Elementos filtrados por fecha: Noviembre 2019

Estimadas y estimados colegas, amigas, y amigos:

Junto con saludarles, tenemos el agrado de adjuntar el Boletín n° 55, sobre avances y noticias en verdad, justicia, reparación y memoria en Chile y la región. La edición n° 55, cubren los períodos septiembre y octubre del 2019. Adjuntamos además el capítulo sobre Justicia Transicional del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2019, publicado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Su primer capítulo, titulado “La Memoria en los tiempos del cólera: verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición por los crímenes de la dictadura chilena” está realizado, como es habitual, por el equipo del Observatorio de Justicia Transicional UDP y colaboradores: Daniela Accatino, Francisco Bustos, Boris Hau, Andrea Ordoñez, Francisco Ugas, Loreto López; las y los colaboradores temáticos, Bernardita García, Karinna Fernández, María José Jorquera, Natalia Labbé, y Daniela Méndez; y como ayudantes, Felipe Álvarez, Nadia Marchant y Elisa Franco. La coordinación, redacción y edición general estuvo a cargo de la directora del Observatorio Cath Collins. El capítulo, junto con los demás capítulos temáticos del Informe Anual, están además disponibles en forma gratuita en el sitio web que se menciona a continuación.

 

El análisis multidisciplinario evalúa derechos que están al corazón de las demandas sociales que han remecido a Chile, además de evaluar la labor y atribuciones de instituciones como el INDH. Puedes descargar aquí el comunicado completo sobre el Informe Anual de Derechos Humanos.

El Informe Anual sobre Derechos Humanos 2019 se encuentra disponible para su descarga en este enlace.

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Columna escrita por Antonia Rivas Palma, Autora Capítulo Derechos de los pueblos indígenas del Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Abogada, Universidad Diego Portales. Doctora en Antropología, Universidad de California, Berkeley. Publicada originalmente en The Clinic el 14 de Noviembre 2019.

Hace 1 año murió, asesinado por miembros de las Fuerzas Especiales de Carabineros, el joven mapuche Camilo Catrillanca al interior de la comunidad Temucuicui. La historia es conocida por todos. Su muerte no fue casual o fortuita, sino el resultado de un patrón de malas prácticas institucionales y vulneraciones a los Derechos Humanos por parte de Carabineros, que lamentablemente hacían presagiar un resultado así. Hoy vemos con pesar cómo esos patrones se repiten, e incluso empeoran, en el actuar de Carabineros en los 28 días seguidos de protestas en el país.

Desde hace varios años que en el capítulo sobre derechos de los pueblos indígenas en Chile del Informe de DD.HH. de la Universidad Diego Portales venimos denunciando las prácticas abusivas y contrarias a los derechos humanos por parte de Carabineros de Chile (incluso contrarias a sus propios protocolos) hacia miembros del pueblo mapuche. El Informe de este año no es la excepción. En diversas oportunidades se ha constatado el uso desproporcionado de la fuerza, la militarización de la respuesta policial, los violentos allanamientos a comunidades mapuche y las vulneraciones al derecho a la integridad física y psíquica de sus miembros, especialmente niños, niñas y adolescentes.

Como expresamos en el Informe, la excesiva militarización de la zona, la poca preparación de Carabineros en derechos humanos y el tratamiento de problemas interculturales, el uso de la Ley Antiterrorista en el enfrentamiento de la protesta social mapuche, la decisión política de enfrentar el problema como de seguridad pública y pobreza–y no desde la óptica de los derechos humanos de los pueblos indígenas– hacían presagiar una tragedia así́. No hemos sido los únicos que han denunciado esta situación; múltiples son los documentos y acciones judiciales presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y diversos otros organismos nacionales e internacionales de derechos humanos que apuntan a lo mismo.

También nos hemos referido en el informe junto con muchos otros casos, a la Operación Huracán, donde se comprobó que Carabineros habían urdido un complejo montaje de falsas intervenciones telefónicas para acusar a 8 comuneros mapuche que fueron detenidos y luego absueltos. Ya entonces llamamos a una restructuración de la institucionalidad policial, poniendo fin a su lógica militarizada e impulsando la creación de una fuerza policial civil, con importantes funciones en inteligencia para detener eficazmente la violencia, pero capacitada verdaderamente en el respeto de los derechos humanos.

