Elementos filtrados por fecha: Marzo 2017
 
El Consejo de Sociedad Civil de Gendarmería, integrado por el Centro de Derechos Humanos y varias otras organizaciones de derechos humanos, universidades y ONGs, tuvo noticia de un nuevo procedimiento que restringe la posibilidad que hijos e hijas de personas privadas de libertad puedan ejercer su derecho a la familia, en la práctica, especialmente, el derecho a visitar sus madres. El Consejo no pudo aun tener acceso a la respectiva resolución para conocer todos los detalles del procedimiento de enrolamiento.
 
Reproducimos aquí la carta que el Consejo envió al Director Nacional de Gendarmería.
 

Santiago, 22 de Marzo 2017

Sr. Jaime Flores

Director Nacional Gendarmería de Chile

De nuestra consideración, 

A través de personas privadas de libertad atendidas por organizaciones que componen el Consejo de la Sociedad Civil de Gendarmería de Chile, tomamos conocimiento de la implementación de un nuevo sistema de enrolamiento para visitas. Esto, en virtud de la Resolución Exenta N° 11352, dictada el día 30 de diciembre de 2016, a la cual aún no hemos podido tener acceso.

Por la información obtenida, este nuevo sistema exige que las personas menores de edad sólo se puedan enrolar como visitas, siendo acompañadas por el padre o la madre. Estosignifica una gran barrera de acceso para aquellos niños, niñas y adolescentes (NNA) que tienen a alguno o incluso ambos de sus progenitores privados de libertad, y que asisten con otras personas a sus visitas

En tal caso, la resolución referida -al parecer- permite que el NNA pueda enrolarse con una autorización notarial del padre o madre que se encuentra privado de libertad. Esta solución es un contra sentido considerando la realidad carcelaria y vida intrapenitenciaria que llevan condenados y condenadas. La falta de acceso a este tipo de servicios es un hecho transversal en las cárceles del país. Presos y presas no pueden acceder de manera expedita a un notario, ni tampoco cuentan con los recursos económicos suficientes para poder solventar este tipo de requerimientos.

Por otro ladocreemos que no se tuvo en consideración el impacto que esta medida genera desde una perspectiva de género. En el caso de población privada de libertad femenina, la realidad dista de sus pares varones. El gran porcentaje de mujeres madres son solteras, por lo que sus hijos e hijas quedan bajo el cuidado de distintos familiares. Otro porcentaje importante mantiene relaciones afectivas con personas también privadas de libertad, haciendo imposible la obtención de estos documentos necesarios para enrolar a sus niños y niñas.

Sumado a lo anterior, tomamos conocimiento que el sistema de enrolamiento tiene como plazo fatal el día 31 de marzo, haciendo aun más urgente un pronunciamiento pronto sobre la aplicación de tal resolución, considerando especialmente, que la medida no tuvo difusión pública que haya permitido que las personas se acerquen para hacer el trámite.

Como Consejo de la Sociedad Civil comprendemos y avalamos que el Estado deba tomar medidas de protección de NNA dentro de los recintos penitenciarios; sin embargo, consideramos que lo expuestosupone un agravamiento de las condiciones en que se encuentra la población privada de libertad y sus hijos e hijas, no logrando, además, el propósito de la protección dentro del recintoEsto va en directo detrimento del proceso de reinserción, atendiendo la importancia que juega el contacto familiar dentro de la etapa de cumplimiento de condena. También eleva los niveles de ansiedad y genera mayor tensión al interior de los recintos penitenciarios, de manera innecesaria. Creemos que esto puede derivar en mayores problemas en las cárceles del país, pudiendo darse solución al problema propuesto de otras maneras menos lesivas. Además, creemos que constituye una violación del derecho a la familia del que gozan los y las NNA.

Es por todo lo anterior, que solicitamos audiencia con el Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile, don Jaime Flores, para conversar sobre lo expuesto y proponer otras vías posibles de solución ante esta situación urgente. Esperamos poder dialogar, y así comunicar nuestras apreciaciones y las de las personas privadas de libertad que nos han manifestado tanta preocupación sobre la aplicación de tal medida, materializando la intención institucional de coordinarse en conjunto a la sociedad civil en los temas atingentes al control de ejecución de penas.

