de Whatsapp del diputado Guillermo Ceroni (PPD) mientras estaba en una sesión en el Congreso Nacional. El contenido de las conversaciones era de carácter sexual e implicó que el parlamentario revelará a la opinión pública su homosexualidad.

La publicación generó una serie de debates sobre la ética de los medios de comunicación, la libertad de expresión y sus límites respecto a la vida privada de las personas. Motivó además que Guillermo Ceroni emprendiera acciones legales contra los involucrados en la difusión de las conversaciones.

En febrero de 2016, el director de El Dínamo, Juan Marcelo Ibáñez, fue despedido y formalizado por su responsabilidad en la divulgación de las conversaciones, pese a que no participó en la decisión de publicar las fotos de los mensajes de texto del diputado Ceroni. El periodista estaba de vacaciones y se informó de lo sucedido horas después.

Como antecedente al caso, está el llamado “Piñeragate”. En 1992 se hizo público el audio de una grabación de la conversación entre Sebastián Piñera y Pedro Pablo Díaz. Entonces, Piñera competía contra Evelyn Matthei para las elecciones presidenciales. La conversación reveló que Piñera le pedía a Díaz influir en los moderadores de un debate televisivo para perjudicar la imagen y credibilidad de Matthei.

El hecho culminó con la  modificación  el Artículo 161-A del Código Penal, que sanciona la difusión de conversaciones privadas. Dicha norma permitió que el Juzgado de Garantía de Valparaíso procesara a Juan Marcelo Ibáñez y a otras cuatro personas.

Cristián De Feudis, abogado del periodista, recurrió al Tribunal Constitucional (TC) y solicitó la asesoría de la Clínica Jurídica de la Universidad Diego Portales en calidad de amicus curiae (un tercero en el litigio) y en defensa del interés público. El TC negó que la Clínica AIP alegara en tal calidad, quedando su participación limitada al desarrollo de argumentos jurídicos en apoyo a que se declare inconstitucional la decisión del juzgado.

Regla viola libertad de expresión

La ley que se aplicó para sancionar a Ibáñez “es una regla que viola la libertad de expresión”, dice el abogado Cristián Riego, profesor de la Clínica Jurídica de Acciones de Interés público y Derechos HumanosUDP. Explica que “no debe ser aplicada cuando esa información la utiliza un periodista para exponer hechos de interés público”.

“Cuando se trata de un funcionario público, el umbral de protección de su privacidad es mucho más bajo”, afirma Riego. “Para los que pagamos impuestos, es de interés público conocer las actividades que desarrollen los parlamentarios respecto a sus responsabilidades en el Congreso. Ese criterio es suficiente para no sancionar a un periodista”, agrega.

Actualmente, Juan Marcelo Ibáñez trabaja en el área comunicacional de la Fundación Daya, organización que investiga sobre el uso medicinal del Cannabis. Explica que el caso “afectó mi vida profesional y mi credibilidad como periodista”. Advierte que si él recibe una sanción (la parte querellante pide hasta cuatro años de cárcel), el ejercicio del periodismo y su rol en la democracia se verá perjudicado. “Los periodistas podrán autocensurarse ante la posibilidad de recibir una sanción de estas características”, precisa.

Sin duda, este caso supone un choque de derechos entre la divulgación de aspectos relacionados con la vida privada de las personas, la del diputado Ceroni,  y el ejercicio del derecho a la libertad de expresión al que apelan los medios de comunicación.