Hoy, lamentablemente, somos testigos nuevamente del actuar atentatorio de Carabineros contra los derechos humanos, esta vez no solo en contra de miembros del pueblo mapuche, sino de miles de chilenos que se han manifestado en las diversas jornadas de protesta a lo largo de todo el país, y han sido violentamente reprimidos por la fuerza policial. La actuación de Carabineros ha respondido a los mismos patrones de conducta que en la protesta mapuche, pero se ha visto exacerbada por los 28 días ininterrumpidos que lleva el conflicto, el desgaste y cansancio de la fuerza policial, la masividad de las manifestaciones y la falta de control político. Se han reportado innumerables casos de violaciones de Derechos Humanos que no responden a la obligación del uso proporcional de la fuerza, constatándose, como es de público conocimiento, muertes que serían consecuencia del actuar policial, graves lesiones oculares, golpizas, heridos, violencia sexual a personas ya detenidas, entre otras vulneraciones.

Esperamos que esta vez la magnitud de los hechos obliguen al Estado a investigar todas y cada una de estas denuncias, pero también nos impulsen a refundar Carabineros de Chile, en el marco del respeto de las obligaciones de derechos humanos que el país ha contraído, delos derechos laborales de los mismos Carabineros, transformándola en la institución policial que el Chile de hoy exige y requiere. Hoy recordamos a Camilo Catrillanca, pero también a Alex Lemun (2002), Juan Collihuin (2006), Matías Catrileo (2008) y Jaime Mendoza Collío (2009), que murieron asesinados debido al actuar de distintos funcionarios de Carabineros, en medio de acciones de protesta social mapuche. Y recordamos especialmente, al joven Brandon Hernández Huentecol, a quien un carabinero le disparó a quemaropa más de 180 perdigones por la espalda en medio de un control policial. Brandon aún vive con muchos de esos perdigones en su espalda, esperando quizás, al igual que muchos de nosotros, que esta violencia innecesaria nunca vuelva a repetirse.

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Estimadas y estimados colegas y contactos del Observatorio JT,

Les saludamos en el marco de una coyuntura que una vez más ha demostrado, con sangre y fuego, el insoportable costo humano de las tareas inconclusas del periodo dictatorial. La coyuntura nos interpela a redoblar nuestros esfuerzos para defender el presente y futuro, deber universal que, como Observatorio, siempre hemos proseguido a través de la exigencia de justicia, verdad, memoria y reparación por los crímenes atroces del pasado reciente.

En estos días determinantes para el futuro de nuestra convivencia, presentamos un nuevo boletin informativo que trae a la memoria, quienes ya no están, a la vez que subraya, los valores inclaudicables de los derechos humanos, valores que deben prevalecer sobre toda contingencia política o afán represivo.

Saludos, Equipo Observatorio Justicia Transicional UDP

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Nota publicada originalmente en The Clinic, el 12 de Noviembre 2019

Alberto Faúndez y Jimmy Oyarce, pareja de Concepción, estaban de visita en Santiago para comprar un auto. El 20 de octubre ambos estaban buscando un lugar dónde comprar pan y encontraron un supermercado que estaba siendo saqueado. La pareja observó la escena con curiosidad hasta que llegó Carabineros para dispersar a los ladrones con bombas lacrimógenas.

Alberto cuenta en un video que “Carabineros de la 11 Comisaría de Lo Espejo me detuvo afuera del supermercado, me arrestaron y me agredieron dentro del furgón, me insultaron diciéndome ‘ladrón culiao esto es lo que andas robando’ y me bañaron en alcohol. Luego al llegar a la comisaría empezaron los insultos homofóbicos al descubrir que mi pareja es hombre. Me desnudaron y me golpearon frente a los detenidos y así también me obligaron a firmar documentos sin poder yo leerlos. También me negaron el derecho de poder llamar y de poder constatar lesiones”.

Una jueza del 10 Juzgado de Garantía ordenó su prisión preventiva, “sin tener prueba alguna”, constata una nota de prensa del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh). Después de estar 14 días encarcelado, Alberto fue liberado tras un recurso de amparo presentado por esta organización de diversidad sexual.

Este es uno de los casos de agresión contra personas LGBTI presentado por el Movilh al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, misión encargada de investigar violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile durante el estallido social. El dirigente del Movilh Alberto Roa confirmó a The Clinic que han recibido cinco denuncias por agresión a gente de la comunidad de diversidad sexual en el marco del Estado de Emergencia. En 2018, el Movilh registró un aumento de 44% en comparación al año anterior en denuncias y abusos basados en la orientación sexual o la identidad de género, acumulando un total de 698 casos, la cifra anual más alta conocida.

