Elementos filtrados por fecha: Julio 2018

Noticia publicada originalmente en el sitio web de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.

La profesora del Centro de Derechos Humanos UDP, Judith Schönsteiner, participó en el V seminario internacional sobre “Supervisión, cumplimiento e impacto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” que organizó el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional(Comparative Public Law and International Law o MPIL).

El evento –el cual se celebró el 12 y 13 de julio en Heidelberg (Alemania)– contó con cuatro secciones, donde la profesora Schönsteiner intervino en la primera de ellas, donde se discutió el “Seguimiento de las decisiones de la CIDH: Institucionalidad, avances y diálogos”. En ese panel -que fue moderado por Rainer Huhle, del Centro de Derechos Humanos de Nuremberg- también estuvieron María Claudia Pulido (Secretaria Ejecutiva Adjunta de Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica de la CIDH) y Katya Salazar (Directora Ejecutiva de la DPLF)

Durante el seminario intervinieron el director del Armin von Bogdandy, Director del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional, como también las comisionadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, Flavia Piovesan y Esmeralda Arosemena (Vicepresidenta), entre otras personalidades del mundo del derecho internacional.

La profesora Schönsteiner ya había presentado en el mismo instituto, a inicios de julio, los resultados del proyecto Fondecyt de iniciación sobre “Responsabilidad internacional del Estado por acciones y omisiones de empresas estatales en materia de Derechos Humanos”(N° 11150852).

La profesora del Centro de Derechos Humanos UDP, Judith Schönsteiner, participó en el V seminario internacional sobre “Supervisión, cumplimiento e impacto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” que organizó el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional(Comparative Public Law and International Law o MPIL).

El evento –el cual se celebró el 12 y 13 de julio en Heidelberg (Alemania)– contó con cuatro secciones, donde la profesora Schönsteiner intervino en la primera de ellas, donde se discutió el “Seguimiento de las decisiones de la CIDH: Institucionalidad, avances y diálogos”. En ese panel -que fue moderado por Rainer Huhle, del Centro de Derechos Humanos de Nuremberg- también estuvieron María Claudia Pulido (Secretaria Ejecutiva Adjunta de Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica de la CIDH) y Katya Salazar (Directora Ejecutiva de la DPLF)

Durante el seminario intervinieron el director del Armin von Bogdandy, Director del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional, como también las comisionadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, Flavia Piovesan y Esmeralda Arosemena (Vicepresidenta), entre otras personalidades del mundo del derecho internacional.

La profesora Schönsteiner ya había presentado en el mismo instituto, a inicios de julio, los resultados del proyecto Fondecyt de iniciación sobre “Responsabilidad internacional del Estado por acciones y omisiones de empresas estatales en materia de Derechos Humanos”(N° 11150852).

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*Columna publicada originalmente en El Mostrador el 23 de Julio 2018

Han pasado casi 6 años desde que se publicó la Ley Antidiscriminación en Chile y parece que ha pasado el tiempo suficiente como para evaluarla. La ley, que tuvo una larga tramitación, desde 2005 al 2012, demora causada en buena parte por el rechazo de partidos de la derecha de incluir como categorías de discriminación la orientación sexual y la identidad de género, por esa razón y porque en gran parte el apoyo del primer gobierno de Piñera para su aprobación fue consecuencia del fuerte rechazo social al trágico asesinato homofóbico del joven Daniel Zamudio, estuvo asociada desde un principio a la lucha por la igualdad y al reconocimiento de la diversidad sexual y de género.

Sin embargo, como se hizo ver desde un primer momento, el deber del Estado de crear instrumentos para eliminar las discriminaciones existentes en nuestra sociedad no podía ni puede verse asociado a la situación de un grupo particular, por muy injusta que esta sea. La razón es que en Chile existen muy diversas formas de discriminación que podemos calificar como estructurales, es decir, que corresponden a formas históricas de organizar la sociedad, tales como por genero, origen indígena, discapacidad o social, para solo nombrar algunas, que requieren de una muy fuerte acción del Estado y de la sociedad y a ese objetivo no contribuye el identificar la discriminación con un sector específico, independiente de que sean, en ciertos casos, necesarias medidas especiales, dada la diversidad de situaciones de discriminación que existen.

 Como se informó en la prensa, en base a un trabajo de la Fundación Iguales, la ley ha tenido un escasa aplicación en su acción judicial, pues en 6 años hay 300 denuncias y solo 90 condenas, siendo el principal motivo de sentencia la discriminación por discapacidad (27%) seguido de enfermedad (17%), orientación sexual e identidad de género (12%) y opinión política (11%). Lo anterior demuestra que su alcance es mayor que el de servir exclusivamente como ley para proteger a una minoría sexual. Sin embargo, el limitado número de acciones, y aún más, de sentencias, invita a considerar su eficacia como ley.

Sobre esto podría pensarse que en realidad en Chile la discriminación no es algo tan extendido o grave, lo que explicaría quizás el limitado número de demandas interpuestas. Pero la verdad es que cualquier estudio de opinión, como por ejemplo la Primera Consulta Ciudadana Sobre Discriminación —efectuada el 2013, en el primer gobierno del actual presidente— da que un 52% de las personas se han sentido discriminadas, y también lo que sucede a nivel de recursos de protección y de tutela laboral por discriminación interpuestos, hace pensar que eso no es así. Entonces el problema está en la configuración de la ley. La verdad es que como varios autores y organizaciones lo han indicado repetidas veces, la ley nació con severas limitaciones que explican su poco uso y menor impacto.

La primera es que la ley no creó un ente responsable de analizar, estudiar y promover medidas antidiscriminación. Por ello, la actual ley es como una Ley del Consumidor sin SERNAC o un Código del Trabajo sin Dirección del Trabajo. Es decir, normas sin poder efectivo de implementación.