Consejo de la Sociedad Civil de Gendarmería de Chile

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Columna de opinión publicada en La Tercera, 20 de marzo de 2017.

 

Los incendios forestales azotaron Chile durante este verano volvieron a los sectores habitados. A los sectores más vulnerables, los campamentos, donde, en parte y según expertos de urbanismo, no se debieran construir o asentar viviendas. En enero y febrero de 2017, murieron 11 personas en las llamas. Y se destruyeron más cerca de 1700 viviendas, además de 606.200 hectáreas de plantaciones forestales, frutales, y bosque nativo.

En relación con los incendios – y me quiero principalmente referir a los que hemos visto recientemente en Viña del Mar y Valparaíso, donde se concentra el mayor número de campamentos en el país –vemos principalmente tres derechos afectados o en riesgo: Primero, el derecho a la vida. Segundo, el derecho a la vivienda. Y tercero, el derecho a vivir en un medioambiente sano. Me quiero enfocar en los primeros dos y una observación general en relación al tercero.

Es verdad que el Estado no es responsable de cada muerte que ocurra en el país. Pero sí, tiene que haber tomado todas las “medidas razonables”[1]a corto, mediano y largo plazo para prevenir que las personas mueran en los incendios. Equipamiento adecuado de bomberos; políticas de planificación territorial que minimizan los riesgos; incentivos para plantaciones resistentes a los fuegos – en cuanto a especies, retención de agua en el suelo, espacios que tengan la función de cortafuegos, especialmente, alrededor de lugares habitados; fiscalización de las medidas. Finalmente, intervención coordinada entre los distintos entes de voluntarios, privados y públicos para combatir el fuego. Ciertamente, los incendios superaron toda expectativa. Sin embargo, eso no exime al Estado de su responsabilidad en relación a la protección del derecho a la vida.

También en relación al derecho a la vivienda, el Estado tiene un deber de prevención. Es menos estricto que en cuanto al derecho a la vida, pero implica, ciertamente, garantizar el derecho a una vivienda digna en lugares que no están en zona de riesgo. Si el Estado no procediera a buscar soluciones habitacionales seguras, no está cumpliendo con su obligación. Si el Estado no erradica los campamentos, y prioriza los que están construidos en zonas de riesgo de catástrofe naturales, no está cumpliendo con el derecho a la vivienda digna. En el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile de 2016, analizamos la situación a la luz del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que Chile ha suscrito, y describimos los criterios que se deben observar en ese proceso, para evitar que sean los más desprovistos quienes además, sufren con mayor fuerza los impactos de la naturaleza, y del descuido ambiental de otros.

Tercero, el Estado debe proteger el derecho a un medioambiente sano. Con políticas ambientales, de desechos, y con incentivos claros para la biodiversidad, para que se prevengan los incendios forestales. Son las especies nativas que consumen menos agua y dejan el suelo más protegido contra los fuegos. Sin condonar los incendios, es una oportunidad adoptar ahora políticas e incentivos más previsores, por ejemplo, incentivando y regulando industrias – para PYMEs y grandes empresas – que se comprometan con el manejo sustentable de los bosques y eliminación de incentivos y subsidios para monocultivos, junto con el uso responsable de los espacios y la mantención y recuperación de la flora y fauna.

[1]El término se deriva del raciocinio de la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso Osman contra Reino Unido.

[1]El término se deriva del raciocinio de la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso Osman contra Reino Unido.

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Noticia publicada en OGE, Observatorio de Género y Equidad, 03 de marzo de 2017

 

Por Catalina Ellies

Lidia Casas es abogada de la Universidad Diego Portales (UDP), magíster en Derecho de la Universidad de Toronto y doctora en Derecho de la Universidad de Ottawa, Canadá. Desde marzo de este año es directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP, donde anteriormente se desempeñó como coordinadora del Área de Género y Derechos Humanos.

El primer trabajo que hizo sobre aborto fue en un electivo de su postgrado en la UDP que fue publicada en Academia de Derecho, una revista que tenían los estudiantes. En 1995, realizó la primera investigación de América Latina sobre mujeres mujeres privadas de libertad por abortar. Luego de eso, comenzó a trabajar en esterilización voluntaria y a partir de 1997 en anticoncepción de emergencia.