La Agrupación Rompiendo el Silencio que defiende el derecho de lesbianas y bisexuales informó que han recogido cinco denuncias contra mujeres lesbianas entre el 17 y 29 de octubre. Algunos de estos casos de violencia incluyen actos de humillación por la expresión de género de la víctima y una amenaza de violación correctiva con objeto que representa el falo.

“Si bien nosotros constatamos cinco casos de violencia, es súper importante señalar que muchas compañeras no denuncian porque tienen miedo a la discriminación, a la revictimización y miedo a que se releve la orientación sexual de manera pronta”, dice Nicole Rojas, a cargo del área de estudios de Rompiendo el Silencio.

Rojas cuenta que dado el estado de emergencia y el actuar de los agentes del Estado, en la organización habilitaron un número de denuncia a fin de poder contener a las mujeres afectadas, orientarlas y derivar sus casos a sus redes de defensa legal. Los cinco casos recogidos fueron derivados a la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), organización que presentará las querellas correspondientes próximamente.

AVANCES EN LEYES PRO LGBTI

La situación de ataques y agresiones físicas contra personas LGBTI no es coyuntural. Los últimos años se han dado a conocer casos emblemáticos como el de Nicole Saavedra, lesbiana de 23 años cuyo cuerpo fue encontrado en la comuna de Limache. Luego de tres años de investigación, el Ministerio Público informó que formalizará al único sospechoso por la violación y asesinato de la joven.

El caso que más conmovió a la opinión pública este año fue el de Carolina Torres, joven lesbiana que fue atacada mientras caminaba con su polola en Pudahuel. Carolina fue golpeada con un palo en su cabeza y recibió patadas en su espalda, lo que le provocó una fractura de cráneo y una hemorragia interna que la mantuvieron por varios días en estado de gravedad en el hospital.

El Informe Anual sobre DDHH de la Universidad Diego Portales que será presentado el próximo 18 de noviembre hace un recuento de los casos de violencia contra personas LGBTI y analiza los avances y deudas pendientes en derechos humanos de estas personas en Chile.

“Lo que nos interesa es constatar que continúan ocurriendo casos graves de violencia física contra personas LGBTI y que, de hecho, a raíz de las manifestaciones, esos actos de violencia se han reproducido con particular gravedad. Pese que se esté avanzando en la legislación y en políticas públicas, a nivel de práctica social, a nivel de calle, continúan los ataques y los acosos, y eso es lo que hay que enfrentar”, dice el autor del capítulo Tomás Vial, investigador asociado del Centro de DDHH UDP.

El profesor de derecho constitucional de la UDP y la U. Andrés Bello analizó los avances en materia legislativa para la diversidad sexual como la aprobación de la ley de identidad de género, el proyecto de matrimonio igualitario, el proyecto que modifica la ley de adopción, y las peticiones de modificación a la ley antidiscriminación.

La aprobación de la ley de identidad de género, la Ley 21.120, publicada el 10 de diciembre del año pasado, ha marcado un hito para la comunidad de diversidad sexual y de género. Si bien la ley fue celebrada por las comunidades LGBTI y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las personas transexuales lamentaron que la norma no abarcara a la población menor de 14 años.

“Eso debería estar cubierto. Desde el punto de vista de estándares de derechos humanos, la CIDH lo ha dicho en forma expresa, el derecho a la identidad es un derecho que tienen todas las personas, también los niños y niñas con un desarrollo progresivo. Sabemos que hay casos de suicidios de niños y niñas que sufren bullying o ataques por identidad distinta a la socialmente reconocida”, dice Vial.

Para Claudio Martínez, director del Centro de Estudios en Psicología Clínica y Psicoterapia UDP, autor de otro capítulo del informe, la ley de identidad de género se publicó “a medias” porque no cubre a población menor de 14 años y porque todavía no se ha definido el reglamento que regulará los programas de acompañamiento profesional para los mayores de 14 y menores de 18 años. De acuerdo a la ley, los adolescentes en este rango etario deberán comprobar que han recibido acompañamiento por al menos un año, previo a la solicitud de cambio de género.

“A pesar de que se promete y se promete no se ha publicado un reglamento de acompañamiento. Por lo tanto, todo lo que implica el acompañamiento psicológico no está definido o no hay financiamiento asociado a ello. Entonces, ¿qué va a hacer la gente que no tiene cómo pagar un sicólogo o asistentes sociales privados?”, dice Martínez.

En cuanto al proyecto de matrimonio igualitario y la reforma al sistema de adopción, Vial piensa que solo es una “cuestión de tiempo” para que se aprueben. Ambos proyectos tienen amplio consenso entre la población. La encuesta UC Bicentenario y GFK Adimark, publicada en enero de este año, señala que un 52% de los chilenos está de acuerdo con el matrimonio igualitario. La encuesta Cadem cuyos resultados se dieron a conocer en julio del 2018, reveló que el respaldo a la adopción de niños, niñas y adolescentes por parte de parejas homoparentales es del 52%.