Al contrario, las legislaciones comparadas exitosas sí lo establecieron, como, por ejemplo, la Comisión de Igualdad (Equality Comission) del Reino Unido.

Segundo, el concepto de discriminación de la ley no es acorde a lo que los estándares de Derechos Humanos —claramente existentes al momento de la discusión de la ley por lo demás— entienden por discriminación, no contemplando, por ejemplo, la discriminación indirecta.

Tercero, el procedimiento judicial posee severas limitaciones para ser una efectiva acción antidiscriminación, siendo quizás las principales la dificultad de probar los hechos discriminatorios, cosa que debiera llevar a introducir una especie de inversión de carga de prueba como sucede hoy en la tutela laboral, y la falta de indemnización de perjuicios en el mismo juicio, pues hoy, aun en caso de sentencia favorable, la reparación de los daños debe perseguirse en un largo juicio ordinario separado. Acá nuevamente el modelo a seguir es el de la tutela laboral, donde sí se puede obtener reparación si se estima hay daños por infracción a los derechos fundamentales en la relación laboral.

Todo lo anterior lleva a pensar que ya es hora de una revisión de los instrumentos antidiscriminación existentes y de esta ley en particular, y de preparar a una propuesta de reforma legislativa coherente.

 

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Viernes, 20 Julio 2018 00:00

La ceguera tiene género

El presente artículo fue publicado en la Revista Mensaje N° 670 de Julio 2018, junto a otros interesantes artículos.

Si desea, puede descargar el archivo aquí.

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El Observatorio de Justicia Transicional presenta sus últimas tres publicaciones para descargar:

·         Documento The Uses of Truth.

·         El informe sobre el Tribunal Constitucional y causas DDHH dictadura.

·         Hitos Jurisprudenciales Causas DDHH Dictadura Chile desde 1990  

El profesor Tomás Vial fue entrevistado en Radio Uchile acerca de la modernización del Estado y los Derechos Humanos. Puedes escuchar la entrevista a continuación:

Puedes leer mayor detalle de la entrevista en el sitio web de Radio UChile.

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Noticia publicada originalmente en el sitio web de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.

En el prestigioso Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional de Heidelberg (Alemania) la profesora del Centro de DD.HH. UDP, Judith Schönsteiner, presentó los resultados del proyecto Fondecyt de iniciación sobre “Responsabilidad internacional del Estado por acciones y omisiones de empresas estatales en materia de Derechos Humanos” (N° 11150852).

El proyecto indagó en la atribución de responsabilidad internacional del Estado por las acciones y omisiones de las empresas estatales, sistematizando los criterios que usa la jurisprudencia arbitral y de Derechos Humanos en la materia. Además, delimitó las obligaciones de las empresas estatales en relación a la obligación de respetar los DD.HH, protegerlos y garantizarlos, según su función.

En este marco, también analizó en qué medida el umbral de debida diligencia es el mismo (o no) para órganos tradicionales del Estado, empresas estatales y empresas privadas, según los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos del 2011.

Desde 2010 que el Centro de Derechos Humanos UDP se ha dedicado a estudiar las responsabilidades de las empresas y del Estado por el respeto, la protección y la promoción de los DD.HH. en materia empresarial. Lo que pretenden analizar es el cumplimiento con los estándares internacionales vigentes en el ámbito de derechos humanos, por diferentes sectores económicos en Chile y por el Estado en su función reguladora y de protección.

El tema también ha sido tratado en varios de los Informes Anuales de DD.HH, haciendo énfasis en los derechos humanos de las comunidades afectadas por los proyectos económicos, con especial énfasis en las obligaciones estatales: en 2010 hubo un capítulo sobre de responsabilidad de debida diligencia en la gran minería chilena; en 2012, un estudio sobre los impactos en derechos humanos de las actividades industriales en Puchuncaví-Ventanas; dos años después, se evaluó la regulación de consulta previa libre e informada en el ámbito de inversión minera, al igual que estándares mínimos para acuerdos entre comunidades indígenas y empresas inversionistas.

En 2016, se publicaron algunas de las conclusiones y recomendaciones del Estudio Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos en Chile, elaborado por la profesora Schönsteiner y un equipo de doctorandos y profesores de la UDP. Y en la última edición del Informe, de 2017, se publicó el capitulo llamado “Derecho al agua, emergencias y responsabilidades del Estado y de las empresas sanitarias”investigación que se enmarca en la investigación de este proyecto Fondecyt.

La profesora Schönsteiner también expondrá en un seminario internacional sobre implementación del Derecho Internacional de Derechos Humanos en el mismo instituto. 

 

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Estimadas y estimados colegas, amigos, defensores y activistas de los derechos humanos:

El  Observatorio de Justicia Transicional del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, pone a disposición de ustedes su Boletín informativo n° 46, referente los meses de marzo y abril del 2018. En esta edición se dan a conocer noticias de Chile y la región en relación con los temas de verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y memoria. Como es habitual, se recopila en detalle las sentencias y demás actividades judiciales de los tribunales chilenos en los juicios en causas por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura de 1973-1990. 

Con esta edición adjuntamos además el informe de relatoría, primera versión (versión en inglés) de un evento co-organizado por el Observatorio en Nueva York en abril, en que se examinó las políticas de acceso a los archivos de la Comisión de la Verdad de El Salvador a la luz de los imperativos de justicia, y de búsqueda. Se espera prontamente publicar también una versión en castellano

Saludos cordiales,

Observatorio de Justicia Transicional

Archivos:
Boletín N°46 del Observatorio Justicia Transicional
The Uses of Truth: Truth Commission Archives, Justice and the Search for the Disappeared in El Salvador