por Jorge Contesse
Publicada en El DÃnamo, 6 de febrero 2012
En una reciente columna, José Francisco GarcÃa formula crÃticas a la labor que lleva adelante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Según él, el INDH se comporta como un servicio público que solo atiende las demandas de determinados sectores, como si el Sernac solo diera protección a quienes militan en partidos oficialistas. La analogÃa es real y, auque parezca insólita, puede consultarla el lector en la columna original.
En ella GarcÃa hace un listado –incompleto, por cierto—de los temas que interesan al INDH y que se reflejan en el informe anual que ha dado a conocer en diciembre pasado (no menciona, por ejemplo, el estudio sobre la situación de las personas migrantes y adultas mayores, ni el acceso a la justicia de las mujeres, por nombrar solo dos temas). No es mi intención, ni mi papel, defender el informe ni el trabajo que hace el INDH aunque sà me parece importante participar en el debate que la opinión de GarcÃa abre.
En primer lugar, es un hecho positivo que el representante de un centro de estudios ligado a la derecha se preocupe de la situación de los derechos humanos. En general, a institutos de esta naturaleza les pasa por el costado lo que ocurre en estas materias por lo cual es digno de celebrar que se muestre esta renovada preocupación. En segundo lugar, y yendo al fondo del planteamiento, es injusto criticar la labor del INDH porque le da énfasis a unos derechos por sobre otros en su informe anual: al tener un consejo plural, se garantiza que no haya agendas particulares que se desplieguen, sino más bien acuerdos respecto de los temas que deben ser tratados. Si uno examina el informe, se aprecia que la preocupación del INDH efectivamente es variada.
AsÃ, resulta dudoso que los derechos de los pequeños emprendedores y las fórmulas para bajar la cesantÃa deban ser materia de un informe que debe llamar la atención por aquellas zonas donde el Estado falla en sus compromisos constitucionales e internacionales. De ello no se sigue que estos temas no tengan relevancia; la tienen, y mucha, pero ¿es el papel de un instituto nacional de derechos humanos entregar medidas para enfrentar estos problemas? Ciertamente, no. Los pequeños emprendedores tienen todo el derecho a que el Estado les dé protección frente a amenazas y afectaciones a su propiedad; pero en un contexto de recursos limitados, y con un sistema legal que hipertrofia el derecho de propiedad, es razonable que el INDH destine energÃa a denunciar los graves atropellos a la integridad fÃsica que decenas de manifestantes sufren a manos de fuerzas de orden. Debe recordar el columnista que durante 2011 ha habido denuncias de tortura de parte de Carabineros. Nada menos.
Respecto de la labor del INDH para promover medidas eficaces para bajar la cesantÃa, lo cierto es que el argumento no resiste mucho análisis. Menos aún si es posible anticipar que GarcÃa no estarÃa sugiriendo que existe un derecho humano al pleno empleo o algo por el estilo. El fortalecimiento de los sindicatos, antes que una cuestión de agendas partidistas, es una exigencia de derechos fundamentales que la propia OCDE –la nueva biblia para los cientistas sociales chilenos—ha advertido a Chile debe abordar.
En fin, como señalé al comienzo es muy saludable que intelectuales de todos los sectores se interesen por la labor de un organismo público de derechos humanos y la sometan a escrutinio. Lo importante, para avanzar en la protección de los derechos –que hoy aparece de manera inédita como un objetivo compartido—, es que este examen se haga de manera responsable y con apego a la realidad de lo que es la labor de una institución como esta.