Elementos filtrados por fecha: Febrero 2018

*Publicado originalmente en El Mostrador el 5 de Febrero de 2018

El inicio de un nuevo periodo presidencial debiera ser un tiempo propicio para reflexionar sobre cuáles son los desafíos como país, y en particular para el nuevo gobierno, por los próximos cuatro años.

Como se sabe, este es un período corto de tiempo que requiere necesariamente priorizar y ser razonablemente modesto en cuanto a lo que efectivamente se puede realizar. Lo anterior es válido también para las obligaciones que como Estado tenemos en materia de Derechos Humanos, las que son múltiples y complejas y que con frecuencias implican la dictación o modificación de la legislación, entre otras acciones.

Sin pretender exhaustividad ni tampoco necesariamente prioridad, un nuevo gobierno —y en particular un Ministerio de Justicia y DD.HH— debe preocuparse de varios aspectos que deberían estar dentro de su plan de trabajo.

La más amplia de las obligaciones será el fortalecimiento de la institucionalidad de Derechos Humanos, como la Subsecretaria del ramo y, en particular, la implementación efectiva del primer Plan Nacional de DD.HH.

Esto constituye un inmenso desafío de política pública y administrativa para cualquier gobierno, siendo las experiencias comparadas en América Latina no muy alentadoras al respecto, pues con frecuencia los planes se quedan al nivel de elaboración sin una aplicación práctica. Este primer plan implica obligaciones por cuatro años y compromisos de numerosos servicios públicos, constituyendo solo un mínimo —no por ello poco ambicioso— de lo que Chile se ha comprometido ante la comunidad internacional.

El completar exitosamente esos compromisos sin duda que constituiría un gran paso en la introducción de los criterios de derechos humanos en la actividad diaria del Estado y, por cierto, un logro (histórico se podría decir) para la satisfacción de estos y para cualquier gobierno.

Pero, sin duda, que la temática que absorberá intensamente al gobierno y al ministerio en particular será el relativo a la reforma del sistema de protección de los niños, niñas y adolescentes. El nuevo gobierno tiene como ineludible desafío la creación de un efectivo sistema de protección integral de los niños, niñas y adolescentes de Chile, área en la cual el país ha estado por décadas al debe en sus compromisos. Al respecto, hay que recordar que Chile es el único país de América Latina que habiendo ratificado la Convención de Derechos del Niño no ha reformado en forma acorde su legislación en esta materia. Si bien el actual gobierno envió varias iniciativas muy relevantes en esa área —una de ellas, la que crea Defensor del Niño, ya publicada— quedan varias piezas de este gran engranaje por construir e implementar.

Respecto a la personas con discapacidad, sin duda uno de los aspectos pendientes, sobre el cual ya se estaba trabajando el gobierno saliente, es al de ajustar la normativa relativa la capacidad jurídica de las personas a lo exigido por la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, eliminado la incapacidad absoluta y modificando por un sistema efectico de apoyos.

El año 2019, en septiembre, el Estado de Chile deberá anunciar si ratificará por otros diez años el Convenio OIT 169, sobre pueblos indígenas. Al respecto, se han dado opiniones de que sería mejor desahuciarlo, por las dificultades que este impone a la actividad económica.

Tal acción sería un grave error, que debilitaría seriamente el estatus de Chile ante la comunidad internacional y, ciertamente, implicaría una negación directa de la existencia y derechos de los pueblos originarios. Por cierto, las dificultades prácticas que pueden existir no son obra del convenio en sí, sino de las regulaciones que se han dictado para implementarlo. Todas las modificaciones deben ser consultadas en forma previa, libre, e informada con los mismos pueblos originarios. Ese es también un desafío, junto a varios otros, en materia de derechos de los pueblos indígenas.

 

Tanto el 2018 como el 2019 el Estado también deberá rendir cuenta ante organismos internacionales de cómo se están cumpliendo sus obligaciones. Así, en octubre de este año —fecha tentativa según el calendario del III Ciclo— Chile debiera presentar el Informe Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Este es un examen global de todas las obligaciones que ha contraído Chile ante el sistema de la ONU. Así, corresponderá al futuro gobierno el realizar el trabajo de reporte en esta materia. Además, en julio de 2019 corresponderá también presentar el reporte de cumplimiento (VII Ciclo) ante el Comité de Derechos Humanos, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

Las deudas con el pasado de violaciones de derechos humanos aún están pendientes y un gobierno de derecha debería ser especialmente cuidadoso en avanzar en lo que aún no se ha hecho en materia de verdad, justicia y reparaciones. Al respecto, es imprescindible tomar medidas que permitan la determinación, identificación y retorno de los restos de las personas detenidas desaparecidas. Junto a ello —como lo ha exigido varias veces la Corte Interamericana— se debe establecer la investigación judicial de la tortura sistemática bajo la dictadura, como una acción dirigida desde el Estado y no como una iniciativa de las víctimas y familiares.  También está pendiente una revisión comprensiva, coherente, de las situaciones de los sobrevivientes de prisión política, tortura, creando una instancia permanente para ello.

Para todas estas acciones el nuevo gobierno requiere, sin duda, de la cooperación y el diálogo constante con la sociedad civil, en sus múltiples expresiones. Un Estado moderno lo es también cuando incorpora dentro de su forma habitual de planificar sus políticas públicas los estándares de DD.HH. y la participación social. Ambos son test de su legitimidad ante la ciudadanía hoy en día.

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