Cambios en el quehacer feminista

Lidia Casas actualmente forma parte de la Mesa Acción por el Aborto en Chile, espacio conformado por organizaciones de derechos humanos, organizaciones de mujeres y feministas, académicas de la Universidad Diego Portales y la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Este grupo surge en 2015 cuando ella congregó a diversas personas a opinar sobre la investigación que lanzó el Centro de Derechos Humanos sobre «La ilegalidad del aborto como violación a los Derechos Humanos». “Mi idea como autora era producir conocimiento para ponerlo a disposición de la comunidad y que cualquiera pudiera usarlo. Me provocó mucho goce cuando el Senador Tuma lo citó en su intervención en el debate en el pleno del Senado en enero pasado”comenta.

En 2003, la abogada también participó en una mesa de trabajo sobre aborto, frente a un proyecto que presentó la diputada María Antonieta Saa sobre la reposición del aborto terapéutico, espacio que finalmente no prosperó porque había una disputa y una fragmentación muy fuerte en el movimiento feminista. “En ese tiempo el feminismo estaba casi desmovilizado y debido a eso no podía impactar en ningún programa de gobierno. En esa época el tema era la píldora (anticonceptiva de emergencia) que a mi juicio siempre fue la puerta de entrada al gran debate que hoy estamos viviendo, pero no hubo involucramiento activo y potente, vino después, con el fallo del Tribunal Constitucional. Cuando hay compañeras que no aceptan las diferencias, me da una profunda pena por la miopía política que tienen. Creo que hoy no hay esos niveles de acidez, las nuevas generaciones son mucho más maduras y estamos mucho más cohesionadas por un objetivo común”, precisa.

El rol del Estado en el debate sobre aborto

Lidia Casas cree que lo que gatilló que se haya instalado el debate sobre el aborto tiene que ver principalmente con el cambio cultural que ha habido en Chile. “Si uno lo pone en contraposición con los temas de diversidad sexual, éstos a todas luces se han dado mucho más rápido que el aborto. Ambos se vinculan con un cambio sociocultural sobre la autonomía en el ejercicio de la sexualidad y la reproducción. También algunas feministas han flexibilizado sus posturas porque cuando una quiere una apertura cultural, tiene que estar dispuesta al diálogo con otros, no entre quienes estamos de acuerdo, si no en llegar a quienes no lo están y hoy, gracias a eso, las feministas no tienen esa carga peyorativa que tenían antes, que eran concebidas como una especie de monstruos come guaguas”.

Quienes se oponen a este proyecto insisten en remarcar la diferencia entre despenalizar y legalizar, para la abogada eso es enredar la discusión. “Es medio artificioso porque algunos dirían que bastaría con no penar a las mujeres y listo. Si fuese tan simple, el Estado dejaría al arbitrio de cada quien cómo gestionar el acceso al aborto en estas 3 causales y no puede. El Estado tiene la responsabilidad política y jurídica de regular abortos en condiciones dignas y seguras para proteger la vida, salud e igualdad de condiciones de las mujeres”, puntualiza Casas.

Un proyecto cercenado

Sobre el estado actual del proyecto de aborto en 3 causales la abogada cree que este se redujo a un mínimo, en comparación al que se presentó en enero de 2015. “Se quitaron varios elementos importantes. La causal de riesgo de vida de la mujer en su primera versión tenía una redacción mucho más amplia, consideraba el riesgo actual y futuro y fue acotada en la Cámara de Diputados. Hoy han tratado de restringirlo a su mínima expresión y solo se centra en la inminencia de muerte, pero no eventual. Hay mujeres que no fallecen por el embarazo, si no que por sus patologías de base como puede ser el lupus”, expresa.

Otro tema que preocupa a Lidia Casas es la obligación de denuncia y la reducción de los plazos respecto de niñas y adolescentes víctimas de violación. “La regla general es que una violación es un delito de acción pública e instancia particular, bajo el actual sistema de reglamentación del ámbito procesal penal hoy una mayor de 14 no está obligada a denunciar este ilícito y se está pidiendo que esto deba ser comunicado al Ministerio Público, no por ella, si no que del equipo médico. También se modificaron los plazos, antes eran 14 semanas para mayores de edad y 18 para menores de edad y eso estaba sentado a través de evidencia, pero fue rebajado sustantivamente en caso de niñas y adolescentes a 14 semanas y en mujeres adultas a las 12 semanas y ahí hay un cambio de paradigma. Bajo determinados contextos tendrían que subir sus plazos. Lo ideal serían 18 semanas como lo han hecho en Ciudad de México y Uruguay”, ejemplifica.