El proyecto de ley de matrimonio igualitario ha estado sentado en el congreso desde que el gobierno de Michelle Bachelet lo introdujo en septiembre de 2017. El Estado chileno ya había firmado un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) con el Movilh ante el CIDH en 2016, donde se comprometía a impulsar el proyecto de ley de matrimonio igualitario.

El gobierno de Piñera ha insistido en cambiar el término de “impulsar” por “monitorear” y el Movilh ha denunciado que el gobierno ha roto los compromisos del ASA. El 5 de noviembre, la comisión de Constitución del Senado aprobó la idea de legislar el matrimonio igualitario. La idea de legislar deberá ser votada en sala del Senado, tras lo cual volverá a la Comisión de Constitución para continuar con su tramitación más específica.

LA LEY ZAMUDIO SE QUEDÓ CORTA

Para los cinco casos de agresión a los derechos humanos que recibió la organización de abogadas Abofem durante estas últimas semanas, las abogadas solicitarán las agravantes de la ley Zamudio (ley antidiscriminación), cuenta Constanza Torres, directora de la comisión LBTIQ de Abofem.

“Nosotras somos bien críticas de la ley Zamudio. Dentro de lo que se puede hacer es bien poco. Se tiene que fortalecer bastante, pero igualmente tratamos de solicitarla”, dice Torres y explica que lo que es muy difícil de probar es el motivo discriminatorio en la persona que comete el delito.

Los constantes hechos de violencia contra personas LGTBI han llevado a las organizaciones de la diversidad a solicitar repetidas veces la modificación la ley antidiscriminación. Luego del ataque contra la joven Carolina Torres, el vocero (s) de gobierno, Emardo Hantelmann, señaló un eventual perfeccionamiento de esa normativa, indicando que se iniciaría una consulta ciudadana sobre ello.

Efectivamente, la ley antidiscriminación tiene muchas falencias, opina Vial. “En la ley, el que denuncia tiene que probar que hubo una discriminación. Eso muchas veces no se puede porque no se tienen todos los antecedentes. Puede decir que lo trataron de forma injusta, pero ¿cómo sabe cómo trataron a los demás? Entonces lo que se ha sugerido es un modelo que hoy existe en la legislación laboral y es que cuando uno denuncia una discriminación, es el empleador que tiene que probar que no hubo discriminación. Cambia el peso del argumento. Este es un mecanismo que si se incorporara facilitaría las denuncias por discriminación”.

Lo otro que se ha discutido, agrega Vial, es que se cree un organismo que fiscalice y sancione, un órgano autónomo con competencias resolutivas y vinculantes sobre la aplicación de la ley. “Es como si en Chile hoy día tuviéramos una ley de defensa al consumidor, sin Sernac. No sirve para nada. Lo que necesitamos es un Sernac de antidiscriminación”.

TAREAS PENDIENTES EN SALUD MENTAL

El informe de DDHH UDP incluye también un capítulo sobre las disparidades y barreras de acceso a la salud mental en personas LGBTI escrito por los académicos Claudio Martínez, Alemka Tomicic, y Sebastián del Pino.

Los investigadores realizaron un estudio cualitativo donde entrevistaron a seis profesionales que trabajan actualmente en diferentes niveles del sistema de salud mental en Chile para identificar y describir estas barreras de acceso y disparidades en la atención de salud mental de pacientes LGBTI.

Lo primero que constataron los académicos es que hay un aumento de la demanda de atención de salud mental por parte de personas LGBTI. Esta es una constatación desde la experiencia y la práctica profesional de los entrevistados, sin tener datos rigurosos o un registro sistemático, dice el informe.

Lo segundo es que hay un problema de (in)visibilización de poblaciones LGBTI en salud pública. En ese sentido, todos los entrevistados de los diferentes niveles del sistema de salud pública hacen referencia a una falta de registros específicos, es decir, hay una inexistencia de un sistema de ficha único que permita acceder a una estadística centralizada y de valor epidemiológico sobre las características de los usuarios de la diversidad sexual y en general de todo tipo de usuarios.

“El registro, que ya tiene problemas de base, no identifica claramente características que son importantes como la identidad sexual, u orientación sexual. Este es un tema sensible de preguntar porque podría parecer amenazante, o la pregunta podría pecar de discriminadora. Por otro lado, hay un riesgo porque esa información que no está siendo recogida contribuye también a invisibilizar, va en contra de lo que quiere asegurar”, explica Alemka Tomicic, coautora del capítulo y directora de la escuela de psicología UDP.