La confidencialidad médica también era un elemento importante del proyecto y que fue eliminada. “Hoy las mujeres que llegan a hospitales públicos son denunciadas, esa norma debía ser derogada, pero no lo fue. Puesto así, es un proyecto cercenado en especial en la causal de violación porque todavía en el mundo de los senadores hay muchas dudas respecto a que las mujeres mienten o que esta es la puerta de entrada para el aborto libre. Estamos en un estado de tramitación todavía muy incierto respecto al resultado y la redacción final. La ley de interrupción de embarazo ideal sería como ingresó en un principio”.

Mujeres y suspicacia

Para Lidia Casas la obligación a parir es violencia, porque significa una maternidad donde no importa el contexto. “Es una violación a los derechos humanos que a las mujeres sean dejadas a la deriva y tener que practicarse abortos clandestinos y poner en riesgo su vida, no lo digo yo, lo han dicho todos los órganos internacionales. Creo que la causal de más difícil aprobación es la violación porque pone en juego la autonomía de las mujeres, las otras dos están condicionadas por su contexto de salud. En este debate se está pasando por alto las necesidades y las condiciones físicas y psíquicas de las niñas víctimas de violencia sexual”.

El discurso utilizado por quienes se aponen a este proyecto ha sido que las mujeres mienten y que incluso algunas de ellas podrían inventar que fueron violadas para abortar. Casas cree que este trato hacia ellas es muy duro e injusto. “Da rabia, no es posible que la gente diga este tipo de barbaridades. La suspicacia pesa históricamente en las mujeres, una lo vio en investigaciones de paternidad por ADN donde el debate fue impactante, en torno a le ley de acoso sexual, en los delitos sexuales y violencia intrafamiliar. Esa es una estructura cultural que hay que desmantelar porque lo único que hace es generar más violencia, revictimizar y desincentivar las denuncias”.

Lidia Casas siente que si esta discusión tuviera que ver con hombres sería tratada de forma distinta y le parece interesante que en el actual debate algunos hombres lo hayan dicho. “Ellos tienen privilegio y las cosas cambian en la medida en que la gente pierde el privilegio, pero hay una resistencia muy grande a eso. Creo que de alguna manera he hecho cosas para el derecho que son osadas y pueden ser anómalas desde el punto de vista académico, que es situar al otro en el contexto de las mujeres. En el caso específico del aborto los he convocado a pensar en que ellos nunca van a tener que estar en esa situación y lo hice en mi alegato de clausura en el Tribunal Constitucional, cuando mirando a cada uno de los miembros les dije que ellos siempre habían tenido libertad de conciencia para decir qué método utilizar: coitus interruptus, condón, anticonceptivo o lo que fuera de su agrado”, recuerda.

El poder de las mujeres

La académica cree que a pesar de estar en pleno siglo veintiuno, las mujeres siguen siendo consideradas como ciudadanas de segunda categoría. “Creo que seguimos en esa línea porque no hemos estado en el poder, a pesar de tener una presidenta mujer porque ella no representa el poder de las mujeres, ella representa a un conglomerado político. Ella recién llega con un discurso de mujeres para su segundo periodo luego de haber estado en ONU Mujeres. No hay una transformación durante Bachelet uno y creo que tampoco durante Bachelet dos”.

Agrega que a pesar de que un 71% de la población aprueba el aborto eso no ve reflejado en el Congreso porque no hay un involucramiento real. “La Nueva Mayoría no es más que una representación de lo que somos. Tenemos una ciudadanía desencantada que no vota. La masa crítica tampoco está dispuesta a sumarse a nuevas fuerzas. Están en la calle pero no creen en nada y van a asegurar que quienes están en el poder se mantengan. Entonces, si esto no se aprueba, ni los legisladores ni la Nueva Mayoría estarán fallando, la ciudadanía se fallará a sí misma”.