Martínez, coautor del capítulo, opina que a pesar de la evidencia nacional e internacional que muestra que existe una mayor disparidad en salud mental de personas LGBTI a propósito de índices de suicidio, de consumo de drogas y alcohol, de depresión, etc., hay una falla del sistema de salud pública al invisibilizar las necesidades de estas personas y al no proponer acciones específicas para esta población de alto riesgo.

“Claramente donde más fallas hay es a nivel central, de los sistemas de salud. Si tú vas a las bases encuentras equipos de trabajo haciendo su mejor esfuerzo por tratar a las personas LGBTI, van a seminarios, se autocapacitan, empiezan a aprender, se preocupan. Pero tú preguntas un poco más arriba y hay mucha ignorancia e invisibilidad”, dice Martínez.

Tomicic, coincide: “Hay intereses individuales, pero ese interés no necesariamente está promovido a nivel central o de la política pública y por lo tanto queda más a discreción de los equipos y también a su realidad de contexto y demanda”. Por eso, la psicóloga opina que debería de haber una posición más activa a nivel ministerial y de los departamentos de salud mental en conducir posibilidades de capacitación y de desarrollar una atención en salud mental enfocada en estas poblaciones.

“Yo creo que también a nivel de ministerio se debiese plantear y exigir a las universidades, en la formación inicial del pregrado de profesionales que van a vincularse con personas en atención en salud, o incluso en educación, incorporar contenido que vaya en esta línea. Eso ayuda a que todos los profesionales tengan un nivel de competencia mínimo para atender este tipo de personas”, agrega Tomicic.

SIN EDUCACIÓN NO SE AVANZA

Con los hechos que se han vivido las últimas semanas, se hace cada vez más claro que la educación y capacitación no solo es necesaria en salud mental, sino también en las instituciones como Carabineros y Fuerzas Armadas, opina Vial.

“Yo preguntaría en Carabineros, ¿cuál es la formación que tienen en materia de no discriminación y respeto a la diversidad sexual? Claramente es una institución cuya cultura interna es discriminadora en materia de LGBTI. Yo creo, observando los hechos que hemos visto ahora y también los narrados en nuestros informes, que constatamos que hay una práctica de violencia contra personas LGBTI que tiene que ser enfrentada muy profundamente, partiendo por las instituciones uniformadas”, dice Vial.

Para Martínez, la violencia termina siendo un síntoma de una mala cultura con respecto a la sexualidad en general. Ciertamente los cambios culturales son lentos, pero a través de la educación se podrían catalizar estos cambios, agrega el académico.

“En el ámbito de educación hay muy poco con respecto al tema que tiene que ver con la sexualidad en general. Yo hace poco estuve en un congreso en México donde sociedades mundiales en temas de sexualidad general, no solo LGBTI, estaban de acuerdo con que la educación en sexualidad es preventiva de discriminación, de violencia, y de abuso”, dice el académico de psicología.

El tema de la sexualidad en Chile es algo muy desconocido y tabú que no se imparte en los colegios, y si se imparte es desde la biología y es mal manejado, opina Martínez. “En Chile y Latinoamérica, estamos más atrás, somos sociedades que todavía funcionan con una serie de mitos con respecto a la sexualidad en general. Hay elementos muy estructurales que es necesario cambiar. Hay que plantear elementos más amplios para entender la sexualidad. Que niños de jardines puedan hablar de sexualidad, algo que es impensable en Chile”.

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Nota publicada originalmente en El Mostrador el 11 de Noviembre 2019

Como cada año la Universidad Diego Portales (UDP) lanzará su informe sobre derechos humanos, el cual incluye un capítulo dedicado especialmente a los derechos de las mujeres, ahondando en la violencia en línea que se da contra ellas en internet.

El capítulo revisa los principales eventos relativos a los derechos humanos de las mujeres ocurridos entre julio de 2018 y junio de 2019, centrando la mirada en la violencia que se reproduce hacía ellas, expresada en distintos ámbitos, públicos, privados y digitales, poniendo a propósito del caso de Nido.org especial énfasis en este último espacio. Desarrollando de esta manera los principales estándares de derechos humanos sobre la violencia en línea o la cyberviolencia contra las mujeres.

“Decidimos focalizarnos en el caso de la violencia en línea porque es una manifestación de la violencia contra las mujeres que no ha sido abordada a profundidad en Chile desde estándares de derechos humanos”, expresó la autora del capítulo, Gloria Maira, añadiendo que la principal motivación fue el caso Nido que dejó en evidencia las pocas iniciativas que existen a la hora de legislar sobre esta temática.

Y agregó: “el caso también mostró muy claramente las falencias para abordar ese tipo de violencias contra las mujeres, tanto en la legislación como en las políticas públicas. Por eso hubo un enfocarse en lo que dice en línea, porque es un aspecto o una manifestación de las violencia contra las mujeres que no es distinta a el acoso, o a otras formas de agresiones que se dan en otros espacios, pero no es visibilizado el espacio digital como un espacio donde se producen una serie de violencias contra las mujeres”.

El apartado fue escrito por la cientista social, Gloria Maira, en conjunto con las estudiantes de derecho de la UDP Javiera Miranda Velásquez, Ayleen Valencia Cortes, Rocío Campos Otárola y Catalina Arancibia Torres. Transformándose así, en palabras de la creadora del capítulo, en otra forma de escuela y de formación de derechos humanos que no es el salón de clases.

En el texto la ciberviolencia es vista como parte de toda la violencia contra las mujeres, “no es una violencia distinta, forma parte del mismo continuo, afecta mujeres de distintas edades, de distintas diversidades, lesbianas, trans y también contra dirigentes sociales. El espacio digital, es un espacio privilegiado para ese tipo de agresiones que son anónimas, donde la legislación no ha logrado establecer acuerdos y responsabilidades con los intermediarios del mundo digital”, precisó Gloria Maira.

La Facultad de Derecho de la UDP ha abordado los derechos humanos en materia de violencia contra las mujeres desde el 2007, las cifras que presenta el documento este año no son muy alentadoras, a pesar del estallido de la ola feminista, la tasa de femicidios no ha bajado, se ha mantenido a lo largo de los años.

Maira cree que “la realidad de los derechos de las mujeres en el país en términos de avanzar en la erradicación del problema, los avances son escasos. Pienso que la legislación sigue siendo precaria, tanto desde el punto de vista penal, asuntos de prevención y asuntos educativos. Somos nosotras la propia diversidad de las mujeres las que a través de la movilización social hemos hecho evidente que este es un problema que nos afecta en los distintos espacios de la vida”.

La economista Gloria Maira, también piensa que si bien hay más denuncias, más visivilización, no necesariamente ha devenido en una legislación más solida para abordar el problema en todas sus manifestaciones.

El lanzamiento del informe completo se realizará el 18 de noviembre en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, ubicada en República 105.

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El Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho ha preparadado una serie de informes para el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Este es un trabajo que compila diversos estándares aplicables al contexto de violaciones de derechos humanos cometidos en el contexto de la protesta social en Chile.

Esperamos que este documento que ponemos a dispocisión de toda la comunidad pueda ser de utilidad para las organizaciones de defensa de los derechos humanos y los operadores de la justicia, a fin de investigar y sancionar a los responsables de los actos cometidos. Este constituye un trabajo colectivo de las investigadoras del Centro de Derechos Humanos, profesores y profesoras de la misma Facultad, abogad@s egresad@s de la misma casa de estudio con el apoyo de nuestros y nuestras estudiantes, y también una doctoranda de la Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg.

Los estándares se presentan en cuatro documentos, abarcando los temas tortura, malos tratos y responsabilidad jerárquica; violencia sexual; atención en salud y asuntos de prueba; y finalmente, estándares sobre debido proceso, incluido en el momento de la detención.

Descargue aquí los documentos:

Amicus tortura y responsabilidad jerárquica
Amicus derecho a la atención en salud
Amicus derecho al debido proceso y detenciones
Amicus tortura y violencia sexual

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*Columna escrita por Consuelo Navarro Pérez, (abogada de la Universidad Diego Portales, Magíster (c) Derecho Internacional de los Derechos Humanos, abogada Seremi Salud RM y profesora UDP) y Lorena Espinosa Olguín (abogada de la Universidad Diego Portales e investigadora del Centro de Estudios de Justicia de las Américas), publicada originalmente en The Clinic

Son muchas las voces que en las últimas semanas se han manifestado a favor de una nueva Constitución. Se trata de un debate que despierta el interés de toda la sociedad, y queremos aportar a esclarecer el debate desde un lenguaje claro y sencillo. 

En primer lugar, debemos tener claro que una Constitución Política es la norma fundamental de un Estado. Es la norma más importante de todas, y establece, entre otras cosas, cómo se organiza y distribuye el poder, cuáles son los derechos de las personas y cómo se crean las otras normas del sistema (leyes, decretos, reglamentos). En términos sencillos, podemos decir que la Constitución es la norma que nos establece “las reglas básicas del juego”.