Lidia Casas sostiene que si la derecha acude al Tribunal Constitucional y se cae el proyecto, esto tendrá como consecuencia un cuestionamiento a el rol del TC. “Se verá si esta es una tercera cámara y si eso va a influir en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. Creo que el aborto permeará la agenda presidencial (durante las elecciones de noviembre de 2017) como lo hizo en la anterior y no será una pérdida total”.

Patricio Walker y el doble discurso

El senador DC Patricio Walker ha presentado diversos proyectos de ley respecto a la prevención del abuso sexual infantil, sin embargo en el Senado votó en contra de la idea de legislar la interrupción voluntaria del embarazo. “Él no hace la relación entre abuso sexual y aborto, no se lo permite y no está dispuesto a dar ese paso. No es que no sepa cuáles son las consecuencias, es como los progres de derecha que dicen que defienden los derechos humanos y en esta discusión eso lo entienden como «los derechos de los inocentes» como si la niña violada no lo fuera. Él tomó las palabras del Cardenal Silva Enríquez, que le daba voz a los que no tenían voz”, explica Casas.

Para Lidia Casa es un contrasentido que quienes se oponen al aborto lo hagan también a la educación sexual. “En las dos primeras causales no puedes prevenir nada, pero en la tercera causal puedes depurar mejores condiciones de autoprotección a las niñas y adolescentes, con un conocimiento mucho más claro sobre sexualidad y su libre ejercicio. Los opositores tienen una mirada que está ligada a una creencia religiosa que tiene que ver con la abstinencia sexual hasta el matrimonio y creen que si dan información y educación sobre eso alientan que tengan sexo”.

A pesar de las dificultades y modificaciones que se han presentado, la abogada valora mucho el debate sobre aborto que se ha dado en Chile. “Si perdemos, porque no se aprueba o porque queda cercenado el proyecto, escuchar a senadores y senadoras hablar del derecho a decidir, del rol del Estado y que haya un 71% de la población a favor, es una ganancia cultural.  Pero eso no significa que la lucha termine”, concluye Lidia Casas.

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ComunidadMujer distinguió el liderazgo de siete chilenas que a su juicio han contribuido  al empoderamiento, el avance y la promoción de la equidad de género, en un acto que contó con la participación de la Presidenta Michelle Bachelet.


Santiago, 09 de marzo de 2017

En el Día Internacional de la Mujer, la directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas, recibió la “Distinción Día de la Mujer 2017”, otorgada por la ONG ComunidadMujer, en razón de su destacada trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres.

El reconocimiento distinguió a “quienes contribuyen diariamente a la igualdad de género en nuestro país, así como también a mujeres que han destacado en ámbitos de relevancia”. En particular, este año se premió “a mujeres y hombres que desde los más diversos quehaceres y ámbitos de acción, han liderado iniciativas que contribuyen a una mayor equidad y autonomía de las mujeres en Chile".

La actividad se realizó al medio día del 8 de marzo en el Centro Cultural Gabriela Mistral, con la participación de la Presidenta de la República, ministras de Estado, embajadoras, autoridades, mujeres destacadas, representantes de organismos internacionales y de la academia, líderes sociales y de opinión de diversos ámbitos del quehacer nacional, político y social, entre otros invitados.

Para la académica UDP, este reconocimiento visibiliza “aquello que aparece invisible para muchos y muchas, como es promover mejores condiciones de vida e igualdad para las mujeres, lo cual  es relevante para la vida social, política y cultural de una sociedad. Que la defensa de los derechos de las mujeres no es una cuestión de caprichos personales, sino desafíos a los cuales debe contribuir la academia para superar las injusticias estructurales que subsisten hasta el día de hoy”.

Esperanza Cueto, presidenta de ComunidadMujer y egresada de Derecho UDP, indicó que esta conmemoración es propicia para reflexionar sobre cómo avanzar hacia las metas indispensables para el desarrollo sostenible en materia de género. “Y también para recordar a las pioneras en la conquista de los derechos de las mujeres, a quienes lucharon y luchan por la igualdad jurídica, por el derecho a elegir y a ser electas, a transformar la cultura y la sociedad. A todas quienes día a día desempeñan un rol en la construcción de nuestra historia, nuestra más profunda admiración”, sostuvo.