A su vez, debemos conocer el concepto que se denomina como “poder constituyente”, el que alude al poder de definir estas reglas del juego. Es decir, refiere a quién puede o tiene la facultad de establecer la Constitución de un Estado. Desde una perspectiva democrática, dicho poder constituyente lo tiene el pueblo. Por ello se entiende que una Constitución es, y debe ser, el resultado de un consenso político alcanzado por toda la sociedad en un momento histórico determinado.

De aquí surge uno de los primeros argumentos sobre los cuales se pretende crear una nueva Constitución, y es que la actual no tiene legitimidad democrática, pues, al haber sido creada bajo la dictadura cívico-militar de Pinochet, no recogió los valores e idearios de nuestra sociedad.

La Constitución fue redactada por la Comisión Ortúzar (grupo de juristas de confianza de la Junta Militar), y en el año 80 fue “aprobada” en dictadura por un plebiscito que no cumplió con todas las condiciones que garantizan una votación verdaderamente democrática. No obstante ello, la Constitución fue formalmente aprobada y empezó a regirnos. Luego, ya en democracia, se sucedieron varias reformas que, para algunas personas, terminaron “legitimando” nuestra Carta Fundamental.

Sin embargo, aunque formalmente las actuales reglas del juego sean efectivamente aplicadas, esta Constitución no es, bajo ninguna perspectiva, la expresión de un consenso político social. Lo cierto es que el poder constituyente no fue ejercido por quien originariamente lo tiene: el pueblo. Y este poder constituyente, acallado durante la dictadura, es quien se ha expresado en las masivas manifestaciones de las últimas semanas, dejando más que claro que la Constitución no expresa un acuerdo social.

Lo que dicha Constitución consagró fue un sistema que no representa a la sociedad y que solo beneficia a un determinado sector de ella. Plasma un modelo neoliberal, un modo de gobernanza que implica una mínima intervención del Estado y que funciona bajo una lógica de mercado, en el cual el Estado es subsidiario y las reglas que rigen nuestra vida, son definidas por aquél.

Esto implica que el Estado sólo interviene para compensar las inequidades producidas por el mercado y no asegurando derechos sociales de manera directa. Esto quiere decir que el Estado no se posiciona como primer responsable de satisfacer estos derechos y, por su parte, que la persona no es titular efectiva de éstos, ya que no puede exigir al Estado su cumplimineto. Es decir, el ejercicio de nuestros derechos no se encuentra debidamente garantizado.

Proyección de este modelo es que el derecho a la propiedad se encuentre protegido de manera preferente, mientras que algunos derechos sociales no son reconocidos -como la vivienda o el agua-, y otros no se garantizan adecuadamente -como la educación, la salud y la seguridad social-. Lo anterior a pesar de las obligaciones internacionales que el Estado ha contraído en virtud de la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales en la materia.

Decimos que un derecho está realmente garantizado cuando es posible exigirle al Estado su cumplimiento. En nuestro país, eso se puede hacer ante los Tribunales de Justicia principalmente a través del “recurso de protección”, el cual se encuentra consagrado en nuestra Constitución. El problema es que dicho recurso está expresamente disponible para exigir el cumplimiento solo de algunos derechos, como el derecho a la vida o a la propiedad, y no para exigir derechos de contenido económico, social y cultural, como el derecho a la salud, a la educación o seguridad social. Esto significa que aunque en el papel tengamos esos derechos, en la práctica no tenemos cómo protegerlos.

El modelo consagrado en nuestra Constitución ha permitido en la práctica, y entre otras cosas, la privatización de nuestros recursos naturales. Por ejemplo, el no consagrar constitucionalmente el derecho al agua tiene implicancias concretas en nuestras vidas, ya que si bien este derecho es considerado de uso de todos y todas las chilenas, se otorga a los particulares el derecho a usar de ellas. Esto conlleva a que actualmente ésta se encuentre mayoritariamente en poder de empresas mineras, agroexportadoras y transnacionales, lo que a su vez significa escasez de este recurso en algunos sectores, e implica un alto costo de los servicios para las personas. Chile es el único país del mundo en que el agua es privada.

Por su parte, no se garantiza adecuadamente el derecho a la seguridad social, el cual se refiere al desempleo, invalidez, enfermedad, maternidad, y jubilación. Esto debido a que no se consagran los principios de solidaridad y financiamiento colectivo, principios que son de la esencia de este derecho. Esto ha permitido que se proteja de manera preferente la libertad y propiedad económica de las AFPS, ya que se permite un sistema privado administrado por sociedades anónimas con fines de lucro, lo que reporta millonarias ganancias para las empresas, en perjuicio de las bajas pensiones de las personas.

Respecto al derecho a la educación, si bien éste se encuentra consagrado en nuestra Constitución, no se permite su exigibilidad ante tribunales porque no lo protege el recurso de protección. Sólo se garantiza el derecho a la “libertad de enseñanza”, es decir, al derecho a elegir el establecimiento en el que estudiarán sus hijos e hijas, y el derecho de las y los privados para abrir establecimientos de enseñanza. Esto ha permitido la concepción de este derecho como un bien de consumo, lo que condiciona la calidad, y en la educación superior, el acceso, a los recursos económicos de cada familia.

El derecho a la salud, al igual que el derecho a la educación, se consagra en nuestra Constitución pero no es exigible directamente ante los Tribunales de Justicia. Lo que realmente se protege es la posibilidad de elegir entre un sistema privado (Isapre) y un sistema público (Fonasa). Es decir, no se garantiza el contenido del derecho. Esto ha incrementado la desigualdad social y la calidad de los servicios, no siendo esta elección realmente libre ya que se condiciona a los recursos económicos de las personas.

Otro tema fundamental es que nuestra Constitución no permite la participación plena de todos los grupos sociales, al no reconocer la diversidad de pueblos que conviven en el territorio chileno y no asegurar su adecuada representación. Por ello, es una exigencia básica de justicia contar con cláusulas constitucionales que reconozcan los derechos de pueblos originarios, y en la práctica fijar las reglas para el adecuado reconocimiento y protección de su identidad y cosmovisión.

Finalmente, es importante tener en cuenta que existen muchas otras razones por las cuales debemos cambiar la Constitución y que tienen efectos directos en nuestros derechos, como son los quórums para modificar o aprobar leyes, o las características del actual Tribunal Constitucional.

Creemos que la voz de la sociedad es clara y que es el momento de ejercer nuestro poder constituyente. Por ello creemos que es imprescindible una nueva Constitución para Chile. Una Constitución democrática que construya el andamiaje necesario para la realización de reformas que respondan a las exigencias de la sociedad y a una nueva configuración de las relaciones sociales y de poder, y que garanticen igualdad y los derechos sociales para todas y todos los chilenos.

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En la tarde de hoy, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales remitió una carta pública al Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, proporcionando el resumen de su análisis sobre uso de fuerza, patrones de violaciones y eventuales violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y las correspondientes obligaciones del Estado.

El Centro hará llegar la carta también a los organismos internacionales de derechos humanos.

El documento espera ser un insumo para la labor del Instituto, cuyos funcionarios y funcionarias han estado en terreno realizando observaciones en manifestaciones, comisarías y en hospitales.

Descargue la carta pública aquí.

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Miércoles, 06 Noviembre 2019 00:00

Derechos humanos

Carta publicada junto a Lidia Casas, originalmente en La Tercera el 05 de Noviembre 2019

SEÑOR DIRECTOR

Manifestamos nuestra preocupación por las opiniones que consideran innecesaria la visita de la Comisión Interamericana de DD.HH. en este momento.

La protección de los DD.HH. se logra aplicando estándares internacionales, tal como señala el mandato del Instituto Nacional de DD.HH., por lo que la colaboración con órganos internacionales es de suma importancia para la correcta interpretación de esos estándares.

Estos organismos también brindan apoyo necesario al INDH y otras instituciones (como organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales) para la protección de quienes defienden los DD.HH. en Chile. Estas personas no gozan de protección específica, lo que por sí solo es razón suficiente para invitar a la CIDH, que tiene amplia experiencia en ello. Por ejemplo, el personal del INDH ha trabajado en circunstancias adversas e incluso ha sido agredido.

Pero el apoyo de la CIDH no debe limitarse a observar, evaluar y recomendar cómo investigar, sancionar y prevenir las violaciones a derechos como la integridad, libertad de expresión, circulación y reunión y el derecho a la vida. Su mandato también le permite aclarar estándares internacionales en materia de derechos sociales que están en el corazón de las demandas populares, así como otros sobre la obligación del Estado de proteger los DD.HH. de posibles vulneraciones por parte de terceros (privados).

Todo ello es de máxima relevancia en la discusión que debemos tener para fortalecer nuestra democracia y justicia social.

Lidia Casas
Judith Schönsteiner

Centro de Derechos Humanos UDP

Publicado en Blog-Opinion
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