Durante el encuentro se distinguió a siete líderes, hombres y mujeres, los cuales según la institución han contribuido desde sus espacios al empoderamiento, el avance y la promoción de la equidad de género en Chile. Los reconocidos fueron:

- María Teresa Ruiz González, destacada astrónoma chilena, única mujer en obtener el Premio Nacional de Ciencias Exactas, presidenta de la Academia Chilena de Ciencias.   

- Marina Ascencio Muñoz, estudiante de 11 años que en 2016 envió una carta a las autoridades para pedir ingresar al Instituto Nacional, a pesar de ser exclusivo para hombres, abriendo un intenso debate al respecto.

- Jessica López Saffie, gerenta general ejecutiva de BancoEstado, quien ha liderado las iniciativas de paridad de género al interior de la empresa y los programas que potencian la autonomía económica de las usuarias del banco. 

- Juan Manuel Astorga Sánchez, comunicador de radio y televisión, distinguido por posicionar y visibilizar en medios de comunicación temáticas como violencia de género, brecha salarial entre mujeres y hombres y sesgos en educación.  

- Valentina Norambuena Guzmán, joven que obtuvo doble puntaje nacional en la última PSU, y la tercera mujer en representar a nuestro país en las Olimpiadas Iberoamericanas de Matemáticas.  

- Lidia Casas Becerra, directora del Centro de DDHH de la Universidad Diego Portales y experta en DDHH de las mujeres, enfocada en el estudio de temáticas tales como derechos sexuales y reproductivos, promoción de una vida libre de violencia, entre otros.

- Trinidad Inostroza Castro, directora de ChileCompra, distinguida por incorporar el  enfoque de género en las compras públicas al impulsar la inclusión de las mujeres en este mercado, y así aumentar la participación activa de las proveedoras. 


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A partir de este mes de marzo, y después de cinco años en el cargo, Judith Schönsteiner deja la dirección del Centro de Derechos Humanos, por razones familiares. Asume Lidia Casas Becerra, profesora e investigadora de la Facultad desde 2000, abogada de la Universidad Diego Portales, B.A. en Regional and Urban Planning de la University of  Saskatchewan, cuenta con un LLM de la University of Toronto y un PhD de la University of Ottawa.

Judith Schönsteiner seguirá como investigadora full-time del Centro, y continuará trabajando principalmente en temas de empresas y derechos humanos.

La nueva Directora es Licenciada en Urban and Regional Planning de la University of Saskatchewan, Canadá (B.A.); Licenciada en Derecho por la Universidad Diego Portales (1999), cuenta con un LLM (Magíster) en Derecho por la University of Toronto, y es Doctora en Derecho de la University of Ottawa, Canadá.

Sus áreas de investigación son el funcionamiento del sistema de justicia y género, violencia de género, derechos sexuales y reproductivos y discriminación.

Desarrolla docencia en pre y posgrado y es además co-directora del Magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la misma Facultad.  Ha impartido clases en diversas instituciones nacionales y extranjeras, posgrado de las facultades de Derecho de la Universidad de Chile y Austral, en el programa de Magíster en Bioética de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, talleres a docentes en la Pontificia Universidad Católica del Perú y del Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos, ILANUD. Ha participado en los cursos de la Academia Judicial y talleres y cursos del Instituto de Estudios Judiciales, además de capacitaciones para la Defensoría Penal Pública, Ministerio Público, abogados/as del Servicio Nacional de la Mujer  y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y funcionarios del Poder Judicial del Perú entre otras instituciones, nacionales y extranjeras.

Fue Ford Foundation Reproductive Health Fellow, recibió la beca de IDRC (International Development Research Center (Canadá) por el Global Health Research Initiative. Recibió el Premio de la International Planned Parenthood Federation de la Región Hemisferio Occidental (2001) por destacada defensa de la planificación familiar y la Distinción del Día de la Mujer 2017 de ComunidadMujer pordestacada trayectoria en la promoción y defensa de los Derechos Humanos de las mujeres.Fue miembro del Grupo Asesor -Gender and Rights Advisory Group- del Departamento de Salud Reproductiva de la Organización Mundial de la Salud (2009-2010 y 2013-2015). Ha sido consultora para el Centro de Justicia de las Américas, CEJA, y la GTZ, organismo de cooperación de Alemania.

Miembro de la Red latinoamericana de profesores de derecho, género y sexualidades discriminadas, Red-Alas.

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